La decisión del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, de proponer la venta de 19 áreas verdes municipales para financiar proyectos inconclusos de su administración ha generado una fuerte ola de críticas, denuncias legales y rechazo ciudadano. De acuerdo con diversas fuentes, los predios serían convertidos en espacios industriales, y con su venta se espera recaudar más de 54 millones de pesos, una cifra que, según las autoridades municipales, se utilizaría para concluir obras detenidas desde administraciones anteriores.
Sin embargo, esta propuesta ha sido vista por muchos como una acción irresponsable y potencialmente ilegal, ya que las áreas verdes forman parte del patrimonio ecológico y urbano de la ciudad. Legisladores, organizaciones civiles y urbanistas han advertido sobre el daño ambiental y social que puede representar esta operación, especialmente en un municipio con altos niveles de contaminación y poca disponibilidad de espacios públicos naturales.
A esta polémica se suma el hecho de que, según registros oficiales, los proyectos que ahora buscan financiamiento ya contaban con presupuesto asignado desde antes, lo que ha levantado sospechas sobre un posible manejo irregular de los recursos públicos.
Denuncian corrupción y abuso de funciones
La propuesta del alcalde Nava no solo ha provocado indignación pública, sino también acciones legales concretas. Hasta el momento, se han presentado dos denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. La primera fue promovida por un grupo de integrantes de Movimiento Ciudadano, encabezado por la diputada Marisol González, el regidor Abiel Nañez Badillo y el exregidor Patricio Zambrano.
La denuncia señala que el alcalde habría cometido hechos con apariencia de delito, como ejercicio ilícito del servicio público, al autorizar la desincorporación de terrenos sin cumplir los procedimientos legales; ejercicio abusivo de funciones, por disponer de bienes con uso específico; y peculado, al tratarse de una transferencia de bienes públicos para fines ajenos al interés general.
Además, se incluye una acusación de daño al patrimonio municipal, no solo en su valor económico, sino también en su función ambiental, pues estas áreas verdes ayudan a regular la temperatura, purificar el aire y mantener la biodiversidad. También se ha señalado que los avalúos fueron manipulados o simulados, ya que los incrementos en el valor de los terrenos apenas superaron el 2%, lo que podría constituir un delito patrimonial agravado.
Estuvimos en Fiscalía especializada anticorrupción presentando denuncia contra @JesusNavaNL por la venta de 19 terrenos municipales destinados a áreas verdes.
— Patricio Zambrano (@elpatozambrano) June 10, 2025
Y el mayor delito es que se vendieron a valor catastral.
En equipo con la diputada @MarisolGzzElias pic.twitter.com/wrpzEs6yai
Falta transparencia en el proceso de venta de las áreas verdes
La segunda denuncia fue presentada por el diputado panista Miguel García Lechuga, quien acusó directamente al alcalde de falta de claridad y rendición de cuentas en el proceso. García Lechuga aseguró que la venta de los terrenos se presentó al Cabildo municipal con documentos incompletos, sin especificar claramente los detalles técnicos o el impacto de la operación.
Auditoría detectó irregularidades millonarias
García Lechuga recordó además que la Auditoría Superior del Estado ya había señalado a la administración de Nava por el manejo cuestionable de más de 800 millones de pesos entre 2022 y 2023. Señaló que, aunque Santa Catarina recibe cerca de dos mil millones de pesos anuales, las obras públicas siguen inconclusas y no hay justificación clara para deshacerse de terrenos públicos.
“La realidad es que entra el dinero al municipio, pero se gasta en proyectos mal planeados o innecesarios. Y ahora, quieren vender el patrimonio común para cubrir los vacíos de una gestión fallida”, expresó el legislador, quien además señaló que durante su paso como regidor, varias propuestas de venta fueron aprobadas sin dar suficiente información al pleno del Cabildo.
Organizaciones critican impacto ambiental y social
La oposición a la venta de áreas verdes también ha venido desde la sociedad civil. La Sociedad de Urbanismo Región Monterrey (Surmac) y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM) presentaron un exhorto oficial ante la presidencia municipal para frenar esta medida y ofrecieron alternativas financieras sostenibles que no implican sacrificar espacios públicos.
Pricila Dávila, presidenta de Surmac, declaró que es falso que la venta de predios sea la única opción para financiar obras municipales, y recordó que en otros países, como España, los ayuntamientos cuentan con esquemas más eficientes, como alquileres, fideicomisos o alianzas público-privadas, que permiten generar ingresos sin perder patrimonio urbano.
Santa Catarina sufre crisis de áreas verdes
Por su parte, Selene Martínez, directora de OCCAMM, advirtió que en medio de una crisis ambiental en la zona metropolitana, eliminar pulmones verdes como los propuestos afectará de forma irreversible la salud pública de los habitantes. Explicó que Santa Catarina se encuentra entre los municipios con mayor índice de contaminación atmosférica, y que las áreas verdes juegan un rol esencial en la regulación de temperatura, absorción de contaminantes y preservación de biodiversidad urbana.
“No se trata solo de árboles, se trata de salud, de justicia ambiental y de respeto al derecho colectivo de vivir en una ciudad habitable”, subrayó. Martínez también pidió al Gobierno del Estado que revise el caso e impida que decisiones de corto plazo terminen por agravar los problemas estructurales del municipio.
Propuesta desata debate sobre futuro urbano
El intento del alcalde Nava por deshacerse de estas áreas verdes ha provocado un amplio debate sobre la visión de ciudad que se está promoviendo en Santa Catarina. Para muchos, este tipo de medidas refleja una política de improvisación, que no prioriza ni el bienestar de los ciudadanos ni la sustentabilidad a largo plazo.
Especialistas en urbanismo han coincidido en que una ciudad que pierde sus espacios públicos pierde también su capacidad de resistir al cambio climático, de generar comunidad y de garantizar calidad de vida. La discusión ha servido también para visibilizar la necesidad de legislar con mayor firmeza la protección de áreas verdes, y evitar que su destino quede a discreción de gobiernos municipales.
En las próximas semanas se espera que las denuncias interpuestas sean analizadas por la Fiscalía Anticorrupción, mientras diversos colectivos anuncian acciones legales y protestas públicas para frenar lo que consideran un acto de saqueo institucionalizado.
