Desfogues de El Cuchillo generan alarma
El reciente trasvase de la presa El Cuchillo volvió a encender las alarmas en Nuevo León. Esta acción, llevada a cabo por el Gobierno estatal, ha sido duramente criticada por distintos sectores, principalmente porque se realizó sin una justificación técnica clara y en un contexto donde las previsiones climáticas no auguran lluvias extraordinarias. Pese a ello, más de 260 millones de metros cúbicos de agua fueron liberados, lo que equivale a dos años de extracción del embalse para el abasto de la ciudad de Monterrey.
Según los datos disponibles, El Cuchillo amaneció con un 78.8% de llenado tras el desfogue, lo que ha despertado preocupación por el nivel de riesgo que esto representa para el suministro de agua potable en los próximos meses. A pesar de este panorama, el gobierno de Samuel García Sepúlveda optó por no defender el recurso hídrico del estado y, en cambio, permitió que se realizara el trasvase en medio de críticas por su silencio ante la situación.
Las autoridades estatales guardan silencio
Uno de los aspectos más cuestionados por la oposición y ciudadanos ha sido la falta de claridad del Gobierno estatalsobre las verdaderas razones del desfogue de El Cuchillo. Oficialmente, se dijo que se trataba de una medida preventiva ante las posibles lluvias, pero tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desmintieron esa versión al confirmar que no se esperan precipitaciones extraordinarias para mayo, junio y julio.
El diputado local del PAN, Mauro Guerra, fue uno de los primeros en levantar la voz. Señaló que el Gobierno de Nuevo León no solo faltó a la verdad, sino que sacrificó el recurso más valioso del estado por complacer a la Presidencia de la República. En sus declaraciones, Guerra fue enfático al afirmar que “Nuevo León pierde, y pierde con un Gobierno que no dice la verdad, que tira el agua para cumplir los caprichos de la Presidenta y que no se preocupa por los nuevoleoneses”.
Esta acusación se suma a una serie de críticas previas hacia Samuel García, quien, en campaña, prometió defender el agua del estado. Sin embargo, ahora, como Gobernador, ha guardado un silencio cómplice, incluso cuando el abasto de agua está en riesgo por decisiones tomadas sin respaldo técnico o climático.
El trasvase de El Cuchillo fue para pagar deuda de agua
Aunque el argumento oficial giró en torno a un presunto riesgo de lluvias, la realidad apunta a que el desfogue respondió al cumplimiento de compromisos internacionales de agua con Estados Unidos. Desde hace años, México mantiene un acuerdo para transferir agua del río Bravo como parte de los tratados bilaterales, y una de las maneras en que se cubren esos compromisos es liberando agua de presas como El Cuchillo.
Esta práctica no es nueva, pero lo que ha indignado a la ciudadanía es que se recurra a estas medidas en medio de crisis hídricas locales, sin comunicarlo con claridad ni explicar cómo se compensará la pérdida. Más aún cuando las proyecciones meteorológicas muestran que mayo tendrá lluvias dentro del promedio, junio ligeramente por encima, y julio por debajo de la media histórica. Es decir, no habrá recuperación significativa del nivel de la presa.
La decisión del Estado fue entonces no solo controversial, sino potencialmente peligrosa. Mientras se promete blindar el suministro, se libera agua vital sin garantía de recuperación, dejando en la incertidumbre a millones de habitantes.
Samuel García contradice sus promesas
En el centro de esta polémica se encuentra el gobernador Samuel García, quien durante su campaña prometió ser un defensor del agua de Nuevo León y aseguró que no permitiría que se cediera ni una gota más a intereses ajenos al estado. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. En su papel como jefe del Ejecutivo, ha guardado silencio ante acciones que claramente contradicen sus compromisos previos.
Para muchos, esto representa una traición a la confianza ciudadana. Las críticas apuntan a que Samuel García ha preferido no enfrentar a la Federación, dejando que el Estado pague las consecuencias por decisiones que favorecen a otros niveles de gobierno o incluso a otros países. Este patrón ha sido recurrente en su gestión, donde los intereses locales parecen estar en segundo plano.
La falta de posicionamiento público sobre este tema, la ausencia de transparencia y la evasión de responsabilidades evidencian una gestión opaca que evade rendir cuentas ante una ciudadanía cada vez más crítica y atenta a lo que ocurre con los recursos estratégicos del estado.
El agua como recurso político
Lo más preocupante de este episodio es que el agua se ha convertido en un recurso político, utilizado no como una herramienta para garantizar el bienestar de la población, sino como moneda de cambio entre administraciones. Esta lógica ha dejado de lado la planeación hídrica basada en estudios técnicos, sostenibilidad y previsiones climáticas.
Expertos en la materia han señalado en múltiples ocasiones que el uso racional del agua debe ser una prioridad para los gobiernos locales y federales. La escasez, el crecimiento urbano y el cambio climático son factores que exigen políticas claras, responsables y transparentes, no decisiones improvisadas y justificadas con argumentos falsos.
Mientras tanto, los habitantes de Nuevo León siguen enfrentando restricciones de agua, campañas de concientización para cuidar el líquido, y el temor de que en los próximos meses se repitan las crisis de abasto como las vividas en años recientes. Todo esto, mientras el Estado decide liberar más de 260 millones de metros cúbicos sin una explicación convincente.
Exige rendición de cuentas sobre El Cuchillo
Ante esta situación, legisladores como Mauro Guerra han exigido al Gobierno estatal que explique en qué se basó para autorizar el desfogue de la presa El Cuchillo, y por qué se mantuvo al margen ante una decisión que afecta a toda la población. También han pedido que se revisen los acuerdos hídricos con la Federación para evitar que Nuevo León siga pagando con su agua los compromisos nacionales.
La exigencia principal gira en torno a la rendición de cuentas y la transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién tomó la decisión, con base en qué informes, y qué consecuencias se prevén para el estado en los próximos meses. De momento, ninguna de estas respuestas ha sido ofrecida por el Ejecutivo estatal.
Además, se ha insistido en que se promuevan acciones legales o administrativas para proteger los recursos del estado, evitando que el agua de Nuevo León siga siendo usada como un recurso negociable, ajeno a la voluntad de quienes habitan en la región.
El agua no se negocia
Lo ocurrido con El Cuchillo no es un caso aislado, sino un reflejo de una gestión que ha optado por no confrontar al Gobierno federal, aunque eso implique poner en riesgo el acceso al agua de millones de personas. En un contexto donde las condiciones climáticas no ofrecen margen de error, las decisiones deben ser responsables, sustentadas y, sobre todo, transparentes.
El silencio de Samuel García y su gabinete ante esta situación, su falta de explicaciones públicas, y el incumplimiento de sus promesas como candidato, marcan un antes y un después en su relación con la ciudadanía. Nuevo León no puede seguir perdiendo agua ni confianza en sus instituciones.
