La reciente investigación sobre la regeneración de la Alameda Mariano Escobedo ha revelado un presunto desvío de recursos públicos. Se detectaron ejemplares inexistentes que fueron facturados pero nunca plantados en el parque regiomontano. Este esquema involucra directamente a Reforestación Extrema, organización señalada por reportar la compra de árboles de gran tamaño que no aparecen en los censos físicos realizados actualmente por especialistas.
Irregularidades Detectadas En La “Regeneración” De La Alameda
La auditoría periodística realizada en el emblemático paseo de Monterrey expuso una disparidad alarmante entre lo pagado y lo ejecutado. Según los registros oficiales, la asociación civil Reforestación Extrema, dirigida por Cosijoopii Montero, reportó la adquisición de 147 ejemplares de 15 pulgadas de diámetro. Sin embargo, tras inspecciones de campo, se confirmó que tales dimensiones no corresponden a la realidad de las nuevas plantaciones en la zona.
El costo unitario de estos ejemplares se fijó en $177 mil 800 pesos, lo que suma una inversión teórica de $26.1 millones de pesos. A pesar del alto presupuesto, el censo detallado evidencia que los ejemplares más costosos simplemente no existen en el inventario actual del parque. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre el destino final de los recursos estatales asignados para la reforestación urbana.
Por otro lado, se detectó que los pocos árboles que sí cumplen con las medidas de 15 pulgadas ya se encontraban en el sitio desde hace años. Mediante el uso de herramientas digitales y archivos fotográficos previos, se corroboró que estos activos forestales no forman parte de la reciente reforestación. El reporte de gastos presenta anomalías que superan los $26 millones de pesos, dejando en evidencia la nula transparencia institucional.
Mal Manejo De Recursos Del Estado Y Reforestación Extrema
El esquema de financiamiento permitió que la organización operara con una libertad inusual frente a las normativas de transparencia vigentes. Gracias a un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente estatal, las compensaciones ambientales de empresas privadas se entregaron directamente a la asociación civil. Este mecanismo evitó que el capital pasara por la Tesorería estatal, facilitando un manejo discrecional de los cuantiosos fondos recibidos.
Durante casi dos años, tanto la asociación como las autoridades estatales negaron el acceso a la información detallada de los gastos ejecutados. El argumento principal fue que se trataba de recursos privados, a pesar de tener un fin público y comunitario evidente. Fue hasta finales de 2025 cuando, tras múltiples solicitudes de transparencia, se liberaron más de dos mil facturas que permitieron identificar inconsistencias.
La falta de rendición de cuentas ha sido el factor clave para ocultar la ausencia de la vegetación facturada originalmente. Entre la documentación obtenida, se encontraron facturas de empresas vinculadas entre sí que concentraron la mayor parte de los pagos realizados. Este entorno de opacidad permitió que el concepto de árboles inexistentes se materializara en los reportes financieros sin una contraparte física verificable.
Facturación Inflada Dentro Del Fraude De Reforestación Extrema
Las empresas Arbolmax y Viveros Regionales, pertenecientes al mismo grupo familiar, son las principales proveedoras señaladas en este caso de corrupción. Estas compañías emitieron dieciocho facturas relacionadas específicamente con los ejemplares de 15 pulgadas que no han sido localizados en el área. La suma total facturada por estas entidades durante el periodo crítico de la regeneración asciende a más de 43 millones de pesos.
Además de la supuesta compra de vegetación, se incluyeron servicios de mantenimiento con costos elevados que levantan sospechas adicionales. Por ejemplo, se reportó el suministro de 144 pipas de agua con un precio cercano a los $14 mil pesos por unidad. Estos gastos complementarios inflaron el presupuesto total del proyecto mientras la calidad y cantidad de la reforestación permanecían muy por debajo de lo prometido.
El análisis de los reportes trimestrales indica que la organización priorizó la compra de ejemplares pequeños para otros sectores, pero concentró el gasto mayor en la Alameda. Al no existir una supervisión técnica rigurosa por parte del Estado, se validaron documentos por activos que nunca llegaron a su destino. La discrepancia entre las facturas y la realidad física constituye una falta grave.
El Impacto Ambiental Ante El Fraude De Reforestación Extrema
La Alameda es uno de los pulmones más importantes de la ciudad, cubriendo aproximadamente seis hectáreas de terreno. Actualmente cuenta con poco más de 600 árboles, de los cuales una parte considerable son ejemplares antiguos o monumentales. La intervención técnica debía transformar este espacio, pero los resultados físicos muestran una realidad distinta a la narrativa planteada por los directivos.
De los ejemplares nuevos contabilizados, la gran mayoría posee diámetros pequeños, lejos de las 15 pulgadas facturadas con precios de lujo extremo. Esta diferencia no es solo económica, sino ecológica, ya que los beneficios ambientales de un árbol joven son menores a los de uno maduro. La ausencia de los ejemplares de gran porte comprometidos significa una pérdida directa en la capacidad de mitigación.
El proyecto ha dejado una estela de dudas sobre la ética. Mientras la ciudadanía exige más áreas verdes y mejores servicios, los recursos destinados a este fin parecen haberse diluido en transacciones irregulares. La recuperación del parque sigue siendo una tarea pendiente que ahora carga con el peso de una investigación administrativa.
