El Acueducto El Cuchillo II, una de las obras más publicitadas por el gobierno de Samuel García, enfrenta duras críticas tras revelarse que dejó de operar apenas semanas después de su inauguración. El organismo empresarial Coparmex Nuevo León ha exigido respuestas, un plan de reactivación y, sobre todo, transparencia sobre las causas de las fallas, los responsables y los costos reales del proyecto.
Una obra con un inicio fallido
La construcción del Cuchillo II fue anunciada como la solución definitiva para evitar futuras crisis hídricas en el estado. Se trata de una obra que duplica el suministro de agua desde la presa El Cuchillo hacia el Área Metropolitana de Monterrey, con una inversión multimillonaria en la que participaron tanto el gobierno federal como el estatal.
Sin embargo, la expectativa se convirtió rápidamente en decepción. A pesar de haber sido inaugurado oficialmente hasta en cuatro ocasiones distintas, el acueducto dejó de operar desde el 11 de noviembre de 2024. Lo que en principio se presentó como una decisión para “ahorrar energía eléctrica”, terminó siendo desmentido por funcionarios y consejeros del propio Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey.
La verdad: el ducto sufrió daños en los equipos de bombeo debido a restos de materiales abandonados en su interior. Esta situación ha puesto en duda la planeación, ejecución y supervisión de una obra de infraestructura clave para el futuro de la ciudad.
Coparmex alza la voz: exige reactivación y rendición de cuentas
Ante esta situación, Coparmex Nuevo León emitió un comunicado contundente:
“Nos preocupa profundamente que una obra de tal envergadura haya dejado de operar por fallas técnicas a tan solo semanas de su inauguración”.
La organización señaló que el acceso al agua es un derecho fundamental y una condición indispensable para la competitividad y la inversión en la región. Por ello, exigió un plan técnico claro, con plazos definidos, que garantice la reactivación segura del acueducto.
También se sumaron a las voces que exigen una investigación exhaustiva sobre las causas que llevaron al cierre prematuro del sistema, además de transparencia en los contratos y costos involucrados. La exigencia va más allá de una simple reparación: se trata de recuperar la confianza en la administración pública.
Activistas piden investigación
A nivel político, la diputada local priista Lorena de la Garza solicitó formalmente a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León que investigue de oficio posibles irregularidades relacionadas con el proyecto. De acuerdo con la legisladora, este caso confirma un patrón de mentiras y simulaciones por parte del actual gobierno estatal:
“El común denominador en el nuevo Nuevo León de Samuel García siempre son las mentiras y el disfrazar la verdad”, declaró.
Por su parte, la activista Liliana Flores denunció que al interior del ducto hay elementos que fueron abandonados durante la construcción, lo cual impide que opere con normalidad. Además, cuestionó la falta de seguimiento y mantenimiento preventivo por parte de las autoridades responsables.
Contratos ocultos y financiamiento opaco
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que ni siquiera los consejeros del Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey han tenido acceso completo al contrato de financiamiento del acueducto. De acuerdo con reportes del diario El Norte, dicho documento fue mostrado brevemente durante una sesión del 24 de abril, sin permitir copias ni un análisis adecuado.
Además, trascendió que el financiamiento elegido por el gobierno de Samuel García implica intereses hasta tres veces superiores a los estándares del sector público, lo que encarece el proyecto en un 82% respecto a otras opciones de crédito.
La obra, que involucra tanto presupuesto estatal como federal, no ha sido auditada ni por la Auditoría Superior del Estado ni por la Auditoría Superior de la Federación, al menos hasta ahora. Para Coparmex y otras voces del sector empresarial, esto representa una grave omisión que debe ser corregida a la brevedad.
¿Una prioridad de imagen más que de solución?
El caso del Cuchillo 2 pone sobre la mesa una crítica recurrente al gobierno de Samuel García: su aparente preferencia por acciones mediáticas antes que por resultados reales. Inaugurar una obra sin haberla probado, sin concluir los protocolos de seguridad operativa y sin garantizar su sostenibilidad técnica puede verse como una apuesta por el aplauso inmediato en lugar de una solución a largo plazo.
Coparmex fue claro al respecto:
“Los empresarios estamos comprometidos con construir un Nuevo León sustentable, pero eso requiere que las instituciones cumplan con rigor técnico, rendición de cuentas y una visión de largo plazo”.
Esta frase resume bien el malestar general: una obra mal ejecutada no solo es un desperdicio económico, sino también un golpe a la confianza ciudadana.
Daños colaterales: ciudadanía, industria y medio ambiente
Más allá de la política, el impacto de un acueducto inoperante afecta a todos los sectores. En un contexto donde el acceso al agua se vuelve cada vez más complejo, detener una infraestructura de esta magnitud tiene consecuencias para el consumo doméstico, la operación industrial, la salud pública y la sostenibilidad ambiental.
Los meses en que El Cuchillo 2 ha estado fuera de operación coinciden con temporadas críticas de consumo en Monterrey. Algunas colonias reportaron bajas en la presión del agua, y aunque las autoridades intentaron minimizar la situación, lo cierto es que no se ha informado cómo se ha compensado el suministro que este acueducto prometía asegurar.
¿Qué exige Coparmex y qué espera la ciudadanía?
La exigencia es clara: reactivación técnica, investigación a fondo y sanciones en caso de negligencia o corrupción. Para el sector empresarial, que sostiene buena parte del empleo y la inversión en el estado, el agua es un insumo clave y su acceso no puede depender de improvisaciones políticas.
Pero más allá de Coparmex, es la ciudadanía la que merece una explicación. Millones de pesos en inversión, recursos federales comprometidos, múltiples actos públicos de inauguración y, al final, un ducto cerrado por fallas básicas.
El Cuchillo II: un símbolo del desorden institucional
El caso del Acueducto El Cuchillo II se ha convertido en un símbolo del desorden institucional en Nuevo León. Una obra clave para el futuro del estado ha quedado inutilizada por errores técnicos, decisiones políticas apresuradas y una preocupante falta de transparencia.
Mientras el gobernador Samuel García intenta promover su imagen como una figura moderna, innovadora y comprometida con el desarrollo, la realidad operativa de su administración muestra serias deficiencias.
La exigencia de Coparmex no es solo un reclamo empresarial: es un llamado a reconstruir la credibilidad del gobierno ante los ojos de la sociedad. Reactivar el acueducto es urgente, pero aún más urgente es reparar la confianza perdida.
