La administración estatal de Nuevo León enfrenta una nueva y grave acusación que pone en entredicho su integridad institucional. La empresa Matrimar ha denunciado públicamente un esquema de extorsión operado desde el gobierno de Samuel García, señalando que las recientes clausuras a sus instalaciones son una represalia directa por negarse a realizar pagos millonarios ilegales.
Bajo el lema de “cooperas o cuello”, la política ambiental del estado parece haberse convertido en una herramienta de presión económica contra el sector productivo. Sin embargo, la justicia ha ganado dándole la razón a la empresa. Ante la situación, COPARMEX y CAINTRA han alzado la voz: 54% de los transportistas sufren extorsión en Nuevo León y 45% de los socios industriales son presionados para dar pagos irregulares a autoridades oficiales del estado. Recientemente, han habido abucheos contra el gobernador en un evento de CAINTRA.
Clausuras nocturnas como mecanismo de presión política
La madrugada del pasado martes, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente irrumpieron en las instalaciones de Matrimar para imponer sellos de clausura a la 1:00 AM. Según la firma dedicada a la extracción de materiales, esta acción legal ocurrió apenas unos días después de que rechazaran exigencias económicas injustificadas por parte de funcionarios estatales.
La empresa calificó el operativo como un acto de “extorsión disfrazada de acoso institucional”, dejando claro que el uso de la fuerza pública se está desviando para fines recaudatorios fuera de la ley.
🚨 FUERTE SEÑALAMIENTO EN N.L.
— Arturo Rodríguez (@Arturo_Rdgz) February 11, 2026
La empresa MATRIMAR denuncia que el gobierno de @samuel_garcias le habría solicitado pagos millonarios para operar. Al negarse, fueron clausurados durante la madrugada. El conflicto suma más de un año sin resolverse.https://t.co/7XxOLvgAGw pic.twitter.com/iteWQ5gsUY
Impacto social y riesgo para cientos de familias regiomontanas
La batalla legal entre la pedrera y el Ejecutivo no solo afecta a los accionistas, sino que pone en riesgo el sustento de la comunidad local. Más de 500 familias dependen directamente de las operaciones de Matrimar para subsistir, y el cierre arbitrario de la planta representa un golpe directo a la economía del noreste de Nuevo León.
Es alarmante que el gobierno de Samuel García priorice la presión política sobre la estabilidad laboral de cientos de trabajadores que hoy viven en la incertidumbre por estos “caprichos” de poder.
¡El colmo de la "Nueva" política! 🍊 Mientras Samuel presume legalidad, la empresa Matrimar denuncia que le pidieron millones por fuera. Como no pagaron, Samuel les mandó clausurar a la 1:00 AM.
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) February 13, 2026
¿Protegen solo sus bolsillos con moches?
Más en el sitio. pic.twitter.com/AcTje1TphI
Justicia o recaudación: el dilema del gobierno de Samuel
La insistencia del estado por reabrir investigaciones ya atendidas y aplicar sanciones que posteriormente son frenadas en tribunales apunta a una estrategia que el sector industrial resume con una frase directa: “plata o clausura”. Mientras Samuel García presume legalidad y orden en sus discursos públicos, los expedientes judiciales muestran un patrón de actos administrativos que terminan siendo cuestionados por jueces federales.
El caso de Materiales Triturados Martínez (Matrimar), en Cerralvo, profundiza ese dilema. La empresa denunció que, tras negarse a realizar un presunto pago cercano a los 50 millones de pesos, fue objeto de suspensiones y clausuras consecutivas. Como respaldo, se filtró un audio en el que se escucha al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, fungir como intermediario en una negociación donde se habla de “un pago fuerte” para permitir que la compañía continúe operando.
En la grabación, fechada días después de una de las suspensiones, se menciona la necesidad de “alinearse” y se hace referencia a funcionarios estatales vinculados a áreas de fiscalización y medio ambiente. La empresa, que mantiene litigios por el llamado Impuesto Verde, ha obtenido amparos contra diversas medidas aplicadas en su contra. Sin embargo, tras cada resolución favorable, han surgido nuevas acciones administrativas.
