El Congreso de Nuevo León ha decidido reanudar el análisis de las solicitudes de juicio político en contra del gobernador Samuel García, luego de que se determinó que la suspensión de amparo concedida por un juez de Reynosa no impide el avance del proceso. La Comisión Anticorrupción, presidida por la diputada Lorena de la Garza, anunció que convocará a los integrantes para continuar con la sesión permanente que se mantiene abierta desde noviembre.
Este movimiento representa un nuevo revés para García, quien enfrenta múltiples señalamientos por presunto uso indebido de recursos públicos y violaciones a principios de equidad en el pasado proceso electoral.
Samuel García Acumula 18 Sentencias en su Contra
La diputada Lorena de la Garza reveló que Samuel García ya ha sido sancionado con 18 sentencias emitidas por tribunales electorales federales y locales, debido a su indebida utilización de recursos estatales para promocionarse políticamente. Estas resoluciones han generado una creciente presión para que el Congreso tome medidas más contundentes.
A pesar de la suspensión otorgada en Reynosa, el Congreso ya ha sido notificado y tiene la facultad de seguir adelante con el análisis del caso. Sin embargo, el Legislativo deberá abstenerse de emitir cualquier dictamen definitivo hasta que se resuelva el fondo del amparo.
La Estrategia de Samuel García para Frenar los Juicios
En un intento por evitar que los procesos en su contra avancen, Samuel García recurrió a la vía legal para obtener una suspensión definitiva de amparo. Para lograrlo, tuvo que depositar una fianza de 1 millón de pesos ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa.
Este hecho ha despertado críticas entre los legisladores y ciudadanos, quienes cuestionan si el gobernador está utilizando su influencia y recursos para dilatar la justicia. Mientras tanto, la Comisión Anticorrupción mantiene su postura firme de dar seguimiento a las siete solicitudes de juicio político que se presentaron en su contra la semana pasada.
¿Qué Sigue en el Proceso?
La presidenta de la Comisión explicó que en los próximos días se citará a los legisladores para reanudar la sesión y clausurarla formalmente, dando inicio a una nueva en la que se analizarán a fondo los expedientes contra García.
El Congreso ha dejado claro que, aunque la suspensión de amparo limita la emisión de una resolución final, no impide el avance en la recopilación de pruebas ni el análisis de las denuncias en su contra. Esto significa que el proceso sigue su curso y que el gobernador aún podría enfrentar sanciones en el futuro cercano.
Además, el Tribunal Estatal Electoral dio vista a la Mesa Directiva para que sancionen, como sea adecuado, al Ejecutivo.
De acuerdo al TEE, Samuel habría invalidados los principios de imparcialidad y neutralidad en la campaña electoral pasada, fomentando el voto por su partido Movimiento Ciudadano en la carrera presidencial y en la alcaldía por Monterrey con su esposa como candidata.
El Tribunal señaló que García extralimitó “los parámetros constitucionales que protegen dichos principios”.
¿Samuel García Está Comprando Tiempo con Dinero Público?
El hecho de que García haya recurrido a un amparo y haya pagado una fianza millonaria para mantener su suspensión ha generado un debate entre la ciudadanía. Mientras algunos consideran que se trata de una estrategia legal legítima, otros ven en esto una maniobra para retrasar su posible destitución o sanción.
El Congreso de Nuevo León ha reiterado su compromiso de actuar conforme a derecho y ha advertido que nadie está por encima de la ley, por lo que se espera que el análisis de los juicios políticos contra el gobernador continúe sin interrupciones.
El escenario político en Nuevo León sigue en tensión con la reactivación de los juicios políticos contra Samuel García. A pesar de sus intentos por frenar el proceso, el Congreso mantiene su postura y avanza con la revisión de los expedientes.
¿Será sancionado el gobernador o logrará evadir la justicia con estrategias legales? Lo cierto es que el desenlace de este caso marcará un precedente en la política estatal.
