El problema del huachicoleo en Nuevo León volvió a quedar en evidencia tras dos operativos realizados por autoridades federales, quienes descubrieron una toma clandestina en el municipio de Escobedo y decomisaron más de 112 mil litros de combustible ilegal en Santa Catarina. Ambos hechos fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), ya que se presume que podrían estar vinculados con redes de crimen organizado.
Estas acciones se suman a una creciente lista de casos que muestran cómo el llamado “huachicol” ha logrado establecer presencia en diversos puntos del estado. Mientras tanto, el gobierno encabezado por Samuel García ha evitado pronunciarse directamente sobre estos hechos, lo que ha generado críticas por parte de legisladores, analistas y ciudadanía, quienes reclaman la ausencia de una estrategia clara para combatir este delito de alto impacto.
En medio de esta crisis, la reacción del gobierno estatal ha sido prácticamente nula, y la atención se ha centrado más en actividades de imagen pública que en operativos de seguridad sostenidos. La falta de coordinación con instancias federales y locales en materia de prevención ha alimentado la percepción de una falla estructural en la estrategia de seguridad de Nuevo León.
Operativo en Escobedo: toma clandestina
El primer hallazgo ocurrió en el municipio de Escobedo, en un inmueble ubicado sobre el kilómetro 2 de la carretera a Monclova, cerca de su cruce con la vía hacia Colombia. Ahí, elementos de la Policía Federal Ministerial —adscritos a la FGR— realizaron un cateo tras obtener indicios de actividades ilegales relacionadas con el trasvase de hidrocarburos.
En el sitio fueron aseguradas 18 cajas de tráiler, tres remolques, dos plataformas, cuatro tractocamiones, además de 393 partes de vehículos y carrocerías, y una manguera de alta presión de 28 metros, utilizada presuntamente para la extracción ilegal del combustible. La infraestructura sugiere una operación sofisticada, con capacidad para mover grandes volúmenes sin ser detectada durante semanas o incluso meses.
Este hallazgo demuestra que las redes dedicadas al huachicol no operan únicamente en zonas rurales, sino que han comenzado a establecerse dentro del área metropolitana de Monterrey, lo cual representa una nueva amenaza a la seguridad urbana y a la integridad del sistema energético estatal.
Santa Catarina: 112 mil litros de huachicoleo en Nuevo León
El segundo caso relevante ocurrió en el municipio de Santa Catarina, donde la Guardia Nacional, como parte de sus acciones de patrullaje y verificación, interceptó dos tractocamiones doblemente articulados que transportaban 112 mil litros de combustible sin documentación legal.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Monterrey–Saltillo, una de las principales rutas de transporte de carga en la región. En la primera detención, los agentes identificaron un tractocamión que llevaba aproximadamente 67 mil litros de un líquido con características similares a la gasolina. Posteriormente, se detectó otro vehículo que trasladaba alrededor de 45 mil litros de diésel.
Ambos conductores no pudieron acreditar la procedencia legal del combustible, por lo que se procedió al aseguramiento del material y de los vehículos, que fueron puestos a disposición de la delegación de la FGR con sede en Escobedo. Según las autoridades, este decomiso representa uno de los más importantes en lo que va del año en la entidad.
En seguimiento a las acciones para inhibir el robo de combustible en el país, elementos del Gabinete de Seguridad @SSPCMexico @Defensamx1,@SEMAR_mx @FGRMexico @FiscaliaNL y @FuerzaCivil_NL cumplimentaron una orden de cateo en el municipio de Allende, Nuevo León, donde aseguraron… pic.twitter.com/bxKHfCP8ho
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 19, 2025
Críticas a la estrategia sobre huachicoleo en Nuevo León
A pesar de la magnitud de los hallazgos, el gobierno de Samuel García no ha emitido ningún posicionamiento público al respecto, ni se ha informado de alguna estrategia adicional para contener este tipo de delitos. La falta de respuesta oficial ha avivado las críticas de distintos sectores, quienes consideran que la administración estatal ha optado por un discurso optimista, dejando de lado la realidad de la creciente inseguridad.
Analistas en temas de seguridad apuntan que estos operativos evidencian que Nuevo León se ha convertido en territorio fértil para el huachicol, y que sin acciones preventivas, el delito continuará extendiéndose. “Se actúa solo cuando se detecta algo evidente, pero no hay una política sostenida para disuadir o investigar las redes que están detrás”, expresó un especialista en criminología consultado para este medio.
Municipios como Santa Catarina, Escobedo y García han sido señalados anteriormente por presentar condiciones logísticas favorables para el transporte y almacenamiento ilegal de combustible, debido a su cercanía con rutas de carga y corredores industriales. Sin embargo, no existen programas permanentes de inspección ni mecanismos de alerta temprana promovidos por el gobierno estatal.
Federación toma el control
Otro aspecto que ha generado preocupación es que, en ambos casos, las acciones fueron ejecutadas por autoridades federales. Esto plantea la pregunta sobre qué tanto participa el estado de Nuevo León en los operativos de combate al huachicol, y si existe alguna coordinación real con la federación.
Hasta ahora, no se ha informado de operativos encabezados por fuerzas estatales en torno al robo de hidrocarburos. Ni la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ni la Fiscalía estatal, han presentado planes o diagnósticos para combatir el problema de forma integral. Todo ha quedado en manos de la FGR y la Guardia Nacional, lo que podría estar generando un vacío operativo a nivel local.
Además, organizaciones ciudadanas han comenzado a exigir mayor transparencia sobre lo que ocurre con los decomisos, sobre todo en términos de rendición de cuentas, destino del combustible incautado y detenciones de presuntos responsables. “No basta con asegurar pipas y mangueras; es momento de desmantelar a quienes organizan estas operaciones”, señalaron integrantes de un colectivo que ha denunciado actividades ilícitas en Escobedo.
