Durante los últimos años, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha intentado proyectar una imagen de orden, progreso y seguridad. Sin embargo, los hechos recientes ocurridos en el municipio de Allende exponen una realidad muy distinta. Un operativo encabezado por fuerzas federales —sin participación visible del gobierno estatal— logró incautar 1.2 millones de litros de combustible robado, en uno de los decomisos más grandes registrados en el estado. Este suceso abre la puerta a múltiples preguntas: ¿Dónde estaba el gobierno de Samuel? ¿Quién está verdaderamente cuidando a Nuevo León?
El golpe federal al huachicoleo en Allende
El pasado martes, fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fuerza Civil y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un cateo a un predio ubicado en la colonia El Maguey, en Allende, donde descubrieron una gigantesca operación de huachicoleo.
En el lugar se encontraban almacenados 1.2 millones de litros de combustible robado, cifra que representa casi la mitad de todo lo decomisado en el estado durante el 2024. El predio estaba equipado con pipas, tractocamiones, bombas despachadoras, tanques y contenedores móviles, lo que confirma que se trataba de una operación de gran escala que requería logística, recursos y complicidad.
La operación fue resultado de una orden de cateo obtenida por la federación tras labores de inteligencia. Sin embargo, a pesar de la magnitud del hallazgo, no se reportaron detenidos por el huachicoleo.
Un operativo federal contra el huachicoleo
Lo que más llama la atención es la ausencia del gobierno estatal en un operativo de tal magnitud contra el huachicoleo. El decomiso fue llevado a cabo enteramente por autoridades federales, lo cual deja claro que el gobierno de Samuel García no detectó —o no quiso detectar— una red de robo de combustible que operaba a plena luz del día en un municipio clave del estado.
El predio asegurado se encuentra a escasos metros de la Carretera Cadereyta-Allende, una vía altamente transitada por traileres y empresas de transporte de carga. ¿Cómo es posible que una operación de esta escala pasara desapercibida para las autoridades estatales?
Esto no solo evidencia una falla de inteligencia estatal, sino que también pone en duda la narrativa oficial del gobierno de Samuel García, que con frecuencia afirma tener el control del estado en materia de seguridad y legalidad.
🚨Mientras el gobernador de Nuevo León presume “seguridad”, fue la federación la que incautó 1.2 millones de litros de combustible robado en Allende. ¿Cómo operaban así de cerca sin que nadie del Estado lo viera? 🤔
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) June 19, 2025
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Samuel presume, la federación actúa
En múltiples ocasiones, el gobernador ha hecho uso de sus redes sociales para presumir avances en seguridad, desplegar fotografías con elementos de Fuerza Civil y hablar de supuestos logros en combate al crimen. Pero mientras Samuel García habla de resultados, la realidad lo contradice.
Fue el propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, quien reconoció el resultado del operativo e informó que forma parte de una estrategia nacional para combatir el robo de combustible robado. El mensaje fue claro: la federación está haciendo el trabajo que el estado no está cumpliendo contra el huachicoleo.
¿Dónde quedó la vigilancia en Allende?
El hallazgo en Allende no es menor. No se trata de un camión robado, ni de un pequeño negocio clandestino. Hablamos de una infraestructura ilegal operando con total libertad, en un punto clave del estado, lo que levanta sospechas sobre la falta de vigilancia estatal.
Es evidente que para que una red de huachicol opere de forma prolongada se requiere más que capacidad logística. También requiere omisión, encubrimiento o complicidad de autoridades locales. No se puede hablar de una simple omisión cuando se trata de una operación que involucra 1.2 millones de litros de diésel, tractocamiones, bombas y redes de distribución.
La pregunta que flota es incómoda pero necesaria: ¿Qué tan enterado estaba el gobierno estatal de lo que ocurría en Allende?
