Integrantes de la colectiva Morras Feministas presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez. Según la denuncia, ambos habrían vulnerado su derecho a la libertad de expresión y expuesto información personal tras una protesta contra el aumento de tarifas del transporte público.
La Protesta Que Desató la Controversia
El pasado 6 de enero, integrantes de Morras Feministas participaron en una manifestación en Monterrey contra el incremento en las tarifas del transporte público. Durante esta protesta pacífica, alzaron la voz para exigir medidas más justas y accesibles en el sistema de transporte.
Posteriormente, la colectiva denunció que tanto el gobernador como su esposa utilizaron sus redes sociales, específicamente Instagram, para señalar que las manifestantes estaban vinculadas con partidos políticos opositores. En dichas publicaciones, incluyeron fotografías y nombres de algunas integrantes del colectivo, lo que, según las afectadas, comprometió su seguridad y privacidad.
“Se Vulneró Nuestra Libertad de Expresión”
Leidy López Pecina, representante de Morras Feministas, declaró que estas acciones generaron un ambiente de miedo e inseguridad entre las integrantes del colectivo.
“Se vulneró nuestra libertad de expresión y nuestros datos personales. Esto nos ha afectado psicológicamente, al grado de sentir pánico y miedo de salir a la calle”, expresó López Pecina durante la presentación de la queja.
La activista también subrayó que el uso indebido de sus datos personales y la exposición mediática han generado incertidumbre sobre su seguridad, afectando su derecho a manifestarse libremente sin represalias.
La Denuncia ante la CEDH
El colectivo decidió llevar el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objetivo de que las autoridades intervengan y garanticen la protección de sus derechos. En su denuncia, señalaron que la difusión de información personal por parte de Samuel García y Mariana Rodríguez constituye una grave violación a su privacidad y su derecho a la libre expresión.
“Queremos que las autoridades respeten nuestro derecho a manifestarnos. Esto no es solo un ataque hacia nosotras, sino hacia cualquier persona que quiera alzar la voz por una causa justa”, afirmaron.
Reacciones a la Denuncia
El caso ha generado opiniones divididas en la sociedad. Algunos respaldan la postura del colectivo, subrayando que ninguna autoridad debe exponer datos personales ni desacreditar protestas legítimas. Por otro lado, ciertos sectores defienden al gobernador y su esposa, argumentando que sus declaraciones fueron malinterpretadas.
A pesar de las opiniones encontradas, este caso pone sobre la mesa una cuestión clave: la importancia de garantizar la libertad de expresión y la protección de datos personales en un entorno democrático.
¿Qué Sigue para Morras Feministas?
El colectivo aseguró que continuará con sus esfuerzos para hacer valer sus derechos y pidió a las autoridades correspondientes tomar medidas contra este tipo de situaciones. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de respetar las protestas y no desacreditarlas mediante señalamientos infundados.
“Queremos justicia, pero también queremos que esto sirva como precedente para que ninguna otra persona sea víctima de este tipo de vulneraciones”, concluyó Leidy López.
Reflexión Final
La exposición de datos personales y las acusaciones públicas en redes sociales abren un debate sobre los límites de la autoridad y el respeto a los derechos fundamentales. Este caso sigue siendo monitoreado por organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general.
