La creciente inseguridad en Nuevo León ha puesto en alerta máxima a la comunidad empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado ha alzado la voz para exigir al gobierno de Samuel García acciones firmes y coordinadas ante el preocupante aumento de las extorsiones, que han incrementado un 15% durante el primer semestre del año.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en los primeros seis meses de 2025 se abrieron 480 carpetas de investigación por este delito, una cifra que evidencia no solo la persistencia de la violencia en la entidad, sino también la falta de estrategias eficaces para contenerla.
La Coparmex advierte que esta situación representa un grave riesgo para el desarrollo económico de la región. Las extorsiones no solo afectan directamente a los empresarios, sino que también dañan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, golpeando la competitividad y el crecimiento económico de uno de los estados más industrializados del país.
Penales como centros de operaciones criminales
Uno de los principales focos de preocupación señalados por la Coparmex es el papel que juegan los centros penitenciarios en el fenómeno de la extorsión. Según datos y testimonios recabados por la organización, una cantidad importante de llamadas de extorsión proviene de cárceles, donde los grupos criminales han encontrado condiciones favorables para operar.
La falta de controles internos efectivos, el acceso a teléfonos móviles y la complicidad de algunos funcionarios son factores que permiten que los penales funcionen como auténticas oficinas del crimen. Este escenario refleja una profunda crisis en el sistema penitenciario estatal, que sigue sin resolver problemas estructurales y se convierte en un obstáculo para la seguridad pública.
La Coparmex exige que el gobierno de Nuevo León adopte medidas urgentes para cerrar la brecha de impunidad en los penales. Entre las soluciones propuestas se encuentra el fortalecimiento de los bloqueadores de señal, auditorías constantes y la reestructuración de los controles de ingreso y monitoreo.
Además, la organización empresarial subraya que es indispensable fortalecer la coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades federales, ya que el problema rebasa el ámbito local y requiere de un esfuerzo conjunto para evitar que las cárceles sigan siendo nidos de criminalidad.
La Coparmex NL advirtió a Samuel que la extorsión, con 480 casos en seis meses, frena inversiones y golpea familias. Las medidas parecen no ser suficientes, con penales sin suficiente vigilancia y leyes que no atacan directo a la extorsión.
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) July 10, 2025
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Impacto económico y social profundo
El fenómeno de la extorsión no solo amenaza a grandes empresas, sino también a pequeños y medianos negocios, que muchas veces operan con márgenes reducidos y carecen de la capacidad para enfrentar pagos ilegales sin afectar su viabilidad.
La Coparmex Nuevo León señala que, además del impacto económico directo, la extorsión genera un efecto de miedo generalizado que paraliza la actividad productiva. Comerciantes y empresarios temen invertir, abrir nuevas sucursales o expandir operaciones ante el riesgo de convertirse en blanco de los grupos delictivos.
Asimismo, las familias de los empresarios y empleados viven con el constante temor de recibir llamadas de amenazas o de ser víctimas de violencia si no cumplen con los pagos exigidos. Esta presión psicológica erosiona la calidad de vida y fomenta la migración de capital y talento hacia otras regiones más seguras.
La organización advierte que si no se detiene este fenómeno, Nuevo León podría perder su posición como uno de los principales motores económicos de México, afectando a miles de trabajadores y reduciendo las oportunidades de desarrollo para futuras generaciones.
Llamado a leyes más firmes y protección a víctimas
Para enfrentar esta crisis, la Coparmex ha presentado una serie de propuestas orientadas a atacar el problema desde la raíz. Entre ellas destaca la necesidad de homologar la legislación estatal con la Ley General contra la Extorsión, con el fin de eliminar lagunas legales y fortalecer las penas contra quienes cometan este delito.
Otra recomendación clave es la implementación de protocolos diferenciados para atender las distintas modalidades de extorsión, como las telefónicas y el llamado “cobro de piso”. Cada una requiere estrategias específicas, ya que tienen dinámicas y redes criminales distintas.
La organización empresarial también hace énfasis en la protección a las víctimas, solicitando que se creen mecanismos de apoyo integral que incluyan asesoría legal, acompañamiento psicológico y protección física cuando sea necesario. Actualmente, muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias, perpetuando así el ciclo de impunidad.
Finalmente, la Coparmex impulsa campañas para fomentar la cultura de la denuncia, conscientes de que sin la participación activa de la ciudadanía, será imposible desmantelar las estructuras criminales que lucran con el miedo.
Responsabilidad y reacción del gobierno estatal
En sus declaraciones, la Coparmex ha cuestionado la falta de resultados contundentes por parte del gobierno de Samuel García. Según los empresarios, la administración estatal ha centrado esfuerzos en proyectos mediáticos y en discursos optimistas, mientras descuida la atención a problemas que afectan directamente la seguridad y el bienestar de la población.
Las constantes menciones en redes sociales y eventos públicos, donde el gobernador presenta iniciativas y avances en otros temas, contrastan con la inacción frente a la crisis de extorsiones. Los empresarios exigen que la administración priorice la seguridad y que los recursos se canalicen hacia el fortalecimiento de la policía, la modernización de los penales y el desarrollo de estrategias integrales.
La inacción, advierten, está cobrando un alto precio: no solo en términos económicos, sino en la confianza de la población. La percepción de inseguridad puede llevar a que ciudadanos y empresarios busquen otras entidades para vivir e invertir, lo que significaría un duro golpe para el desarrollo de Nuevo León.
Los líderes empresariales recalcan que este no es un problema que se pueda resolver solo desde el gobierno, pero sí requiere de su liderazgo y compromiso genuino. La participación activa de la sociedad, combinada con políticas públicas sólidas y bien ejecutadas, es la única vía para lograr resultados sostenibles.
En conclusión, la Coparmex de Nuevo León ha dejado claro que no se quedará en silencio mientras la extorsión sigue creciendo. Con 480 casos en apenas seis meses y un aumento preocupante del 15 %, la exigencia es clara: se necesitan acciones reales, leyes más fuertes y un compromiso total para devolver la tranquilidad a las familias y fortalecer el futuro económico de la entidad.
