En 2024, el gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García, regularizó 21 instalaciones ilegales de Zinc Nacional. Estas edificaciones, operativas desde 2005 sin autorización ambiental, fueron avaladas tras un polémico pago que, hasta ahora, permanece oculto al público. Este hecho ha generado fuertes críticas hacia las autoridades y planteado serias dudas sobre las prioridades ambientales y de salud pública en el estado.
Instalaciones Ilegales: Un Historial de Irregularidades
Zinc Nacional, una recicladora de residuos peligrosos, operó durante casi dos décadas sin permisos adecuados. En julio de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente del estado aprobó la regularización de las instalaciones físicas, que abarcan más de 19 mil metros cuadrados. Sin embargo, el proceso productivo de la empresa quedó fuera de esta autorización, a pesar de que genera un impacto ambiental significativo.
Pago por Compensación Ambiental: ¿Transparencia o Encubrimiento?
Como parte del acuerdo de regularización, la Secretaría de Medio Ambiente solicitó a Zinc Nacional una “compensación ambiental” económica. Sin embargo, el monto exacto de esta aportación fue eliminado de la versión pública del documento oficial, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del gobierno estatal. Esta falta de claridad contraviene las normas de acceso a la información pública, lo que ha llevado a cuestionar si las autoridades están priorizando intereses económicos sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Contaminación Alarmante: Un Riesgo para la Salud Pública
Investigaciones recientes, como el análisis toxicológico realizado por Martín Soto Jiménez de la UNAM, detectaron niveles preocupantes de plomo, cadmio y arsénico en áreas cercanas a la planta. Las muestras, tomadas en casas y escuelas, confirman el impacto negativo de la operación de Zinc Nacional en la salud de las comunidades vecinas. Los altos niveles de estos contaminantes están asociados con enfermedades graves, como problemas neurológicos, cáncer y afectaciones al desarrollo infantil, lo que subraya la urgencia de abordar este problema con seriedad.
¿Compensación Suficiente para Tanto Daño?
Aunque las autoridades justificaron la regularización mediante aportaciones económicas, la pregunta persiste: ¿es posible mitigar el daño ambiental y de salud pública con un pago? Activistas y expertos han señalado que la decisión del gobierno refleja una falta de compromiso real con el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos. Además, las críticas se intensifican ante la falta de acciones preventivas y sanciones más estrictas contra empresas que operan al margen de la ley.
Un Caso Emblemático de la Gestión Ambiental en Nuevo León
Este caso pone en evidencia los desafíos de Nuevo León en materia de regulación ambiental y transparencia gubernamental. La administración de Samuel García enfrenta cuestionamientos sobre si su modelo de gobernanza está priorizando el desarrollo económico a costa del bienestar público. La regularización de Zinc Nacional es, sin duda, un tema que seguirá generando debate. Las comunidades afectadas esperan respuestas claras y acciones contundentes que garanticen un futuro más limpio y saludable para todos.
