El organismo de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) confirmó que continuará aplicando cobros adicionales por reparaciones solicitadas en domicilios, a pesar de haber anunciado la eliminación del controvertido “cobro expediente”.
Aunque la eliminación del término fue presentada como un avance para los usuarios, en realidad solo se modificó el nombre del concepto, ya que los cargos por trabajos especiales permanecen vigentes y seguirán apareciendo en las facturas.
La medida ha generado confusión y descontento entre los ciudadanos, quienes en meses recientes señalaron irregularidades y falta de claridad en los recibos, especialmente por cargos aplicados en reparaciones que, en algunos casos, no fueron solicitadas directamente por ellos.
Detalles De Los Nuevos Montos De AyD
En marzo pasado, el Consejo de Administración de AyD aprobó un nuevo tabulador de tarifas que establece montos específicos para diferentes tipos de reparaciones. Las tarifas varían desde poco más de mil pesos hasta casi 11 mil pesos, dependiendo de la intervención.
Los precios incluyen el costo de materiales, el salario de los trabajadores y el uso de vehículos o maquinaria. Por ejemplo, el destape de un registro de drenaje afuera de un domicilio tendrá un precio mínimo de mil 19 pesos si se hace con herramientas manuales, y 2 mil 584 pesos si se requiere equipo de agua a presión.
Otros Servicios Con Cobro
La reposición de una llave de banqueta tendrá un costo de mil 16 pesos, mientras que la reparación de una toma de agua dañada se cobrará en mil 419 pesos.
El cambio de un medidor dañado costará mil 493 pesos, y la modificación del ramal de drenaje será el servicio más caro, con un precio de 10 mil 943 pesos.
Estos cargos serán incluidos en las facturas como “trabajos facturables”, separados del consumo habitual de agua y las cuotas mensuales que pagan los usuarios.
El concepto “cobro expediente” surgió como uno de los principales puntos de fricción a finales de 2023 y durante diciembre pasado. Muchos usuarios denunciaron la aparición de este cobro en sus recibos, sin entender su origen o la justificación detrás.
El director de AyD, Juan Ignacio Barragán, no pudo ofrecer una explicación clara en su momento, lo que alimentó la molestia de la población.
Posteriormente, el organismo aclaró que se trataba de un cargo por reparaciones realizadas desde 1956. Sin embargo, ciudadanos aseguraron que en algunos casos los cobros correspondían a trabajos en calles o áreas públicas, a varias cuadras de distancia de sus domicilios.
¿Solo Cambio De Nombre?
Tras el escándalo, el Consejo de Administración realizó una sesión el 14 de febrero, donde se anunció la eliminación del concepto “cobro expediente”.
Pero la realidad quedó expuesta semanas después: el cobro no desapareció, sino que se mantuvo bajo un formato diferente. En la sesión del 5 de marzo, se formalizó la decisión de conservar estos cargos como parte de los servicios ofrecidos por el organismo, aunque ahora con mayor transparencia.
Nuevas Medidas De Transparencia
Uno de los acuerdos más relevantes es que a partir de ahora, cada factura deberá detallar el trabajo ejecutado. Además, incluirá un código QR para que los usuarios puedan consultar los costos, el tipo de reparación y los criterios utilizados para aplicar el cargo.
El compromiso de la institución es presentar la información de forma clara y accesible, con un documento explicativo que se entregará en un plazo máximo de 60 días naturales.
Posturas Encontradas Entre Usuarios Por Cobro Expediente
Aunque AyD defiende estos cobros argumentando que son necesarios para cubrir el costo real de las intervenciones solicitadas, muchos ciudadanos consideran que estas reparaciones deberían ser responsabilidad del organismo, sobre todo si derivan de problemas en la red general.
Varios usuarios han manifestado que las tarifas son elevadas y podrían afectar la economía familiar, especialmente en colonias donde las reparaciones son más frecuentes.
Argumentos De AyD Para Mantener Los Cobros
El organismo sostiene que estos servicios benefician directamente al usuario y que la ley obliga a cobrar por las reparaciones personalizadas.
AyD argumenta que no se busca lucrar con estos cobros, sino reflejar los costos reales de la mano de obra, materiales y el uso de equipos especializados. Según explican, la idea es evitar que otros usuarios subsidien estos trabajos a través de sus pagos regulares.
Exigen Mayor Vigilancia Y Explicación Del AyD
La polémica ha motivado a asociaciones civiles y colectivos de usuarios a demandar mayor vigilancia y control sobre la aplicación de estos cargos.
Solicitan a AyD que se asegure de que los cobros sean justos, transparentes y que realmente correspondan a reparaciones solicitadas y autorizadas por los usuarios.
Impacto En La Confianza Ciudadana
El episodio del “cobro expediente” dejó una huella en la relación entre el organismo y la ciudadanía. La falta de comunicación clara y la aparición repentina de cargos desconocidos afectaron la confianza.
Ahora, la implementación del código QR y el desglose detallado son vistos como un intento de recuperar la credibilidad perdida, aunque para muchos usuarios estas medidas llegan tarde.
Un Reto Para La Administración
El reto para AyD será lograr que la nueva modalidad de cobros sea comprendida y aceptada. La transparencia no solo consiste en informar, sino también en ofrecer atención y explicaciones puntuales cuando el usuario lo requiera.
El organismo tendrá que enfrentar el escrutinio público y demostrar que estos cobros están plenamente justificados. Asimismo, deberá asegurarse de que el personal encargado de las reparaciones trabaje con estándares claros y se eviten cobros innecesarios o excesivos.
Participación Ciudadana, Clave Para El Cambio
Colectivos ciudadanos han llamado a los usuarios a revisar detalladamente sus facturas y a utilizar los canales de atención disponibles para aclarar cualquier duda.
La vigilancia activa de la comunidad es indispensable para garantizar que las reformas en la facturación y los procesos de reparación sean aplicados correctamente y sin abusos.
Con esta situación, queda claro que la relación entre los servicios públicos y los ciudadanos debe estar basada en la confianza, la claridad y la rendición de cuentas.
