Los feminicidios en Nuevo León han mostrado un incremento alarmante del 1,132% por ciento durante la última década. Este fenómeno de violencia de género sitúa a la entidad en una posición crítica a nivel nacional según México Evalúa. A pesar de ligeras reducciones recientes, la tendencia acumulada revela que las estrategias estatales han sido insuficientes para proteger a las mujeres.
Feminicidios En Nuevo León Según México Evalúa
El reciente informe titulado Violencia en México 2015-2025 pone bajo la lupa la situación de seguridad que atraviesa el estado. De acuerdo con este análisis, la entidad ocupa el segundo lugar nacional en crecimiento porcentual de este delito. Solo el estado de Guerrero supera la magnitud del alza registrada en territorio nuevoleonés durante el periodo estudiado.
Dicho análisis utiliza la variación en la tasa por cada 100 mil habitantes para ofrecer una visión real. Al medir la incidencia de esta manera, se observa que el problema ha escalado más allá de un simple crecimiento poblacional. Los datos permiten confirmar que la violencia contra las mujeres se ha profundizado de manera estructural en los últimos diez años.
Armando Vargas, coordinador de seguridad en México Evalúa, señaló que este deterioro acumulado es una señal de alerta máxima. Aunque existan variaciones anuales, la comparación contra el año 2015 resulta devastadora para las estadísticas de paz pública. El nivel de riesgo actual para las mujeres en el estado es significativamente superior al de hace una década.
El Análisis De Los Feminicidios Y Su Evolución En La Última Década
La historia estadística de este delito muestra un punto de partida casi inexistente que escaló de forma violenta. En el año 2015, la Fiscalía General de Justicia del Estado reportó únicamente un caso tipificado bajo esta modalidad. Para el año siguiente, la cifra se triplicó, iniciando una tendencia ascendente que no encontró freno durante varios ciclos consecutivos.
A partir de 2017, la curva de violencia comenzó a mostrar registros que preocuparon a las organizaciones civiles y colectivos feministas. La falta de políticas de prevención efectivas permitió que el entorno de seguridad para las mujeres se degradara rápidamente. Este crecimiento sostenido no fue un fenómeno aislado, sino una crisis que se alimentó de la impunidad institucional.
El estudio advierte que la tipificación del delito en 2013 fue un paso legal importante pero no una solución. La ley define el feminicidio como cualquier muerte violenta de una mujer por razones de género en la entidad. Sin embargo, la sola existencia del marco jurídico no ha bastado para contener la ola de agresiones que azota a la población femenina.
Punto Crítico De La Violencia En Nuevo León Durante El 2022
El registro más doloroso para la sociedad nuevoleonesa ocurrió en el año 2022, bajo la actual administración de Samuel. En ese periodo, la Fiscalía contabilizó 102 crímenes clasificados como feminicidios, marcando un máximo histórico sin precedentes. Este pico estadístico dejó en evidencia la vulnerabilidad extrema de las mujeres y la incapacidad de reacción de las autoridades de seguridad.
Tras alcanzar esa cifra crítica, los números comenzaron a mostrar una tendencia a la baja en los años subsecuentes. Durante el 2023 se registraron 73 casos y para el 2024 la cifra descendió a 60 muertes violentas por género. En el último año de reporte, 2025, la cifra oficial se situó en 15 casos, lo que representa un avance en la contención.
Los especialistas de México Evalúa aclaran que estas reducciones parciales no deben generar una falsa sensación de victoria. Al contrastar los 15 casos actuales con el único caso de 2015, el balance sigue siendo negativo y alarmante. La disminución reciente es un paso necesario, pero está lejos de representar una solución definitiva al problema de la violencia letal.
Balance Nacional Sobre La Violencia Y La Seguridad
La situación del estado se inserta en un contexto nacional donde otros delitos letales también muestran variaciones considerables. El informe revisó indicadores como el homicidio doloso, el homicidio culposo y las desapariciones forzadas de personas en todo el país. Nuevo León destaca negativamente por la magnitud del incremento porcentual en la violencia específica contra la mujer.
Además del feminicidio, el estudio incluyó categorías de muertes violentas que son difíciles de clasificar de forma inmediata. Muchas de estas víctimas entran en procesos de investigación prolongados que retrasan la obtención de justicia expedita para las familias. El reto para las instituciones de justicia sigue siendo enorme en cuanto a la capacidad de respuesta y peritaje.
El organismo subraya que el deterioro acumulado durante la década no ha desaparecido con los últimos datos. La sociedad civil demanda que el gobierno de Samuel priorice la seguridad sanitaria y física de sus habitantes por encima de la narrativa política. Mientras el índice actual supere al de hace diez años, la deuda histórica con las mujeres permanecerá vigente.
Desafíos Actuales Ante Los Feminicidios Y La Justicia
Para revertir el daño causado en estos diez años, se requieren propuestas sólidas que fomenten la paz duradera. La contención reciente debe transformarse en una política de estado que erradique las causas raíz de la violencia de género. Solo mediante una coordinación real entre el poder ejecutivo y la fiscalía se podrán ofrecer garantías de vida a las ciudadanas.
La transparencia en el desglose de cifras absolutas por municipio es otra de las tareas pendientes mencionadas por expertos. Conocer las zonas de mayor riesgo permitiría focalizar los recursos de seguridad pública donde más se necesitan actualmente. La prevención no puede ser reactiva, sino que debe anticiparse a los patrones de agresión detectados en este análisis de diez años.
El estado de Nuevo León enfrenta una encrucijada respecto a sus indicadores de violencia letal contra las mujeres. El incremento porcentual del 1,132% es una cifra que obliga a una reingeniería profunda del sistema de protección social. La meta final debe ser el retorno a cifras mínimas y la erradicación total del feminicidio en todo el territorio estatal, priorizando a la ciudadania por encima de los intereses políticos.