El audio que escaló la controversia
El contenido del audio filtrado no sólo expone una presunta negociación política, sino que coloca directamente a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, en el papel de intermediario. En la conversación también se menciona a Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente, como la autoridad que habría planteado la necesidad de un pago, y a Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, como el funcionario al que se recurriría para “dar chanza” una vez que se concretara el acuerdo. Se habla de auditorías abiertas, de la posibilidad de cubrir montos en parcialidades y de destrabar el conflicto mediante gestiones políticas.
La frase “pago fuerte” se convierte así en el eje de la acusación. Para Matrimar, no se trataba de una contribución formal ni de una multa establecida en ley, sino de una exigencia fuera de cualquier procedimiento administrativo ordinario. Tras negarse, la empresa enfrentó nuevas clausuras, incluso después de obtener amparos favorables.
Para los empresarios del sector extractivo, el mensaje es claro: quien no accede a acuerdos económicos enfrenta inspecciones reiteradas, clausuras y procedimientos paralelos. Para el estado, se trata de hacer cumplir la ley. Para los afectados, es un esquema de presión financiera disfrazado de política ambiental.
Los neoloneses merecen una explicación clara sobre por qué la llamada “nueva política” termina generando resoluciones judiciales que exhiben irregularidades en los procedimientos administrativos. Más allá del discurso oficial, lo que está en juego es la certeza jurídica y la confianza en las instituciones.
Gobierno de Samuel se Venga: audita a Matrimar tras acusaciones de extorsión
La administración estatal lanzó una ofensiva fiscal contra la pedrera Matrimar, apenas dos semanas después de que la empresa denunciara un presunto intento de extorsión. La Tesorería estatal notificó formalmente el inicio de una auditoría por impuestos ambientales, lo que ha sido interpretado como una revancha política. Esta acción surge tras la denuncia de la firma por un supuesto “moche” de 50 millones de pesos exigido por funcionarios estatales.
Resulta llamativo que, en noviembre pasado, Finanzas determinó que la pedrera estaba al corriente con sus impuestos. Aun así, la empresa pagó 15 millones de pesos por supuestos “ajustes” para evitar conflictos. Sin embargo, tras negarse al pago extra en efectivo, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró sus instalaciones en Cerralvo, endureciendo la postura oficial contra la compañía.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reviró asegurando que la empresa debe más de 500 millones de pesos. Mientras el Estado justifica la auditoría por el impacto ambiental de la extracción de piedra, Matrimar sostiene que es una represalia directa. El conflicto ahora escala a una batalla de documentos y declaraciones cruzadas entre el gobierno y la pedrera.
Crisis interna por audios de extorsión millonaria
La estabilidad de la plataforma naranja en Nuevo León se encuentra pendiendo de un hilo muy delgado actualmente. Todo comenzó con la difusión de un audio donde se escucha a Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal, negociando con una empresa. En la grabación, el funcionario solicita un “pago fuerte” de 50 millones de pesos a nombre del Gobierno estatal.
Militantes y simpatizantes no tardaron en reaccionar ante lo que consideran una traición a los valores ciudadanos del proyecto. Exigen la remoción inmediata de Martínez Ríos, quien también funge como Diputado local y exalcalde de Cerralvo. Para muchos emecistas, permitir que estos “intereses mezquinos” continúen dirigiendo el rumbo del partido es una sentencia de muerte política.
El ambiente se ha vuelto sumamente hostil dentro de las oficinas del partido debido a la falta de respuestas claras. Los denunciantes anónimos aseguran que no permitirán que “aprendices de cowboys” destruyan lo que se ha construido a nivel nacional. La indignación crece mientras el dirigente admite su participación como un simple “intermediario” entre la pedrera y el estado.
