El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, asegura haber sembrado cerca de 700 mil árboles como parte de su programa de reforestación “Bosques Ciudadanos”. Sin embargo, la falta de información precisa sobre el uso de al menos 270 millones de pesos ha generado serias dudas sobre la transparencia y rendición de cuentas de este proyecto ambiental, que involucra a asociaciones privadas con escasa supervisión pública.
Recursos millonarios sin explicación
Durante una reciente rueda de prensa, el Secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, intentó defender el programa de reforestación ante cuestionamientos por la falta de resultados visibles y la ausencia de informes públicos. En lugar de aclarar cómo se ha ejercido el presupuesto, el funcionario complicó aún más el panorama al revelar que no solo participa la asociación Reforestación Extrema, sino también el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM).
Hasta entonces, Reforestación Extrema era la única entidad conocida públicamente como operadora del programa. La nueva información sobre la participación del FAMM generó más preguntas que respuestas, pues el funcionario no especificó cuántos recursos ha recibido este fondo, cuántos árboles ha plantado ni qué mecanismos existen para garantizar la rendición de cuentas de ambas organizaciones.
¿Qué sabemos de los 270 millones?
De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la asociación Reforestación Extremarecibió al menos 270 millones de pesos hasta noviembre del año pasado. Sin embargo, no existe información pública que aclare en qué se utilizó ese dinero, cuáles fueron los resultados obtenidos ni cómo se midió el impacto de las supuestas plantaciones.
Desde mediados de 2023, Reforestación Extrema no ha publicado ningún informe sobre sus actividades, a pesar de manejar millones de pesos que provienen, en parte, de las aportaciones que el Estado exige a desarrolladores y constructoras para compensar el impacto ambiental de sus proyectos.
Lo más preocupante es que el propio Gobierno del Estado ha sostenido que estos recursos no pueden considerarse fondos públicos, ya que provienen de empresas privadas. Esto les ha permitido eludir los mecanismos de auditoría y fiscalización, dejando a la ciudadanía sin herramientas para exigir cuentas.
Contradicciones y opacidad institucional
Aunque el programa Bosques Ciudadanos promete reforestar un millón de árboles durante el sexenio, las cifras presentadas por el secretario Martínez generan desconfianza. Según él, ya se han plantado 686 mil 709 árboles, de los cuales el 86% (592 mil) fueron colocados por el FAMM en zonas de montaña dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Esto resulta desconcertante, ya que el plan originalmente estaba enfocado en áreas urbanas del área metropolitana, no en zonas protegidas o remotas.
Además, los 94 mil 709 árboles restantes, atribuidos a Reforestación Extrema, también carecen de trazabilidad. No hay mapas detallados, datos georreferenciados ni reportes técnicos disponibles públicamente que permitan verificar esas cifras. Ante las preguntas de los medios sobre este punto, Martínez respondió con evasivas: “Con gusto pasamos esos datos”, dijo, aunque no ofreció plazos ni compromisos claros.
Un esquema que evita la rendición de cuentas
Uno de los aspectos más cuestionados del programa es el convenio firmado el 30 de marzo de 2023 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Reforestación Extrema, cuando Félix Arratia aún dirigía la dependencia. Dicho convenio permite que esta asociación reciba directamente las aportaciones de empresas, sin pasar por las arcas del gobierno estatal.
Este esquema, en apariencia legal, ha sido duramente criticado por fomentar la opacidad. Al evitar que el dinero pase por la tesorería pública, no se consideran recursos públicos, lo que impide aplicar las leyes de acceso a la información y fiscalización.
A pesar de que el gobierno insiste en que las asociaciones participantes tienen “auditorías propias”, no se han hecho públicas ni sus metodologías ni sus resultados. La falta de transparencia se convierte así en una constante: ni el número de árboles, ni su ubicación, ni la supervivencia de los mismos están respaldados por datos verificables.
Pronatura y otras organizaciones sin claridad
Durante su defensa, Alfonso Martínez también mencionó la participación de Pronatura Noreste en la producción de árboles mediante un vivero, así como de la asociación Supera, que trabaja en un tramo del Río Pesquería. Sin embargo, nuevamente evitó decir si estas organizaciones operan bajo el mismo esquema de financiamiento directo y sin fiscalización que Reforestación Extrema y el FAMM.
La mención de más actores en el programa, lejos de generar confianza, amplía el margen de duda. ¿Cuántos recursos ha recibido cada asociación? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Quién supervisa los resultados? Ninguna de esas preguntas fue respondida con claridad.
¿Y los árboles?
Más allá de los números, la pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿dónde están los árboles? Miles de habitantes del área metropolitana de Monterrey aseguran no haber visto cambios significativos en la arborización de sus colonias. Las calles siguen sin sombra, los camellones sin vegetación y los espacios públicos sin mantenimiento.
Si bien el gobierno dice que la mayor parte de los árboles se han sembrado en la sierra, eso contradice el espíritu del programa Bosques Ciudadanos, que se supone está enfocado en mejorar la calidad de vida en zonas urbanas mediante la expansión de áreas verdes.
La desconexión entre el discurso oficial y la experiencia ciudadana alimenta la percepción de que se trata más de una campaña de relaciones públicas que de un esfuerzo ambiental real.
Una administración que rehúye al escrutinio
Este caso no es aislado. A lo largo del actual sexenio, la administración de Samuel García ha sido señalada en múltiples ocasiones por su resistencia a transparentar información, particularmente en temas de gasto público, contratos y convenios.
Desde la contratación de influencers para promover su imagen, hasta los problemas con licitaciones de transporte, el patrón es claro: evitar rendir cuentas, desviar la atención y justificar la falta de información con tecnicismos legales.
La opacidad en el caso del programa de reforestación es aún más grave por el componente ambiental. En un contexto de crisis climática, los recursos destinados a combatir el deterioro ecológico deben ser gestionados con el más alto nivel de transparencia y responsabilidad.
¿Qué exige la ciudadanía?
Distintas organizaciones ambientalistas, así como voces dentro del propio Congreso local, han comenzado a exigir una auditoría completa al programa Bosques Ciudadanos. También solicitan que se hagan públicos los convenios firmados, los informes de actividades y la ubicación precisa de cada una de las plantaciones.
Además, se pide que los fondos que aportan empresas para mitigar el impacto de sus desarrollos sean manejados con criterios de gobierno abierto, sin intermediarios opacos que dificulten el acceso a la información.
Mientras tanto, el gobierno de Nuevo León guarda silencio. Y los 270 millones de pesos, supuestamente destinados a reverdecer el Estado, siguen sin hojas, sin raíces… y sin explicación.
