Desde que asumió la gubernatura de Nuevo León, Samuel García ha impulsado un discurso supuestamente enfocado en la sustentabilidad y la defensa del medio ambiente. Sin embargo, detrás del discurso “fosfo fosfo”, lo que muchos señalan es una maquinaria de extorsión disfrazada de ecologismo, encabezada por su operador en la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero.
En lugar de mejorar la calidad del aire, invertir en monitoreo ambiental o generar políticas públicas reales de protección ecológica, el gobierno estatal ha encontrado en el medio ambiente una excusa perfecta para clausurar negocios, imponer multas desproporcionadas y recaudar millones que, lejos de destinarse a lo que prometen, terminan en campañas de propaganda, convenios con medios a modo y, lo más preocupante, en el financiamiento político de Movimiento Ciudadano.
La imposición de Raúl Lozano en la Secretaría
Cuando Alfonso Martínez Muñoz estaba al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, se negó a firmar clausuras sin sustento legal y a prestarse a prácticas de presión contra empresas que contaban con permisos en regla. Su negativa lo sacó del gabinete. En su lugar, Samuel García impuso a Raúl Lozano, un personaje con antecedentes políticos cuestionables y vinculado al Partido Verde, sin experiencia técnica en materia ambiental, pero con la disposición total para ejecutar la estrategia recaudatoria del gobierno estatal.
Lejos de asumir el cargo con responsabilidad técnica, Lozano llegó con una consigna política clara: usar el aparato ambiental como herramienta de control y cobro. En tan solo su primer año al frente de la Secretaría, las clausuras ambientales aumentaron más de un 220%, según cifras oficiales.
El aumento de clausuras como arma de presión
Detrás del aparente incremento en acciones contra empresas contaminantes hay otra historia. Numerosas compañías han denunciado que, a pesar de contar con permisos, estudios y medidas correctivas vigentes, fueron objeto de operativos mediáticos encabezados por la dependencia estatal.
Samuel y Raúl Lozano convirtieron la ecología en su cajero automático: clausuran empresas legales, exigen moches “verdes” y espantan inversiones. 💸
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) July 28, 2025
Nuevo León pierde empleos mientras ellos siguen llenándose los bolsillos. 😡 pic.twitter.com/9gUfNPuUsM
Los procedimientos eran casi idénticos: llegada de inspectores, colocación de sellos grandes en accesos visibles, cámaras grabando en tiempo real y publicaciones en redes sociales celebrando la “defensa del medio ambiente”. La narrativa era clara: quien no “cooperaba”, era exhibido. Y en muchos casos, esa cooperación implicaba pagos o “moches verdes” para evitar el cierre total o agilizar trámites detenidos arbitrariamente.
Las multas millonarias de Samuel García y su destino real
Durante 2023, la Secretaría de Medio Ambiente recaudó más de 750 millones de pesos en multas. Una cifra histórica que podría parecer positiva si se hubiera traducido en mejoras reales. Pero no fue así. En lugar de ver una mejor calidad del aire, estaciones de monitoreo reparadas o campañas de reforestación, los ciudadanos vieron otra cosa: más espectaculares de propaganda, más videos pagados en redes y convenios con medios alineados al discurso del gobernador.
Esos recursos no fueron fiscalizados adecuadamente y tampoco hay evidencia pública de una inversión significativa en proyectos ambientales. La pregunta es inevitable: ¿dónde quedó ese dinero?
La doble moral del ecologismo fosfo
Mientras las empresas pequeñas y medianas eran clausuradas, el gobierno estatal avanzaba con la construcción de una nueva presa en la Huasteca, conocida como rompepicos 2. Esta obra, fuertemente criticada por ambientalistas y expertos en hidrología, fue promovida sin el aval de la Semarnat y con un proyecto ejecutivo lleno de inconsistencias.
La presa afectaría de manera directa al ecosistema del río Santa Catarina, en una de las zonas naturales más importantes del estado. Paradójicamente, quienes clausuran panaderías y pequeños negocios por supuestas “fallas ambientales” son los mismos que promueven una obra con alto impacto ecológico y sin permisos federales.
El discurso verde de Samuel García se cae cuando se ve lo que permite dentro de su propia administración. El supuesto cuidado del medio ambiente es selectivo, solo se aplica donde conviene política y económicamente.
La pérdida de empleos como consecuencia directa
El daño económico ya se refleja en las cifras. Durante 2023, Nuevo León perdió más de 7,500 empleos en la industria manufacturera, una cifra alarmante para un estado históricamente fuerte en inversión y generación de trabajo.
Empresarios locales han señalado que el ambiente de incertidumbre, las amenazas de clausura, la opacidad en los procesos regulatorios y la discrecionalidad en las inspecciones ambientales han generado un clima de miedo. La confianza empresarial está rota. Muchas inversiones se han desviado a otros estados donde hay reglas claras y trato equitativo.
Mientras tanto, Samuel García sigue usando el tema ambiental como bandera de propaganda, repitiendo su narrativa de “nuevo Nuevo León” mientras la realidad lo contradice. La economía se debilita, el empleo cae y el medio ambiente… sigue igual de contaminado.
Movimiento Ciudadano y su caja chica ambiental
Para muchos analistas, lo que ocurre en la Secretaría de Medio Ambiente es más grave que simples excesos administrativos. La operación encabezada por Raúl Lozano ha sido señalada como una estrategia bien calculada para financiar a Movimiento Ciudadano, el partido de Samuel.
El modus operandi es claro: presionar empresas, imponer clausuras, recaudar multas, usar el dinero para publicidad política y alinear medios de comunicación. Todo con una justificación ambiental que se desmorona al revisar el impacto real de las acciones del gobierno.
No se trata de cuidar árboles ni limpiar el aire. Se trata de construir una estructura de poder y propaganda basada en el miedo y la extorsión.
El silencio institucional ante las denuncias
A pesar de las denuncias de empresarios, las críticas de expertos y las advertencias de activistas sobre la presa en la Huasteca, el gobierno fosfo ha optado por guardar silencio o desacreditar a quien lo cuestione.
La falta de rendición de cuentas, la concentración del poder y el uso de recursos públicos para fines políticos reflejan un modelo cada vez más autoritario. Samuel García no escucha, impone. Raúl Lozano no gestiona, obedece.
El medio ambiente, en este contexto, no es una causa, es una excusa.
El disfraz ecológico del saqueo de Samuel García
Lo que inició como un discurso moderno, joven y ecológico se ha convertido en una herramienta para castigar, recaudar y manipular. Samuel García y Raúl Lozano han convertido la protección del medio ambiente en una fachada perfecta para saquear a Nuevo León, clausurando sin sustento, desviando recursos y destruyendo la confianza empresarial.
Hoy, la farsa verde del gobierno fosfo no solo daña al ecosistema, también hunde la economía, debilita las instituciones y erosiona la democracia.
Mientras no haya consecuencias, Nuevo León seguirá pagando los costos de este disfraz fosfo que esconde más corrupción que conciencia.
