Protestas contra el tarifazo desatan una ola de inconformidad
La inconformidad ciudadana por el tarifazo al transporte público en Nuevo León ha dejado de ser solo un tema de conversación para convertirse en una causa de movilización social. En medio de este contexto, la detención de Luis Castillo, un manifestante de 38 años que participó en una protesta contra el alza de tarifas, ha encendido aún más los ánimos.
El pasado sábado, Castillo fue detenido por elementos de Fuerza Civil, acusado de agredir a agentes durante una protesta. Lo más preocupante del caso, según familiares y colectivos ciudadanos, es que Luis contaba con un amparo vigente que le permitía enfrentar el proceso en libertad, pero aun así fue privado de su libertad.
¿Quién es Luis Castillo y por qué fue detenido?
Luis es un ciudadano que decidió manifestarse en contra del reciente incremento a las tarifas del transporte público, medida ampliamente rechazada por sectores sociales que consideran que no va acompañada de mejoras en el servicio. La protesta en la que participó fue parte de una serie de movilizaciones encabezadas por el colectivo “La Voz de los Usuarios”, conformado principalmente por jóvenes que exigen condiciones más justas y accesibles en la movilidad urbana.
Durante la manifestación, que tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y la policía estatal. Fue ahí donde las autoridades acusan a Luis de causar daños materiales que, según el gobierno estatal, ascienden a más de 200 millones de pesos.
La familia del detenido rechaza estas acusaciones, calificándolas como desproporcionadas e infundadas. Kelly Torres, esposa de Luis, denunció públicamente que el Estado está utilizando estos cargos como una forma de intimidar a quienes se oponen a sus políticas. “No hay pruebas claras, pero sí muchas ganas de silenciarlo”, declaró en una entrevista.
Acusan represión y abuso de poder por parte del gobierno estatal
Organizaciones civiles, activistas y ciudadanos han coincidido en que la detención de Luis Castillo no puede leerse como un hecho aislado. Para muchos, representa un intento del gobierno estatal de Samuel García por disuadir las protestas a través del miedo y el castigo ejemplar.
Desde hace semanas, las voces críticas contra el tarifazo han sido cada vez más visibles. Sin embargo, con este caso, se plantea una preocupación más profunda: la criminalización de la protesta social en Nuevo León.
Los manifestantes han señalado el uso excesivo de la fuerza por parte de Fuerza Civil, cuerpo de seguridad estatal que ha sido cuestionado en diversas ocasiones por su actuar durante manifestaciones pacíficas. “En lugar de dialogar con los ciudadanos, el gobierno responde con detenciones, acusaciones millonarias y despliegue policial”, comentó uno de los jóvenes del colectivo.
Movilizaciones y bloqueos en apoyo a Luis Castillo
La noche del lunes, decenas de personas bloquearon vialidades importantes del norte de Monterrey para exigir la liberación inmediata de Luis Castillo. Las protestas iniciaron en la avenida Rodrigo Gómez y Penitenciaría, frente al Palacio de Justicia, y más tarde se extendieron hacia Fidel Velázquez, donde los manifestantes cerraron los seis carriles que conducen a San Nicolás.
Las consignas fueron claras: “No estamos todos, falta Luis”, “Justicia para Luis”, “Protestar no es un crimen”. La manifestación fue acompañada por pancartas, gritos y una fuerte presencia policial. Pese a los intentos de las autoridades por disuadir la protesta, el contingente se mantuvo firme durante más de dos horas, generando un fuerte congestionamiento vial que provocó intercambios de insultos entre automovilistas y manifestantes.
No obstante, la situación no pasó a mayores. Según reportes locales, elementos de Tránsito de Monterrey y Fuerza Civil dialogaron con los líderes de la protesta, logrando que se liberaran algunos carriles para no colapsar la zona.
Una justicia selectiva y politizada
La gran incógnita es por qué se detiene a un manifestante con amparo judicial vigente, mientras que otras figuras políticas con acusaciones serias de corrupción o mal manejo de recursos continúan en libertad. Este contraste alimenta la percepción de una justicia selectiva en Nuevo León, donde se castiga con dureza al ciudadano común que alza la voz, pero se protege a quienes ostentan el poder.
Además, no deja de llamar la atención la cifra que el gobierno estatal ha presentado como justificación para la acusación: más de 200 millones de pesos en daños. ¿De verdad una protesta ciudadana generó ese nivel de afectación? ¿O se trata de una estrategia para justificar la detención y enviar un mensaje de advertencia?
El silencio del gobernador Samuel García
Mientras las protestas continúan y los medios de comunicación locales cubren el caso, el gobernador Samuel Garcíaha evitado pronunciarse sobre el tema. Esta ausencia de postura oficial ha sido interpretada como una señal de indiferencia ante las preocupaciones ciudadanas.
En redes sociales, la indignación crece. Usuarios exigen explicaciones, justicia y un cambio de rumbo en la manera en que el gobierno estatal enfrenta la crítica social. “No se puede gobernar con miedo ni con policías”, escribió una ciudadana en X (antes Twitter).
La protesta como derecho, no como delito
Más allá del caso específico de Luis Castillo, lo que está en juego es el derecho a la protesta en Nuevo León. La libertad de expresión y de manifestación son pilares fundamentales en cualquier democracia. Cuando el Estado decide atacar estas libertades con el uso de la fuerza y el sistema judicial, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
El tarifazo fue solo el detonante de una molestia acumulada: servicios públicos deficientes, transporte colapsado, corrupción y opacidad en la toma de decisiones. La detención de un ciudadano como respuesta a estas denuncias no solo es inaceptable, sino que marca un grave precedente para el futuro del estado.
¿Qué sigue para el caso Luis Castillo?
Hasta el momento, la situación legal de Luis Castillo sigue sin resolverse. Colectivos, abogados y defensores de derechos humanos preparan recursos legales para exigir su liberación. También han convocado a nuevas movilizaciones y protestas pacíficas en diversas estaciones del Metro y plazas públicas.
Por su parte, el gobierno estatal insiste en que se trata de un procedimiento legal conforme a derecho. Sin embargo, los argumentos presentados y la falta de transparencia en el proceso han generado más dudas que certezas.
Cuando el gobierno teme a la ciudadanía
La represión nunca ha sido una solución sostenible. Los gobiernos que deciden enfrentar la crítica con mano dura, con policías y con acusaciones fabricadas, terminan perdiendo credibilidad y legitimidad. El caso de Luis Castillo representa un punto de inflexión para la sociedad regiomontana, que cada vez está más informada, más conectada y más dispuesta a exigir rendición de cuentas.
En un contexto donde la ciudadanía reclama servicios dignos, transporte eficiente y respeto a sus derechos, el gobierno de Samuel García optó por el camino equivocado: reprimir en lugar de escuchar. Y mientras más ciudadanos como Luis Castillo sean silenciados, más fuerte será el eco de quienes no están dispuestos a callar.
