En medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano, el diputado Glen Villarreal Zambrano vuelve a ser señalado por colectivos ciudadanos que exigen una revisión a fondo de su actividad como funcionario. La más reciente denuncia lo acusa directamente de simular acciones ambientales y de utilizar fondos públicos para alimentar su imagen en redes sociales, disfrazando propaganda de activismo ecológico.
La polémica se intensifica con la aparición de una segunda denuncia relacionada con una empresa fantasma, presuntamente utilizada para desviar 20 millones de pesos con la participación de prestanombres. Estos casos, que han sido impulsados por activistas como José Múzquiz Zermeño e Ignacio Alvarado, colocan nuevamente en el centro del debate la transparencia en el ejercicio público y la credibilidad del discurso ambiental en la política local.
La denuncia que desató la controversia Contra Glen Villarreal
El jueves pasado, José Múzquiz Zermeño, activista social e integrante del colectivo Resistencia Social Nuevo León, acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia penal contra quienes resulten responsables por el presunto uso de recursos públicos con fines de promoción personalizada.
La denuncia menciona expresamente a Glen Alan Villarreal, quien, de acuerdo con el documento, habría simulado inspecciones ambientales que no le corresponden legalmente. Estas acciones, posteriormente convertidas en publicaciones digitales, muestran al legislador como un actor clave en la defensa del medio ambiente, aunque no existan pruebas de atribuciones oficiales o resultados verificables detrás de dichas actividades.
Según el colectivo, este tipo de simulación no solo genera desinformación, sino que representa un engaño a la ciudadanía, al utilizar recursos institucionales y plataformas digitales con fines ajenos al servicio público.
Una estrategia ambiental con fines personales
Las acciones denunciadas tienen un patrón claro: eventos públicos donde Villarreal aparece “clausurando” empresas contaminantes, acompañado de mensajes en redes sociales que promueven su imagen como defensor del entorno. Sin embargo, la facultad de inspección ambiental recae en otras autoridades, no en el Congreso.
Esto ha llevado a cuestionamientos no solo sobre la legalidad de estas intervenciones, sino también sobre el origen de los recursos empleados para difundirlas. Los activistas plantean que el dinero usado para estas campañas digitales podría venir de fondos públicos, lo que constituiría un uso indebido del erario con fines electorales.
“El medio ambiente no debe ser una herramienta para promocionarse políticamente. Exigimos transparencia y responsabilidad”, declaró Múzquiz Zermeño.
Cuando el discurso ecológico se vuelve marketing político
Uno de los puntos más críticos de esta situación es cómo el discurso ecológico ha sido adoptado por diversos funcionarios como un recurso comunicativo con alta rentabilidad política. En este caso, la preocupación ambiental parece haber sido convertida en una narrativa personalizada, sin sustento técnico, sin planes de seguimiento y sin resultados concretos.
Desde Resistencia Social, se insiste en que la verdadera lucha ecológica no puede ser secuestrada por campañas mediáticas vacías ni ser parte de una estrategia de imagen. La denuncia busca visibilizar esta práctica y llevarla al terreno legal.
“No queremos shows, queremos acciones reales”, enfatizó el colectivo en un comunicado.
Glen Villarreal Acumula Otra denuncia
Además de la acusación presentada por Múzquiz Zermeño, también existe otra querella legal impulsada por el activista Ignacio Alvarado. En ella, se detalla una presunta operación fraudulenta relacionada con la empresa Telerma, una razón social utilizada como fachada para mover fondos del presupuesto estatal a cuentas particulares.
El caso involucra a Glen Villarreal y a tres funcionarios adicionales. Según la denuncia, 20 millones de pesos habrían sido desviados con ayuda de prestanombres: una trabajadora de fábrica y una vendedora de paletas, cuyas identidades fueron utilizadas sin que ellas tuvieran participación directa en los contratos asignados.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Villarreal no enfrenta sanción alguna y ha sido registrado como diputado suplente por Movimiento Ciudadano. Esta situación ha generado indignación entre distintos sectores sociales que exigen justicia.
