El Río Pesquería, uno de los principales afluentes que atraviesa la zona metropolitana de Monterrey, ha vuelto a ser noticia, esta vez por la contaminación directa que estaría generando una planta tratadora de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD). Aunque recientemente el Gobierno del Estado sancionó a empresas privadas por verter sustancias nocivas en esta misma corriente, un informe reciente señala que la paraestatal también estaría violando normas ambientales con sus descargas.
La denuncia fue presentada por la asociación civil Agua Regia, encabezada por el activista Juan Pablo Chávez, quien mostró los resultados de análisis de laboratorio realizados a una muestra tomada el 5 de junio de 2025. Esta prueba se realizó después de que habitantes de Pesquería y Los Ramones reportaran la muerte de peces en el río, lo que encendió las alarmas sobre la calidad del agua.
El estudio arrojó resultados preocupantes: las aguas descargadas por la planta tratadora superaron los límites permitidos de contaminantes, entre ellos coliformes fecales, sólidos suspendidos y demanda bioquímica de oxígeno. Estas sustancias, además de ser indicadoras de contaminación orgánica, representan un riesgo para la salud pública y la biodiversidad de la zona.
AyD contamina en el Río Pesquería mientras sancionan a empresas
Mientras el gobierno estatal aplicó sanciones a Fluidos Básicos y Refinados de Solventes, dos compañías ubicadas en el Parque Industrial Mitras, por verter aceite en el mismo cauce, Agua y Drenaje de Monterrey ha pasado casi desapercibida a pesar de realizar descargas fuera de norma en el mismo río.
Las sanciones fueron impuestas por el organismo Parques y Vida Silvestre de Nuevo León el pasado 8 de junio, luego de detectar un derrame significativo en el tramo correspondiente al municipio de García. Sin embargo, el activista Juan Pablo Chávez cuestionó el doble discurso de las autoridades: ¿cómo se puede hablar de proteger los ríos mientras un organismo estatal incumple con la ley ambiental?
En aquel momento, tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como la propia AyD reconocieron la descarga irregular, aunque la atribuyeron a un azolve en el cárcamo. Ahora, con nuevos resultados en Pesquería, se refuerza la sospecha de un patrón sistemático de descargas ilegales.
Resultados de laboratorio confirman contaminación en el Río Pesquería
El análisis de las muestras tomadas el 5 de junio muestra que las descargas excedieron en un 10% los coliformes fecales, un 13% en sólidos suspendidos totales y un 2% en demanda bioquímica de oxígeno, todos indicadores de alta carga contaminante. Estos resultados fueron proporcionados por laboratorios certificados, lo que refuerza la credibilidad del reporte ambiental.
Chávez señala omisiones y rezagos
Juan Pablo Chávez advirtió que, de realizarse estudios similares en otras plantas tratadoras de la paraestatal, probablemente se detectaría el mismo tipo de contaminación. En su opinión, el problema no es nuevo, sino que responde a un sistema de infraestructura obsoleta y mala administración de recursos públicos.
Según el activista, AyD arrastra un rezago de décadas, que si bien no inició en esta administración, no ha sido atendido con la seriedad que requiere. “Tenemos drenajes brotando en toda la ciudad”, denunció, subrayando que en lugar de destinar el dinero a proyectos como el Parque del Agua o el llamado tratamiento terciario, se deberían priorizar obras urgentes como la modernización de plantas y la atención a fugas.
Exigen reestructuración de AyD
El reporte de Agua Regia ha generado un nuevo llamado a revisar a fondo el modelo de operación de Agua y Drenaje de Monterrey, una paraestatal que maneja recursos millonarios y que tiene un impacto directo en la salud ambiental del estado. Para Chávez y otros defensores del medio ambiente, el actual esquema ya no es funcional.
“El problema no es únicamente técnico”, expresó, “también es una falla de planeación, transparencia y voluntad política”. Reiteró que mientras el discurso institucional se centra en “grandes soluciones ecológicas”, la realidad es que la infraestructura sigue fallando y los ríos siguen recibiendo descargas ilegales que no se castigan.
La petición es clara: se debe realizar una auditoría completa al sistema de tratamiento de aguas que opera AyD y se deben redirigir los recursos públicos a proyectos que realmente mejoren la calidad del agua. El enfoque no debe ser la imagen pública ni los proyectos de alto perfil, sino la eficiencia, el mantenimiento y el cumplimiento normativo.
En ese sentido, también se ha solicitado que organismos federales como la Semarnat y la Conagua intervengan para evaluar la magnitud del daño ambiental y establecer responsabilidades concretas.
