El desalojo de organizaciones civiles en San Pedro ha encendido una fuerte polémica en Nuevo León. Pese a las críticas de especialistas, pacientes, académicos y colectivos ciudadanos, el Gobierno estatal confirmó que cinco asociaciones deberán abandonar antes del 22 de septiembre el predio de la Colonia Palo Blanco, donde han brindado servicios médicos, psicológicos y de acompañamiento a sectores vulnerables por más de dos décadas.
La decisión fue anunciada de manera discreta en un evento cerrado a medios, encabezado por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García. Allí se presentó el proyecto del Centro de Intervención para Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), que será administrado por el DIF estatal bajo la dirección de Gloria Bazán.
Rodríguez afirmó que se busca construir el espacio público de atención al autismo más grande y especializado de México. Sin embargo, lo que para el Gobierno representa un proyecto de vanguardia, para cientos de familias y pacientes significa la pérdida inmediata de un espacio de apoyo consolidado.
CITEA y el desalojo en San Pedro
El nuevo centro CITEA será edificado en el terreno que hasta ahora ocupaban cinco asociaciones: Instituto de Psicoterapia ABP, Ingenium ABP, Casa Azul AC, Padrinos de Nuevo León ABP y Comunidad Gonzalitos. Todas ellas ofrecen programas clave para personas con problemas emocionales, médicos o de adicciones, siendo un soporte comunitario fundamental en San Pedro y en otras zonas del área metropolitana.
La licitación de la obra se lanzó recientemente y, según el calendario oficial, los trabajos deberán arrancar el 22 de septiembre. Esa fecha marca también el límite para que las organizaciones desocupen las instalaciones. De no hacerlo, podrían ser forzadas a entregar el espacio, un escenario que preocupa tanto a los directivos como a los beneficiarios de estos programas.
El desalojo de organizaciones se deriva de la decisión del Gobierno estatal de dar por terminado un comodato firmado en 2002, que autorizaba a estas instituciones el uso del predio. La notificación, publicada a finales de junio, dio a las asociaciones apenas 30 días para abandonar el lugar, un plazo que los obligó a enfrentar la incertidumbre sobre su futuro.
Pese a rechazo, Estado concretará el desalojo de 5 organizaciones civiles que operan en un predio de la Colonia Palo Blanco, en San Pedro.#ElNorteLocalhttps://t.co/qfm7cQM4qZ
— elnortelocal (@elnortelocal) August 21, 2025
Críticas a la falta de alternativas
El argumento oficial señala que el predio pertenece al DIF Nuevo León y que será remodelado para adecuarlo a las necesidades del nuevo centro. No obstante, voces críticas cuestionan por qué no se buscó otro espacio para levantar el CITEA, evitando así desplazar a asociaciones que ya cumplen una función social vital.
Especialistas en políticas públicas y colectivos ciudadanos señalan que en un estado con tantos predios disponibles, no era necesario afectar directamente a instituciones que atienden diariamente a personas vulnerables. Para ellos, el desalojo de organizaciones refleja un enfoque improvisado que no toma en cuenta las consecuencias inmediatas en las comunidades que perderán acceso a servicios básicos.
Además, las asociaciones denunciaron que, aunque en un principio el Gobierno prometió buscar soluciones o un nuevo espacio donde pudieran continuar sus labores, hasta ahora no se les ha ofrecido una alternativa real. Esta situación ha generado indignación entre familias que dependen de estos apoyos y que hoy sienten que se les da la espalda.
Impacto del desalojo de organizaciones en familias y pacientes
El cierre forzoso de estas cinco organizaciones no es un asunto menor. Se trata de instituciones que han trabajado por años en la atención a problemáticas sociales complejas como la salud mental, la prevención de adicciones y el acompañamiento psicológico. Para muchos pacientes, estos espacios son su única red de apoyo, por lo que el desalojo de organizaciones equivale a dejarlos sin un refugio en momentos de vulnerabilidad.
En testimonios compartidos por familiares, se habla de la incertidumbre que representa no saber a dónde acudir para continuar sus tratamientos. Algunos padres señalaron que sus hijos han encontrado en estas asociaciones la atención especializada que no siempre está disponible en instituciones públicas. Por ello, calificaron la medida como una muestra de indiferencia hacia los más necesitados.
La tensión se incrementa porque la medida no se ha acompañado de un plan claro de transición. No se sabe si habrá espacios provisionales, si las organizaciones recibirán apoyo económico o si quedarán completamente fuera del mapa institucional. Esta falta de respuestas alimenta la percepción de que la prioridad del Gobierno no es la atención inmediata, sino la construcción de un proyecto mediático.
Entre la visión oficial y la inconformidad ciudadana
Mientras que la administración estatal presume que el CITEA será un referente nacional en materia de autismo, ciudadanos y colectivos cuestionan el costo humano de esta decisión. Para muchos, el desalojo de organizaciones no solo deja sin opciones a cientos de familias, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la manera en que se toman las decisiones en el Gobierno de Nuevo León.
La polémica se agrava porque la presentación del proyecto se realizó sin acceso a medios de comunicación, lo que refuerza la percepción de falta de transparencia. Además, la página en línea donde supuestamente se darían detalles del nuevo centro estuvo inactiva durante buena parte del día, lo que incrementó las sospechas de opacidad.
Analistas políticos también señalan que la medida fortalece la imagen de Mariana Rodríguez como figura central en proyectos sociales del estado, pero al mismo tiempo la coloca en el ojo del huracán. Para algunos, esto podría tener implicaciones en el futuro político de la pareja gobernante, ya que deja abierta la percepción de que se privilegia el lucimiento personal sobre las necesidades comunitarias.