🔊🚨 El activista Ignacio Alvarado volvió a denunciar públicamente la impunidad del ahora diputado Glen Zambrano. El ex titular de Parques y Vida Silvestre sigue pendiente de juicio por los desvíos y contratación de una empresa fantasma cuando estaba en Comunicación del estado. pic.twitter.com/CTsBmawWcd
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) July 17, 2025
Silencio del Gobierno de Samuel García
Tanto el gobierno de Samuel García como las autoridades estatales han guardado silencio ante estas denuncias. La Fiscalía de Nuevo León, ahora con conocimiento formal de los hechos, deberá analizar si existen elementos suficientes para abrir una investigación.
Por su parte, los colectivos sociales piden que no se minimicen las acusaciones.
“Se trata del uso de dinero que pertenece al pueblo. No se puede permitir que se normalice la corrupción con pretextos ambientalistas”, expresó Alvarado.
El caso ha encendido las alertas entre otros activistas, académicos y líderes comunitarios, que han comenzado a documentar otras posibles prácticas similares en distintos niveles de gobierno.
Glen Villarreal y el uso de las redes sociales
Uno de los aspectos más relevantes de esta denuncia es el uso de redes sociales como espacio para difundir contenido político disfrazado de trabajo legislativo o social. Las publicaciones que muestra Glen Villarreal suelen tener alta circulación, están bien producidas y suelen generar simpatía entre ciertos públicos.
Sin embargo, al ser financiadas posiblemente con dinero público, estas estrategias entrarían en conflicto con la ley electoral y con las normas de transparencia gubernamental.
Los denunciantes piden una auditoría independiente para rastrear el origen de estos fondos y deslindar responsabilidades.
La delgada línea entre simulación y delito
Simular actividades públicas para ganar popularidad podría parecer solo una falta ética. No obstante, si se demuestra que estas acciones se han financiado con recursos del estado, estaríamos hablando de un delito electoral con consecuencias penales.
En este sentido, los colectivos subrayan que el verdadero problema es la normalización del engaño, la falta de consecuencias y el uso cínico de causas sociales para beneficio personal.
“La defensa del medio ambiente no se usa para subir likes, se usa para salvar vidas”, afirmaron en conferencia de prensa.
¿Se abrirá la puerta a una investigación contra Glen Villarreal?
Ahora que ambas denuncias están sobre la mesa, la presión pública se centra en las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La Fiscalía del Estado tendrá que determinar si existen suficientes elementos para judicializar los casos o si quedarán, como otros tantos, archivados por falta de voluntad política.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la espera de respuestas, transparencia y un compromiso real con las causas que afectan a todos.
Un caso que simboliza una crisis más profunda
El caso Glen Villarreal es un ejemplo de cómo las estructuras de poder político pueden camuflar prácticas cuestionables bajo discursos aceptables. En este caso, la narrativa ecológica se convierte en escudo, y la figura del “diputado ambiental” se usa como marca personal.
Pero lo que está en juego es mucho más que una imagen: es la credibilidad de las instituciones, la legalidad del uso de fondos públicos y la integridad del discurso ecológico. Si se permite este precedente, otros actores podrían replicar el modelo, afectando la lucha auténtica contra la crisis ambiental que enfrenta Nuevo León.
La presión sigue creciendo contra Movimiento Ciudadano
Mientras las denuncias avanzan lentamente en lo legal, en las redes y en la calle se intensifica la exigencia de justicia. La ciudadanía observa, documenta y denuncia. Y lo que antes parecía un escándalo aislado, hoy se ve como parte de una estrategia sistemática de Movimiento Ciudadano y Glen Villarreal.
Este caso no es solo sobre un legislador, sino sobre cómo se decide usar el poder y el dinero público en tiempos donde la verdad, el medio ambiente y la justicia deberían ir de la mano.
