La titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León y ex candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de San Nicolás, Alejandra Morales, ha sido vinculada a proceso por violencia política en razón de género. La denuncia fue presentada por Lilia Olivares, diputada local del PAN, quien acusó a Morales de haber realizado declaraciones despectivas y discriminatorias durante su paso como regidora en San Nicolás.
El juez de control determinó que existen suficientes indicios para proceder con el caso. Como parte de las medidas cautelares, Morales deberá presentarse mensualmente a firmar y tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima. Además, se ha fijado un plazo de un mes para cerrar la investigación, después del cual se continuará con las siguientes etapas del juicio.
¿Qué Originó la Denuncia?
El conflicto entre Alejandra Morales y Lilia Olivares comenzó durante la administración pasada, cuando Morales, desde su posición como regidora, hizo declaraciones que Olivares consideró ofensivas. Morales señaló públicamente que la entonces diputada local era “manejada” por líderes panistas de San Nicolás, lo que derivó en la denuncia por violencia política de género.
De acuerdo con especialistas, estas declaraciones pudieron haber atentado contra la dignidad de Olivares, lo que justifica que se lleve el caso a los tribunales. Este tipo de acusaciones han tomado relevancia en México, donde se busca erradicar la violencia política como una forma de discriminación hacia las mujeres en espacios públicos y de poder.
Movimiento Ciudadano Denuncia Persecución Política
Tras la vinculación a proceso, Movimiento Ciudadano emitió un comunicado en el que acusa una persecución política contra Alejandra Morales. En el mensaje, MC argumenta que las acusaciones carecen de sustento real y califican las medidas cautelares como arbitrarias e innecesarias.
“Este acto de persecución política se basa en acusaciones sin sustento real, utilizando un criterio exagerado que vulnera su derecho a la libre expresión. Alejandra Morales es víctima de un ataque político directo, diseñado para inhabilitarla en las elecciones de 2027, donde representa una amenaza para el sistema de privilegios del PRIAN”, señaló el partido en su declaración pública.
Por su parte, Alejandra Morales no ha ofrecido declaraciones personales sobre el caso, limitándose a compartir el comunicado de MC en sus redes sociales.
La Ciudadanía Exige Priorizar las Crisis del Estado
A pesar de las declaraciones de Movimiento Ciudadano, la vinculación de Morales ha generado críticas por parte de la ciudadanía, quienes consideran que los esfuerzos del partido deberían enfocarse en atender las crisis actuales del estado. Nuevo León enfrenta retos importantes en temas de seguridad, transporte público e infraestructura, problemáticas que, según los habitantes, requieren más atención que los conflictos legales de figuras públicas.
La percepción generalizada es que la clase política debería priorizar las necesidades urgentes del estado antes que invertir recursos en defender a sus integrantes en escándalos legales. Este caso no solo pone en la mira a Alejandra Morales, sino también al papel de Movimiento Ciudadano en la gestión de estos conflictos.
¿Qué Sigue en el Caso?
El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación. Durante este tiempo, la Fiscalía continuará recabando pruebas que respalden las acusaciones contra Alejandra Morales. Posteriormente, se determinará si el caso avanza a juicio oral o si se dictamina una resolución diferente.
Este proceso se convierte en un nuevo capítulo en el historial político de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, donde sus figuras han estado en el centro de varias polémicas. En este contexto, la ciudadanía observa con atención cómo se desarrollará el caso y si las autoridades judiciales actuarán con imparcialidad y apego a la ley.
El caso de Alejandra Morales refleja la creciente atención que reciben los casos de violencia política de género en México. Aunque MC ha intentado posicionar este caso como una persecución política, el enfoque debería mantenerse en garantizar justicia para todas las partes involucradas. Al mismo tiempo, es indispensable que los recursos políticos y gubernamentales se orienten a atender las crisis que afectan directamente a los ciudadanos de Nuevo León.
Este caso es un recordatorio de que la política no solo se trata de obtener poder, sino también de asumir responsabilidades y actuar con ética en beneficio de la sociedad.
