En Nuevo León, miles de familias que dependen de los programas sociales del gobierno enfrentan incertidumbre ante el retraso en la entrega de sus ayudas. La Secretaría de Igualdad e Inclusión, dirigida por Martha Herrera, admitió que solo se ha entregado el apoyo correspondiente al mes de enero, dejando un rezago de más de tres meses en los pagos de programas como Hambre Cero, Jefas de Familia, y Personas con Discapacidad.
Programas Sociales Afectados
El programa Hambre Cero, diseñado para combatir la inseguridad alimentaria, ofrece a las familias $800 pesos mensuales, además de apoyo alimentario. Sin embargo, este beneficio no ha llegado desde el último trimestre de 2024, afectando gravemente a las familias en situación de vulnerabilidad. De igual manera, el programa Jefas de Familia, que otorga $500 pesos mensuales a madres solteras, y el apoyo para Personas con Discapacidad, con un monto similar, han visto sus entregas interrumpidas.
En diciembre de 2024, se reportó oficialmente que estos programas habían sido suspendidos por falta de recursos. Esto provocó una ola de críticas hacia el Gobierno estatal, señalando la falta de previsión y gestión en temas prioritarios.
Declaraciones de la Secretaría de Igualdad e Inclusión
En una reciente entrevista, Martha Herrera explicó que “un problema de flujo desde el año pasado” provocó el retraso en los pagos, pero aseguró que los programas ya se han reactivado. Según la funcionaria, el pago correspondiente a enero fue depositado y se está trabajando en un plan para regularizar los apoyos en los próximos meses.
No obstante, estas declaraciones no han calmado las críticas. Muchos beneficiarios denuncian que las promesas del Gobierno no se traducen en soluciones concretas, y cuestionan la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados a los programas sociales.
Críticas a la Administración Estatal
El retraso en las ayudas sociales ha generado una fuerte desaprobación hacia la administración del gobernador Samuel García. Los beneficiarios y organizaciones civiles acusan al Gobierno estatal de no priorizar a las personas más vulnerables, mientras que destinan recursos a otros proyectos menos urgentes.
Además, los críticos señalan que este problema no es un hecho aislado. En los últimos meses, han salido a la luz otros conflictos relacionados con la gestión estatal, como la falta de recursos en infraestructura educativa y problemas de inseguridad. La acumulación de estos temas ha puesto en entredicho la capacidad del Gobierno para cumplir con las demandas de la ciudadanía.
¿Cómo Afecta esto a las Familias?
El impacto de estos retrasos va más allá de una simple demora. Para muchas familias, los apoyos sociales son la única fuente de ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte. La interrupción de los pagos no solo afecta su calidad de vida, sino que también las deja en una situación de vulnerabilidad extrema.
“Nos dijeron que el apoyo iba a llegar en diciembre y seguimos esperando”, comentó una beneficiaria del programa Hambre Cero. “Es muy difícil sobrevivir sin ese dinero, especialmente cuando todo está más caro”.
Llamado a la Acción: ¿Qué Pueden Hacer los Beneficiarios?
Ante la incertidumbre, la Secretaría de Igualdad e Inclusión ha instado a los beneficiarios que aún no han recibido su apoyo a comunicarse al 070 para presentar su caso. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por muchos, ya que consideran que el Gobierno debería asumir la responsabilidad de manera proactiva en lugar de delegar la solución a las personas afectadas.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales están exigiendo que el Gobierno rinda cuentas claras sobre el uso de los recursos destinados a los programas sociales. Estas instituciones también están ofreciendo asesoría a las familias para garantizar que sus derechos sean respetados.
El retraso en las ayudas sociales pone en evidencia la falta de planificación y gestión adecuada en el Gobierno de Nuevo León. Mientras tanto, miles de familias siguen enfrentando dificultades económicas sin una solución inmediata a la vista. Es necesario que la administración estatal tome medidas urgentes para resolver este problema y garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.
