La administración estatal de Nuevo León enfrenta una nueva y grave acusación que pone en entredicho su integridad institucional. La empresa Matrimar ha denunciado públicamente un esquema de extorsión operado desde el gobierno de Samuel García, señalando que las recientes clausuras a sus instalaciones son una represalia directa por negarse a realizar pagos millonarios ilegales.
Bajo el lema de “cooperas o cuello”, la política ambiental del estado parece haberse convertido en una herramienta de presión económica contra el sector productivo.
Clausuras Nocturnas Como Mecanismo De Presión Política
La madrugada del pasado martes, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente irrumpieron en las instalaciones de Matrimar para imponer sellos de clausura a la 1:00 AM. Según la firma dedicada a la extracción de materiales, esta acción legal ocurrió apenas unos días después de que rechazaran exigencias económicas injustificadas por parte de funcionarios estatales.
La empresa calificó el operativo como un acto de “extorsión disfrazada de acoso institucional”, dejando claro que el uso de la fuerza pública se está desviando para fines recaudatorios fuera de la ley.
🚨 FUERTE SEÑALAMIENTO EN N.L.
— Arturo Rodríguez (@Arturo_Rdgz) February 11, 2026
La empresa MATRIMAR denuncia que el gobierno de @samuel_garcias le habría solicitado pagos millonarios para operar. Al negarse, fueron clausurados durante la madrugada. El conflicto suma más de un año sin resolverse.https://t.co/7XxOLvgAGw pic.twitter.com/iteWQ5gsUY
Certeza Jurídica Frente Al Acoso Del Gobierno De Samuel
A pesar de las constantes acusaciones de daño ambiental en la Sierra de Picachos, Matrimar sostiene que su operación es legal y cuenta con todos los permisos y auditorías vigentes. De hecho, la reactivación reciente de sus actividades se logró gracias a una suspensión definitiva otorgada por tribunales federales, lo que demuestra que el Poder Judicial ha tenido que intervenir para frenar los abusos de autoridad de la administración naranja.
Sin embargo, el gobierno estatal insiste en ignorar los amparos para continuar con su estrategia de hostigamiento.
Impacto Social Y Riesgo Para Cientos De Familias Regiomontanas
La batalla legal entre la pedrera y el Ejecutivo no solo afecta a los accionistas, sino que pone en riesgo el sustento de la comunidad local. Más de 500 familias dependen directamente de las operaciones de Matrimar para subsistir, y el cierre arbitrario de la planta representa un golpe directo a la economía del noreste de Nuevo León.
Es alarmante que el gobierno de Samuel García priorice la presión política sobre la estabilidad laboral de cientos de trabajadores que hoy viven en la incertidumbre por estos “caprichos” de poder.
¡El colmo de la "Nueva" política! 🍊 Mientras Samuel presume legalidad, la empresa Matrimar denuncia que le pidieron millones por fuera. Como no pagaron, Samuel les mandó clausurar a la 1:00 AM.
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) February 13, 2026
¿Protegen solo sus bolsillos con moches?
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Cámaras Empresariales Alertan Sobre Un Clima De Hostilidad Industrial
El caso de Matrimar no es un evento aislado en la entidad. Organismos como Coparmex y la Confederación de Cámaras Industriales han manifestado su preocupación ante lo que perciben como una persecución fiscal y administrativa. El sector empresarial de Nuevo León advierte que el aumento de impuestos y las presiones regulatorias desincentivan la inversión, creando un entorno donde la competitividad se ve sacrificada por la ambición recaudatoria del estado.
La comunidad productiva exige que cese el uso de amenazas basadas en ilegalidades para financiar los proyectos personales del gobernador.
Justicia O Recaudación: El Dilema Del Nuevo Nuevo León
La insistencia del estado por reabrir investigaciones cerradas y aplicar sanciones sin fundamento jurídico apunta a una estrategia de “plata o clausura”. Mientras Samuel García presume legalidad en sus discursos, la realidad en los tribunales revela un patrón de acoso institucional contra quienes no ceden a sus pretensiones económicas.
Los neoloneses merecen una explicación clara sobre por qué su “nueva política” ha resultado en prácticas que el sector industrial identifica como métodos mafiosos de gestión pública.