Matrimar gana el caso
La administración de Samuel García sufrió un revés judicial definitivo tras la reapertura de la pedrera Matrimar en Cerralvo. Luego de casi cinco meses de clausuras calificadas como acoso institucional, un juez ordenó el reinicio de operaciones de la planta, invalidando las presiones estatales. Esta derrota legal no solo frena el cierre de la empresa, sino que deja en evidencia el uso de las instituciones de Medio Ambiente como herramientas de presión política y económica.
El caso escaló al terreno criminal con una denuncia penal interpuesta por los propietarios, José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez, contra el Gobernador y figuras clave de Movimiento Ciudadano como Baltazar Martínez Ríos. La acusación se sustenta en audios filtrados donde se exige un “pago fuerte” de hasta 50 millones de pesos en efectivo para levantar los sellos de clausura. En dichas grabaciones se menciona una red de operación que involucra a altos funcionarios como Raúl Lozano y Miguel “Mike” Flores, configurando una presunta estructura de extorsión.
Para la opinión pública, este episodio representa una de las crisis de reputación más graves para la “Nueva Política”, al quedar exhibido un esquema de “moches” y cobro de cuotas a industriales. Mientras el Gobierno Estatal intenta justificar sus acciones bajo argumentos administrativos, la resolución judicial y la denuncia por extorsión refuerzan la narrativa de una gestión que utiliza el poder para el beneficio económico particular. La reapertura de Matrimar sin el pago del soborno exigido marca un precedente de resistencia legal frente al control del Ejecutivo.
Condena de COPARMEX Y CANTRIA hacia extorsiones
Durante una tensa asamblea que reunió a la cúpula empresarial, los presidentes de Coparmex y Caintra lanzaron un mensaje contundente hacia la administración de Samuel García. Roberto Cantú Alanís y Jorge Santos encararon directamente al mandatario para denunciar que el 54% de las empresas y transportistas en Nuevo León son víctimas de cobros indebidos y “pagos fuertes” exigidos por funcionarios emecistas.
Medios locales subrayaron que el caso de Matrimar es apenas la punta del iceberg de una red de corrupción que utiliza trámites y obstrucciones deliberadas para asfixiar a las Pymes, destruyendo la confianza y poniendo en riesgo miles de empleos.
Abucheos de empresarios de CAINTRA
El desprecio hacia la administración de Samuel García alcanzó un punto crítico durante la 82 Asamblea Anual de Caintra, donde el sector industrial de Nuevo León humilló al gobernador con abucheos masivos y gritos de “fuera”. Ni siquiera la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum pudo frenar la indignación de los empresarios, quienes denunciaron abiertamente que el gobierno estatal utiliza al sector productivo como su “caja chica”. Este rechazo público es el resultado directo de una red de extorsiones millonarias y cobros de cuotas ilegales que, según los afectados, se han vuelto el pan de cada día bajo el sello de Movimiento Ciudadano.
La cúpula empresarial de la entidad, respaldada por reclamos previos de Coparmex y Canaco, advirtió que el acoso administrativo y los “moches” estatales tienen al borde del colapso a las industrias regias. El descontento es total ante una gestión que, lejos de fomentar el desarrollo, se dedica a exprimir a las empresas mediante amenazas y multas arbitrarias para permitirles operar. Con este estallido en Cintermex, los industriales dejaron claro que el “Nuevo Nuevo León” no es más que una fachada para un sistema de corrupción que asfixia el motor económico del estado.
Moches y censura: el spot que Samuel García no quiere que veas
La administración naranja vuelve a estar en el ojo del huracán tras la censura de un video que denuncia el caso mostrado en el artículo: una presunta red de extorsiones por 50 millones de pesos. A petición de Samuel García, el INE ordenó bajar el material que exponía audios de Baltazar Martínez negociando “pagos fuertes” con empresarios de Nuevo León. Esta medida ha despertado una ola de indignación ciudadana, pues se interpreta como un intento desesperado por silenciar las pruebas de los moches en efectivo que salpican al círculo cercano del gobernador.