Allende: ejemplo del vacío estatal
El municipio de Allende no es un rincón olvidado. Se trata de una zona estratégica, con gran flujo de transporte pesado y cercanía a zonas industriales. Las empresas que operan ahí conviven con la cotidianidad del tráfico de hidrocarburos. Por ello, el hallazgo de este centro de huachicoleo no solo resulta escandaloso, sino también preocupante, más con una cantidad tan grande como 1.2 millones de litros.
La ciudadanía tiene derecho a cuestionar si este es un caso aislado o solo la punta del iceberg. ¿Cuántas operaciones similares existen en otros municipios de Nuevo León? ¿Cuántos litros más de combustible han pasado sin ser detectados por el aparato estatal? ¿Por qué el gobierno de Samuel no ha emitido un pronunciamiento fuerte sobre este golpe?
Sin responsables, sin consecuencias
Uno de los puntos más alarmantes del operativo es que, pese a su magnitud, no se reportaron detenidos. ¿Cómo es posible que una operación tan grande no haya tenido a nadie vigilando o trabajando en el momento del cateo? ¿Fue avisada? ¿Se permitió el escape de los responsables?
Este patrón —grandes hallazgos sin detenidos— se ha repetido con frecuencia en los operativos realizados en Nuevo León, lo que refuerza la percepción de que el combate al crimen en el estado es, cuando mucho, una simulación.
El silencio del gobierno estatal ante este caso ha sido ensordecedor. Mientras tanto, la federación sigue marcando la agenda y ejecutando las acciones relevantes. ¿Acaso Samuel solo gobierna en redes sociales?
Seguridad de Papel
El discurso de Samuel García ha insistido en que su administración está transformando Nuevo León con tecnología, inteligencia artificial, drones y vigilancia aérea. Sin embargo, hechos como este demuestran que la seguridad en el estado es más discurso que realidad.
La presencia de redes de huachicoleo operando a metros de vías principales, sin que las autoridades estatales intervengan, es un golpe directo a la credibilidad del gobierno de Movimiento Ciudadano. La narrativa de “estado moderno y vigilado” se desmorona ante la evidencia.
La Federación Llena el Vacío
Es importante señalar que sin la intervención de la federación, este centro de almacenamiento y distribución de combustible ilegal habría seguido operando impunemente. No fue Fuerza Civil, no fue el C5, no fueron los drones… fue la coordinación federal la que logró frenar esta actividad, decomisando los 1.2 millones de litros.
Esto no solo pone en entredicho la capacidad de reacción del gobierno estatal, sino también el compromiso real que tiene con el combate a los delitos de alto impacto. El huachicol no solo es un delito económico: también representa un riesgo ambiental, una amenaza a la seguridad pública y un síntoma de impunidad estructural.
¿Y la Rendición de Cuentas de Samuel?
Hasta el momento de esta redacción, Samuel García no ha ofrecido una explicación pública sobre el caso. Ningún funcionario estatal ha dado la cara para responder por la falta de intervención del gobierno del estado. Todo el mérito de la decomisación de 1.2 millones de combustible robado se lo ha llevado la federación, y el silencio del gobernador resulta aún más preocupante.
Una administración que presume orden y resultados no puede simplemente ignorar un golpe de esta magnitud. El caso del huachicol en Allende no solo es un asunto de seguridad, sino también un fracaso institucional del estado de Nuevo León.
Seguridad sin estrategia estatal
El hallazgo de 1.2 millones de litros de combustible robado en Allende es más que una cifra escandalosa. Es una señal clara de que el gobierno estatal está siendo rebasado por el crimen organizado. Es la prueba de que la estrategia de seguridad de Samuel García no está funcionando.
Mientras el gobernador continúa construyendo su imagen en redes sociales, la federación tiene que venir a hacer el trabajo que él no hace. Nuevo León merece más que un discurso bonito: necesita resultados reales, vigilancia efectiva y un gobierno que no cierre los ojos ante los delitos que ocurren frente a su puerta.
