Convenio de Samuel García por 285 millones
El programa ambiental Bosques Ciudadanos, impulsado por el Gobierno de Samuel García en Nuevo León, ha quedado en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones de Cosijoopii Montero, director de la asociación civil Reforestación Extrema. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el líder ambientalista sembró más dudas que certezas respecto al manejo de los 285 millones de pesos de recursos públicos destinados al proyecto de reforestación.
Las declaraciones de Montero no solo fueron cuestionadas por su falta de claridad, sino también por evidenciar una contradicción directa con la versión oficial del gobierno estatal. Mientras que el Gobernador ha defendido públicamente la legalidad y eficiencia del programa, el testimonio del director de la asociación dejó entrever opacidad, desconocimiento legal e incluso la posible comisión de delitos por el mal manejo de los recursos públicos.
Contradicciones entre Samuel y Reforestación Extrema
Uno de los puntos más críticos de la comparecencia fue la incongruencia entre las cifras presentadas por el Gobernador y las ofrecidas por Reforestación Extrema. Según diputados locales, los datos presentados por Montero mostraron una diferencia abismal con los reportes oficiales del Ejecutivo estatal.
Mientras Samuel García ha presumido en redes sociales y eventos públicos un supuesto éxito rotundo en la plantación de árboles, Montero admitió limitaciones logísticas y operativas de la asociación para cumplir con los objetivos establecidos.
De hecho, reconoció que Reforestación Extrema no contaba con el personal ni el equipo técnico necesario para ejecutar un programa de tal magnitud, lo que puso en entredicho la viabilidad del convenio desde su origen.
Estas contradicciones generaron indignación entre legisladores y activistas ambientales, quienes señalaron que este tipo de programas no pueden usarse como propaganda política a costa del erario público y del medio ambiente.
Un convenio ilegal desde 2023
De acuerdo con las declaraciones de la diputada Armida Serrato, el convenio entre Reforestación Extrema y la Secretaría de Medio Ambiente del estado podría ser ilegal desde 2023. La legisladora explicó que dicho convenio no fue sometido a licitación pública, como lo establece la normatividad, lo cual representa una violación directa a la Ley.
Además, Serrato subrayó que la figura legal bajo la cual se firmó el acuerdo no era la adecuada. Según sus palabras, la asociación civil no debería haber sido beneficiaria directa de los recursos, ya que el artículo 40 de la Ley de Medio Ambiente señala que los fondos pueden asignarse únicamente a asociaciones públicas o privadas con la capacidad técnica para operar programas de esta naturaleza.
El propio Montero aceptó que desconocía el marco legal, y que tanto él como su equipo jurídico avalaron el convenio sin comprender las implicaciones legales. Esta admisión fue vista por diversos legisladores como una muestra clara de la falta de transparencia y profesionalismo en la ejecución del proyecto.
Exigen rendición de cuentas a Samuel García
Más allá de la disputa institucional, el caso ha generado una reacción ciudadana notable. Diversos sectores de la sociedad civil, ambientalistas y ciudadanos preocupados por el uso de recursos públicos, han exigido al Gobernador explicar de forma clara y puntual en qué se usaron los 285 millones asignados al programa.
Las críticas no solo apuntan a la posible ilegalidad del convenio, sino también a la falta de resultados tangibles. A pesar de la millonaria inversión, no se ha comprobado de forma objetiva el impacto ambiental positivo del proyecto. En palabras de la diputada Perla Villarreal, “nos sembraron más dudas que árboles”.
En redes sociales, la frase “¿Dónde están los árboles?” se ha vuelto tendencia local, mientras activistas piden al Gobierno de Nuevo León que publique un informe detallado con evidencias claras de las acciones realizadas, el número de árboles realmente plantados y su supervivencia.
Un patrón de opacidad en la administración de Samuel García
Este escándalo se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado el Gobierno de Samuel García respecto al uso de recursos públicos y la forma en que otorga contratos y convenios. La falta de transparencia, la discrecionalidad en la asignación de fondos y la preferencia por asociaciones afines son temas que se repiten en otras áreas de su administración.
Organizaciones como Vertebra y Redes Quinto Poder han señalado anteriormente la necesidad de establecer mecanismos de control más estrictos, especialmente cuando se trata de presupuestos millonarios destinados a programas sociales o ambientales. En este caso, la falta de un proceso abierto de licitación pone en duda la integridad del manejo de los recursos públicos.
Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, informa a Diputados que asociación gastó $286 millones y sólo ha plantado 20 mil 387 árboles.
— elnortelocal (@elnortelocal) May 20, 2025
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La defensa oficial y el silencio de Samuel
Hasta el momento, Samuel García no ha emitido una declaración pública clara sobre las contradicciones reveladas por Reforestación Extrema. Mientras su equipo de comunicación insiste en que el proyecto de Bosques Ciudadanos ha sido exitoso, los cuestionamientos siguen aumentando, tanto en el Congreso como en la opinión pública.
El silencio del Gobernador ante esta crisis de confianza ha sido interpretado por muchos como una forma de evadir responsabilidades. Para los críticos, la ausencia de respuestas alimenta la sospecha de que el proyecto fue utilizado con fines políticos, y no como una política pública genuina para enfrentar la crisis ambiental en el estado.
¿Qué sigue para Reforestación Extrema y el Gobierno estatal?
Por ahora, los diputados han solicitado que se revierta el convenio firmado con Reforestación Extrema y que se abra una investigación formal para determinar si hubo delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos. Esto podría incluir denuncias penales contra funcionarios públicos y representantes de la asociación.
Asimismo, se ha propuesto que el Gobierno del Estado rinda un informe ante el Congreso con los detalles del contrato, la ejecución presupuestal, las metas alcanzadas y los indicadores de impacto ambiental. Este tipo de medidas buscan garantizar que casos como este no vuelvan a repetirse, y que los recursos públicos sean utilizados con eficacia y legalidad.
Reforestación sin árboles, transparencia sin respuestas
El caso del convenio de reforestación entre el Gobierno de Nuevo León y Reforestación Extrema revela una preocupante combinación de falta de planeación, opacidad y posible corrupción. La contradicción entre las versiones de Samuel García y Cosijoopii Montero no solo demuestra descoordinación, sino que apunta a un manejo irregular de recursos públicos.
Cuando se trata de 285 millones de pesos del erario, la ciudadanía exige más que buenas intenciones o propaganda verde. Requiere resultados medibles, procesos legales y rendición de cuentas, especialmente cuando el medio ambiente está en juego.
