En Rayones, Nuevo León, el crimen organizado ha llegado a niveles tan graves que ni el propio alcalde puede vivir en el municipio. Rolando Montoya, presidente municipal, confirmó en entrevista que hace tres semanas dejó de habitar en Rayones debido al acoso criminal. Desde entonces, reside en otro lugar, cuyo nombre prefirió no revelar por razones de seguridad.
El propio alcalde panista relató cómo su vivienda fue destruida y cómo ha tenido que cerrar varios negocios personales, entre ellos el hotel Las Margaritas, un restaurante y una tienda de abarrotes, todos ubicados en la cabecera municipal.
“Me destruyeron donde vivía hace aproximadamente tres semanas”, declaró. Sobre los responsables, afirmó: “Presumiblemente fue un cártel del crimen organizado”.
A pesar de no vivir ahí, Montoya aseguró que cada mañana regresa a Rayones para trabajar, aunque se retira por la tarde. El testimonio deja claro que el funcionario sigue intentando cumplir sus funciones, pero lo hace en un contexto donde la autoridad estatal ha brillado por su ausencia.
Rayones en manos del crimen organizado
El municipio, ubicado a 122 kilómetros de Monterrey, fue escenario reciente de una balacera de alto calibre que mantuvo aterrorizada a la población. Durante horas, grupos rivales del crimen organizado —según fuentes, el Cártel del Noreste (CDN) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— se enfrentaron en plena comunidad con fusiles AK-47, AR-15 y hasta rifles Barrett calibre .50. Se recolectaron más de 2,200 casquillos, evidencia del nivel de violencia y poder de fuego de los involucrados.
Lo más alarmante es que las corporaciones policiacas estatales y federales llegaron al lugar hasta 12 horas despuésde los hechos. Para entonces, lo único que encontraron fueron seis camionetas baleadas, tres de ellas incendiadas, y rastros de cinco muertos, cuyos cuerpos ya habían sido levantados por los mismos criminales.
En Rayones, los habitantes denuncian que el crimen organizado ha “secuestrado” el municipio desde septiembre del año pasado, sin que las autoridades estatales hayan implementado una estrategia efectiva para frenar la violencia. En ese contexto, la Policía Municipal prácticamente ha desaparecido y es el Estado quien anunció recientemente que tomará control de la vigilancia.
La omisión del Estado ante la crisis
El gobierno estatal ha tardado en actuar. Las fuerzas de seguridad, como Fuerza Civil y la Guardia Nacional, no acudieron de inmediato al llamado de auxilio tras la balacera. Su llegada tardía, más de medio día después de los hechos, refleja una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los municipios rurales.
Las consecuencias son devastadoras. Rayones ha quedado desprotegido, sus autoridades locales vulnerables y sus habitantes, atemorizados. En lugar de respuestas rápidas y acciones contundentes, lo único que se ha recibido es silencio institucional y acuerdos de escritorio que llegan demasiado tarde.
Esta omisión sistemática genera una pregunta clave: ¿por qué el Estado tarda tanto en responder cuando un municipio entero se encuentra bajo asedio?
Economía local paralizada por la inseguridad
Además del impacto social, la violencia ha trastocado la economía local. El cierre de negocios —como los del propio alcalde— es una muestra del daño que ha causado el crimen organizado a la actividad comercial. En un municipio donde el turismo es una de las pocas fuentes de ingreso, los enfrentamientos armados y la falta de seguridad han provocado una fuga de visitantes y una caída en los ingresos.
El alcalde reconoció que “sí ha afectado al turismo bastante esta situación”, aunque también expresó que la presidencia municipal sigue trabajando de manera normal. Esta contradicción muestra el esfuerzo por mantener cierta continuidad institucional, pero también pone en evidencia que la violencia ha roto por completo la cotidianidad en Rayones.
El abandono de la Policía Municipal, la toma del control estatal (tardía) y la destrucción de negocios son pruebas de que, más allá del discurso, no hay una estrategia integral de seguridad para proteger a los municipios pequeños de Nuevo León.
Un mensaje preocupante para todo Nuevo León
Lo ocurrido en Rayones no es un caso aislado. Es una advertencia para el resto del estado. La violencia que obliga a un alcalde a huir de su propio municipio, mientras el gobierno estatal llega 12 horas tarde a una balacera, debería encender las alarmas en todos los niveles de gobierno.
No estamos hablando de una comunidad perdida en el mapa. Estamos hablando de un municipio formalmente constituido, con habitantes, negocios, economía y cultura. Y sin embargo, hoy opera sin policía local, sin garantías mínimas de seguridad y con su principal autoridad desplazada.
El silencio del gobierno estatal ante estos hechos no solo es preocupante: es inadmisible.
La confianza ciudadana se derrumba
Mientras tanto, la confianza en las instituciones se debilita. Los habitantes de Rayones ven cómo las estructuras del gobierno se desmoronan ante la impunidad del crimen. Y lo más grave es que no hay certeza de cuándo o si las cosas mejorarán.
La afirmación del alcalde de que “esto se va a arreglar” suena más a una expresión de deseo que a una promesa basada en hechos. Porque hasta ahora, el gobierno estatal no ha explicado por qué llegó tan tarde, ni qué acciones tomará para evitar que esto vuelva a suceder.
¿Y el plan de seguridad estatal?
La situación obliga a cuestionar la efectividad de la estrategia estatal de seguridad. Si Rayones lleva meses “secuestrado” por grupos criminales, si la policía local dejó de operar, si las balaceras duran horas sin que nadie llegue, ¿dónde está el supuesto plan integral del gobierno estatal?
El caso de Rayones deja al descubierto una política reactiva, no preventiva, una administración que parece actuar solo cuando los casos se vuelven mediáticos, no cuando la gente sufre en silencio. La falta de coordinación, presencia y respuesta efectiva se traduce en vidas perdidas, comunidades desplazadas y miedo generalizado.
Rayones No Está Solo, Pero Sí Desprotegido
Rayones se ha convertido en el ejemplo más doloroso del abandono institucional en Nuevo León. La violencia ha ganado terreno, no solo por la fuerza del crimen, sino por la falta de voluntad y acción del gobierno estatal. Que un alcalde tenga que dejar su casa, que los cuerpos de las víctimas sean levantados por criminales y que la policía estatal llegue medio día después de una balacera, debería ser más que suficiente para exigir rendición de cuentas.
El municipio no necesita promesas, necesita presencia, estrategia y voluntad política. Porque si el Estado no es capaz de proteger a sus propios alcaldes, mucho menos lo será para proteger a los ciudadanos comunes.
