El aumento en las tarifas de Agua y Drenaje (AyD) continúa afectando el bolsillo de las familias nuevoleonesas. Aunque el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, presume avances y eficiencia en materia de servicios públicos, lo cierto es que el incremento más reciente a las tarifas de agua supera con creces los niveles de inflación. De acuerdo con los datos oficiales, entre mayo y junio de este año, el aumento aplicado por AyD representa un alza de 2.1 por ciento, cifra que multiplica por siete veces la inflación mensual reportada por el INEGI, la cual fue de apenas 0.28 por ciento.
Incremento mensual impactante
El incremento, aunque pueda parecer menor en términos absolutos, representa una carga acumulada para las familias que mes con mes han visto crecer los costos del servicio básico. Bajo el lema de ser un Gobierno “imparable”, la administración estatal también ha trasladado ese ímpetu a las actualizaciones de precios, sin ofrecer medidas claras de protección para los sectores más vulnerables.
De acuerdo con los tabuladores actualizados por AyD, el impacto del alza se traduce en pesos y centavos: una persona que consume 10 metros cúbicos de agua al mes pasó de pagar 173.85 pesos en mayo a 177.52 pesos en junio. Para quienes utilizan 20 metros cúbicos, la factura aumentó de 477.8 pesos a 487.9 pesos, y en el caso de los que consumen 30 metros, el monto ascendió de 1,069.9 pesos a 1,092.5 pesos. Todas estas cantidades excluyen el IVA que se aplica al drenaje y saneamiento.
Este patrón de incrementos no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia establecida desde la administración actual, que prioriza la actualización mensual de tarifas con base en una fórmula que va mucho más allá de los indicadores inflacionarios.
Cómo se calcula el aumento
La metodología para definir las tarifas de AyD ha generado controversia. Aunque podría suponerse que los precios del servicio se ajustan con base en la inflación, en realidad la actualización mensual de tarifas considera una variedad de factores. Entre ellos destacan los sueldos del personal, los costos de energía eléctrica, la depreciación de los activos y otros gastos operativos del organismo.
Estos elementos provocan que el ajuste mensual no solo sea constante, sino que también supere de forma significativa la inflación real. Aunque esta fórmula está prevista por ley, muchos ciudadanos critican que no se les haya explicado de manera transparente ni se les hayan ofrecido medidas de amortiguación, como subsidios o tarifas diferenciadas.
Golpe preocupante a la economía
De hecho, esta manera de ajustar las tarifas señalada como un mecanismo favorece la recaudación a costa del ingreso de las familias, especialmente de aquellas con menos recursos. El caso más representativo es el de los consumidores de bajo consumo, que supuestamente no serían afectados, pero que, en la práctica, también ha afectado alzas notables.
La administración de AyD, encabezada por Juan Ignacio Barragán, sostiene que el modelo de actualización es necesario para mantener operativos los servicios. Sin embargo, para miles de hogares, la constante alza se traduce en una presión económica adicional que muchas veces pasa desapercibida hasta que se refleja en el recibo mensual.
Preocupa aumento acumulado
Desde que inició la actual administración estatal, los aumentos en las tarifas de agua no han sido esporádicos, sino constantes y acumulativos. Una cifra que supera ampliamente cualquier nivel de ajuste inflacionario observado durante el mismo periodo.
Este aumento, que afecta tanto a familias de clase media como a sectores en situación de vulnerabilidad, ha generado preocupación entre organismos civiles, especialistas en política pública y representantes ciudadanos. A pesar de que el Gobierno había prometido que los incrementos no tocarían a los más desfavorecidos, la realidad ha demostrado lo contrario.
Respuesta de AyD
A la fórmula de actualización y al aumento aprobado por el Congreso en marzo de 2022, se suma también la implementación de una cuota adicional de saneamiento, creada durante esta administración. Esta cuota representa un 12.5 por ciento del consumo total de agua, lo cual incrementa aún más el costo final para los hogares.
Aunque AyD ha defendido la medida como parte de un esfuerzo por mantener la sustentabilidad y garantizar el tratamiento del agua residual, diversos sectores han criticado la falta de transparencia sobre cómo se usa ese recurso y cuál es el impacto real del saneamiento implementado. Hasta ahora, no se han presentado informes públicos detallados que justifiquen los resultados de esta política.
