Exigen Transparencia Al Gobierno de Samuel
En Nuevo León, la contaminación ambiental no da tregua. Sin embargo, en medio de cifras alarmantes sobre la calidad del aire, la recaudación del impuesto verde ha sufrido una caída inesperada. Esta contradicción ha generado inquietud entre legisladores locales, quienes ahora exigen al gobierno de Samuel García una explicación clara y pública.
La reducción en la recaudación de este impuesto, cuya finalidad es combatir y mitigar el impacto ambiental provocado por industrias contaminantes, ha encendido las alertas. ¿Cómo es posible que en el año con los peores niveles de contaminación en cinco años, se haya reportado una baja del 10 por ciento en lo que se cobra por contaminar?
Un impuesto supuestamente diseñado para proteger el medio ambiente
El impuesto verde fue concebido como una medida de responsabilidad ecológica. Su objetivo es incentivar a las empresas a reducir sus emisiones contaminantes, haciéndolas pagar por el impacto que generan en el medio ambiente. Este gravamen es especialmente relevante en una ciudad como Monterrey, que ha enfrentado múltiples contingencias ambientales, con altos niveles de ozono y partículas PM10 y PM2.5.
En teoría, mientras la contaminación aumente, la recaudación de este impuesto debería subir también, ya que más actividades contaminantes deberían estar sujetas al cobro. Pero en 2024, a pesar de los picos en la mala calidad del aire, los ingresos por este concepto cayeron un 10%.
La alerta del Congreso local
Ante esta situación, diputados locales de distintas fracciones legislativas han levantado la voz. Argumentan que no solo hay una contradicción entre los niveles de contaminación y la baja recaudación, sino que también falta claridad sobre cómo se está aplicando el impuesto y a quiénes se les está cobrando.
El legislador Carlos de la Fuente cuestionó directamente: “Hay que ver en dónde se está registrando la baja, si es la contaminación por extracción de caliza, por la contaminación del suelo o del aire… y también saber cuáles empresas habían estado pagando y cuáles dejaron de pagar o no se les cobra”.
Por su parte, Mauro Guerra, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, señaló que el problema central es la falta de transparencia: “El común denominador en el impuesto verde es la falta de certidumbre, de transparencia y de claridad en cuanto a quiénes se les cobra y para qué se está usando lo recaudado”.
¿A quién se está beneficiando?
Uno de los puntos más polémicos es la posible discrecionalidad en el cobro del impuesto. Hay dudas sobre si algunas empresas con fuertes vínculos políticos o económicos están recibiendo trato preferencial, quedando fuera del padrón de contribuyentes del impuesto verde.
Aunque no se han revelado nombres, los legisladores han pedido a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Tesorería estatal que presenten un listado claro de empresas, el monto que han pagado y los criterios usados para determinar la exención o inclusión en el cobro.
Estas sospechas no son nuevas. En años anteriores ya se habían planteado cuestionamientos sobre opacidad en la aplicación del impuesto, pero ahora, con el deterioro evidente de la calidad del aire y la reducción de ingresos, la presión política ha escalado.
Samuel García en silencio
El gobernador Samuel García no ha emitido declaraciones al respecto, lo que ha sido criticado tanto por la oposición como por organizaciones civiles. La falta de una postura oficial ha sido interpretada como una evasión frente a una crisis de salud ambiental que impacta a miles de regiomontanos todos los días.
Este silencio ha sido aún más cuestionado dado el historial del mandatario, que en sus primeros años de gobierno solía presentarse como un defensor del medio ambiente y de la transparencia. Sin embargo, conforme han avanzado los meses, el discurso ha cambiado y los compromisos ambientales parecen haberse quedado en el camino.
Impacto social: los ciudadanos pagan el costo
Mientras tanto, los efectos de esta situación se sienten en la vida diaria. Monterrey y su área metropolitana han experimentado días consecutivos con mala calidad del aire, y se han emitido alertas ambientales que recomiendan evitar actividades al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
En zonas como San Nicolás, Apodaca, Santa Catarina y Guadalupe, se han registrado niveles de contaminación por encima de los límites recomendados por la OMS. Y aunque el gobierno de Nuevo León insiste en que está tomando medidas, los resultados son escasos y la población comienza a mostrar signos de hartazgo.
¿Dónde está el dinero recaudado?
Otra de las exigencias de los diputados es saber en qué se ha usado el dinero del impuesto verde. Se supone que este recurso debe destinarse a proyectos de mitigación, vigilancia ambiental, reforestación y monitoreo de emisiones.
Sin embargo, no se ha presentado ningún informe detallado sobre los resultados obtenidos o los proyectos financiados con esta recaudación. Tampoco hay evidencia de una estrategia integral para combatir la contaminación con recursos del propio impuesto.
Esta falta de rendición de cuentas alimenta la percepción de que los recursos podrían estar siendo desviados o mal utilizados, algo que el gobierno estatal debería desmentir con pruebas contundentes, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Urge una auditoría independiente
Diversas voces dentro del Congreso y de la sociedad civil han propuesto que se realice una auditoría independiente al impuesto verde. Esta auditoría podría revelar si hay irregularidades en el cobro, si se está favoreciendo a ciertos sectores y si los recursos están siendo utilizados correctamente.
El tema no es menor. La salud pública, el medio ambiente y la confianza en las instituciones están en juego. En un contexto en el que la ciudadanía exige mayor transparencia, las omisiones del gobierno pueden tener consecuencias políticas severas.
La presión seguirá creciendo
Todo indica que este tema no desaparecerá pronto. Los partidos de oposición ya han adelantado que incluirán la revisión del impuesto verde en sus agendas, y es probable que organizaciones ambientales también aumenten su presión pública.
De igual forma, la ciudadanía se ha volcado a redes sociales para denunciar la situación, compartir imágenes del cielo contaminado y exigir acciones inmediatas al gobierno de Samuel García.
¿Quieres saber más sobre el tema?
Si quieres conocer más detalles sobre la caída del impuesto verde, la contaminación en Monterrey y los cuestionamientos al gobierno estatal, te invitamos a seguir leyendo nuestras publicaciones y análisis diarios sobre el medio ambiente y la política en Nuevo León.
