La protesta que desató la persecución
En Nuevo León, manifestarse contra el tarifazo en el transporte público ya no solo implica alzar la voz: puede costarte la libertad. Luis Castillo, activista del colectivo La Voz de los Usuarios, fue detenido por elementos de Fuerza Civil durante una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno. Su “delito”: denunciar el alza a las tarifas del transporte urbano y exigir un servicio digno para la ciudadanía.
La manifestación tuvo lugar el pasado sábado 19 de abril, cuando integrantes del colectivo organizaron una protesta en el centro de Monterrey. Según testigos, la movilización comenzó de forma pacífica, pero terminó en un zafarrancho con elementos de seguridad estatal, quienes detuvieron a Castillo sin brindar mayor información a sus familiares durante las primeras 48 horas posteriores al arresto.
Desde entonces, su caso se ha convertido en un símbolo de represión política en el estado, y ha generado un fuerte debate sobre el uso de las instituciones de justicia para silenciar la disidencia ciudadana.
Detenido por exigir transporte digno
Luis Castillo fue vinculado a proceso por varios delitos, incluyendo desorden público, daño en propiedad ajena agravado y delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico, en una medida que muchos califican como excesiva y punitiva, sobre todo considerando que la protesta surgió de una exigencia social legítima.
La presión no terminó con su detención. Kelly Torres, esposa del activista, denunció públicamente que ahora ella también está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en lo que describió como una clara campaña de intimidación por parte del Gobierno estatal. El citatorio llegó a su domicilio el viernes siguiente, justo cuando los miembros del colectivo realizaban otra manifestación cerca de Ciudad Universitaria.
Un gobierno que castiga la protesta
En palabras de Kelly Torres:
“Mi voz tiembla de miedo e indignación. Ahora, mientras Luis se encuentra arraigado en nuestra propia casa con un brazalete en el tobillo como si fuera un peligro criminal, el Gobierno sigue su despiadada campaña de intimidación en contra de nuestra familia”.
Estas declaraciones fueron realizadas en un pronunciamiento en la Plaza Venustiano Carranza, donde también participaron otros integrantes del colectivo La Voz de los Usuarios. El grupo acusó al Gobierno de Samuel García de implementar una estrategia sistemática para silenciar las críticas y criminalizar la organización ciudadana que se ha venido gestando en torno al malestar por el sistema de transporte público.
Los reclamos del colectivo han sido constantes: la tarifa sigue subiendo, mientras que el servicio se mantiene deficiente, inseguro y sin mejoras visibles. Camiones en mal estado, tiempos de espera excesivos y rutas mal planeadas son parte de las denuncias más comunes, agravadas por la falta de transparencia en las decisiones de la Agencia Estatal de Transporte.
La Voz de los Usuarios exige freno a la represión
El colectivo, conformado por estudiantes, trabajadores y madres de familia, ha insistido en que la represión no frenará su movimiento. Además, lanzaron un llamado urgente al Gobierno federal para intervenir ante lo que consideran una persecución política orquestada desde el Ejecutivo estatal, encabezado por Samuel García.
“Reprimirnos no resolverá el problema del transporte. Queremos soluciones, no amenazas ni arrestos”,señalaron durante su última aparición pública.
En ese contexto, Jesús Elizondo, diputado local de Morena, visitó a Luis Castillo y pidió que se revise su caso, argumentando que manifestarse es un derecho constitucional, y que no puede considerarse un crimen exigir condiciones de vida más dignas.
“¿Por qué solo detienen a los manifestantes de este colectivo cuando hay otras marchas incluso más intensas donde no se detiene a nadie?”, cuestionó el legislador.
Represión como respuesta al tarifazo
El caso de Luis Castillo y Kelly Torres ha encendido las alertas sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública y el aparato judicial para castigar la protesta social. Mientras tanto, el gobierno de Samuel García ha evitado pronunciarse directamente sobre el caso, limitándose a justificar las acciones de Fuerza Civil y de la Fiscalía bajo el argumento de mantener el “orden público”.
Sin embargo, el fondo del conflicto sigue sin resolverse: los aumentos a las tarifas del transporte público han sido aplicados de manera gradual, sin consultar adecuadamente a la ciudadanía y sin presentar mejoras significativas en el sistema.
La opacidad con la que se manejan estos incrementos, sumada a la criminalización de quienes se organizan para protestar, deja en evidencia una falta de voluntad política para dialogar y atender las verdaderas necesidades de la población.
El transporte en crisis: causas del malestar
La inconformidad por el tarifazo no surge de un vacío. Nuevo León enfrenta una crisis estructural en movilidad que ha sido arrastrada por años. El crecimiento urbano desordenado, la falta de inversión en transporte masivo y la corrupción en la asignación de rutas y concesiones han generado un escenario insostenible.
A pesar de las promesas del gobernador de mejorar el sistema con nuevas líneas del metro y unidades modernas, la realidad en las calles es otra: camiones obsoletos, largas filas y fallas en las máquinas expendedoras de tarjetassiguen siendo el pan de cada día para miles de personas trabajadoras.
Este contexto explica por qué la protesta ha crecido y por qué la ciudadanía ya no está dispuesta a aceptar aumentos sin resultados tangibles.
Derechos humanos en riesgo
Diversas organizaciones civiles han comenzado a documentar el caso como una posible violación a los derechos humanos, especialmente por el uso del sistema judicial para intimidar a familiares y cercanos a los manifestantes.
La represión política en Nuevo León no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante en la que se deslegitima cualquier forma de oposición o crítica, incluso cuando proviene de sectores vulnerables o ciudadanos organizados.
Al respecto, expertos en derecho constitucional advierten que la protesta social está protegida por tratados internacionales, y que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio libre de este derecho, sin represalias ni persecuciones.
¿Quién gana con el silencio?
El caso de Luis y Kelly ha mostrado que alzar la voz tiene consecuencias graves en Nuevo León, y deja una pregunta inquietante: ¿quién se beneficia cuando se callan las protestas?
Mientras el gobierno insiste en “modernizar” el sistema de transporte con alianzas y promesas de inversión, la realidad en las calles sigue mostrando abandono y frustración, mientras quienes exigen soluciones enfrentan acusaciones penales desproporcionadas.
La exigencia es clara: se debe frenar la represión y abrir espacios reales de diálogo con la ciudadanía. El gobierno de Samuel García debe asumir su responsabilidad, no solo en la mejora del transporte público, sino en garantizar el respeto a las libertades fundamentales de quienes viven en el estado.
