En los últimos días, un escándalo ha sacudido el panorama político y administrativo de Nuevo León. El gobierno estatal, dirigido por Samuel García, ha estado bajo la lupa por entregar más de 1,400 millones de pesos en contratos a una empresa señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta empresa, Comercializadora Don Cacahuato, ha sido vinculada a la venta de despensas fantasmas, un presunto fraude que afecta al erario público.
El caso ha generado indignación entre la ciudadanía, ya que la Auditoría ha encontrado irregularidades en el manejo de los recursos destinados a programas alimentarios del DIF de Nuevo León. Las despensas que, según los contratos, se entregaban a sectores vulnerables, parecen no haber llegado a su destino, y la falta de documentación para comprobar su distribución ha levantado serias dudas. A continuación, se analizará este escándalo, sus implicaciones y las posibles consecuencias para la administración de Samuel García.
La Entrega de Contratos Millonarios a Comercializadora Don Cacahuato
Comercializadora Don Cacahuato es una empresa con sede en Chihuahua que ha sido parte de diversos contratos en Nuevo León. Sin embargo, la relación con el gobierno estatal ha tomado un giro inesperado debido a su vinculación con irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2023, presentada ante la Cámara de Diputados.
En dicha cuenta, la ASF documentó que la empresa estuvo involucrada en un daño al erario por 5.5 millones de pesos, debido a la venta de despensas que no contaban con la documentación necesaria para verificar su existencia ni su entrega a los beneficiarios. A pesar de este señalamiento, el gobierno de Samuel García, a través del DIF de Nuevo León, continuó otorgando contratos millonarios a Comercializadora Don Cacahuato.
Los Contratos Otorgados en 2023 y 2024: ¿Qué hay Detrás de la Falta de Transparencia?
En 2023, el DIF de Nuevo León otorgó contratos por hasta 330.7 millones de pesos para la compra de despensas. Los contratos incluían productos como leche semidescremada, frijol, arroz, lentejas y otros insumos para ser distribuidos entre adultos mayores y personas con discapacidad. En total, se compraron despensas por un valor de 432 pesos cada una, un precio que parece elevado si se considera la calidad de los productos descritos.
Lo más preocupante es que la Auditoría Superior de la Federación no pudo encontrar evidencia de la entrega de estos productos a los beneficiarios, lo que plantea dudas sobre la legalidad de los contratos y la correcta distribución de los recursos.
Además, en 2024, Comercializadora Don Cacahuato recibió otro contrato por 553.4 millones de pesos, nuevamente para el suministro de despensas e insumos para el programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios. A pesar de las irregularidades detectadas, la empresa continuó siendo favorecida por el gobierno de Samuel García.
El Daño al Erario Público: La Falta de Documentación y la Corrupción Detrás de los Contratos
Uno de los principales problemas identificados por la ASF es la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. La Auditoría 1455 concluyó que la falta de evidencia sobre la entrega de despensas sugiere un daño al erario público de 5.5 millones de pesos. Además, se señaló que no se encontraron pruebas de que los contratos fueran cumplidos de acuerdo con lo estipulado.
La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos es un problema grave, especialmente cuando se trata de fondos destinados a los sectores más vulnerables. La situación se agrava cuando una empresa con antecedentes de irregularidades sigue obteniendo contratos millonarios a pesar de las denuncias de fraude.
Los Contratos con otros Estados
La relación entre Comercializadora Don Cacahuato y el gobierno de Nuevo León no es aislada. La empresa ha firmado contratos similares con otras entidades federativas como Querétaro, Yucatán, Baja California y Zacatecas. En todos estos contratos, la empresa ha sido acusada de entregar productos defectuosos o de no cumplir con los términos establecidos.
Estos contratos se suman a los de Nuevo León y muestran una clara falta de control en el manejo de recursos públicos en varias partes del país. La misma empresa que ha sido señalada por la ASF por fraude en Nuevo León ha seguido obteniendo contratos en otros estados, lo que plantea la pregunta de si existe un patrón de impunidad en la contratación pública de empresas con antecedentes dudosos.
La Falta de Rendición de Cuentas del Gobierno de Samuel García
Uno de los aspectos más criticados de este escándalo es la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno estatal. A pesar de las denuncias y las irregularidades detectadas, el gobierno de Samuel García ha continuado trabajando con Comercializadora Don Cacahuato sin ofrecer explicaciones claras sobre el manejo de los recursos públicos.
El hecho de que la empresa haya seguido obteniendo contratos millonarios a pesar de los señalamientos de fraude pone en evidencia una grave falta de transparencia en la administración estatal. Esta falta de rendición de cuentas no solo afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también cuestiona la capacidad del gobierno para manejar los recursos de manera eficiente y justa.
Implicaciones para la Imagen del Gobierno de Samuel García
El escándalo de los contratos millonarios otorgados a Comercializadora Don Cacahuato tiene serias implicaciones para la imagen del gobierno de Samuel García. Este tipo de casos, que involucran irregularidades en la contratación de empresas y el manejo de recursos públicos, socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
Además, el hecho de que la empresa en cuestión haya sido señalada por la ASF por fraude y, a pesar de ello, haya continuado obteniendo contratos millonarios, genera la percepción de que existe impunidad dentro del gobierno estatal. Esta situación no solo afecta la reputación de Samuel García, sino también la de todo el gobierno de Nuevo León.
La Respuesta del Gobierno de Nuevo León: ¿Qué Medidas se están Tomando?
Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no ha dado una respuesta clara sobre las denuncias en torno a Comercializadora Don Cacahuato. A pesar de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y las irregularidades detectadas en los contratos, el gobierno ha mantenido un silencio alarmante.
Es urgente que el gobierno de Samuel García tome medidas concretas para esclarecer esta situación y evitar que casos como este sigan ocurriendo. La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son fundamentales para garantizar el bienestar de la ciudadanía y recuperar la confianza de los habitantes de Nuevo León.
¿Qué Puede Hacer la Ciudadanía ante este Tipo de Casos?
Ante la falta de acción por parte de las autoridades, es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada y exija transparencia en el manejo de los recursos públicos. La denuncia pública, el seguimiento a los procesos judiciales y la presión social son herramientas clave para combatir la corrupción y la impunidad en el gobierno.
La participación activa de la sociedad civil es esencial para asegurar que los responsables de estos actos de corrupción sean investigados y sancionados. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía se podrá erradicar la corrupción y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.
Un Escándalo que Debe ser Esclarecido
El escándalo de los contratos millonarios otorgados a Comercializadora Don Cacahuato es un claro ejemplo de la falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno de Samuel García. La falta de documentación y las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación ponen en evidencia una mala gestión de los recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
Es urgente que el gobierno de Nuevo León tome medidas concretas para esclarecer este caso y garantizar que los responsables sean sancionados. La ciudadanía debe mantenerse vigilante y exigir respuestas claras sobre el manejo de los recursos públicos. Solo de esta manera se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un futuro más justo y transparente para Nuevo León.
