El Gobierno de Nuevo León vuelve a estar en el centro de la polémica tras adjudicar un nuevo y millonario contrato a proveedor, Comercializadora Don Cacahuato, previamente vinculado con el DIF. A pesar de que la empresa fue previamente señalada por presuntas triangulaciones de recursos relacionadas con el despacho del gobernador Samuel García. Este nuevo acuerdo de suministros alimentarios se suma al historial de operaciones cuestionadas entre la administración estatal y la compañía, generando críticas por la falta de competencia real en la licitación.
Asignan Megacontrato Por Más De 500 Millones De Pesos
El nuevo contrato fue asignado el pasado 29 de abril, otorgando a Don Cacahuato la prestación de servicios de suministro de canastas alimentarias, despensas y programas de alimentación escolar. El monto mínimo del contrato asciende a 427.8 millones de pesos, y podría alcanzar hasta 527.7 millones, de acuerdo con el acta oficial.
Lo que ha generado inquietud es que durante el proceso de licitación únicamente se registró un concursante: la misma empresa que finalmente resultó ganadora. El contrato a proveedor, bajo estas condiciones, ha sido señalado como poco competitivo y carente de pluralidad, abriendo nuevamente el debate sobre la transparencia en la adjudicación de contratos públicos en el estado.
Testigo Social Cuestiona Proceso De Licitación
El contrato al proveedor y su acta oficial fue firmada por el testigo social Juan Jaime Villarreal Lozano, se expresan varias observaciones sobre el proceso. Entre ellas, destaca que no se presentó una investigación de mercado, que permita comparar precios o condiciones entre proveedores. Además, no hubo visitas de verificación al sitio donde se prestará el servicio, y tampoco se realizaron preguntas ni aclaraciones formales durante el procedimiento de licitación.
Villarreal advirtió que este tipo de licitaciones deberían abrirse a más proveedores. Sugerió que, debido a la complejidad logística de distribuir los productos alimentarios, los concursos podrían dividirse por partidas específicas o por regiones, permitiendo así mayor competencia y participación empresarial.
Antecedentes De Don Cacahuato
Esta no es la primera vez que Comercializadora Don Cacahuato aparece vinculada a contratos cuestionados. En julio de 2024, una investigación publicada por el portal Latinus reveló que el DIF estatal había pagado 820 millones de pesos a esta empresa entre marzo de 2022 y enero de 2024. Los pagos correspondían a la provisión de desayunos escolares y despensas para programas sociales del estado.
Aquel reportaje encendió las alarmas al exhibir posibles vínculos entre los pagos a Don Cacahuato y el despacho jurídico ligado al mandatario estatal. El contrato a proveedor y la conexión entre estos contratos y personas cercanas al gobernador continúa generando controversia.
Triangulación De Recursos Involucra A Firma Del Gobernador
Según el reportaje de Latinus, la empresa hermana Distribuidora Damago pagó 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de Samuel Orlando García Mascorro (padre del gobernador) y el propio Samuel García. Esta transferencia, realizada tras los pagos realizados por el DIF a Don Cacahuato, levantó sospechas sobre un presunto esquema de triangulación de recursos públicos.
Ambas compañías —Don Cacahuato y Damago— pertenecen al Grupo Cimarrón, controlado por los empresarios Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz. La coincidencia de los flujos financieros entre las empresas proveedoras y el despacho familiar del gobernador ha sido señalada como un posible conflicto de interés que aún no ha sido esclarecido oficialmente.
El DIF Bajo La Administración De Miguel Ángel Sánchez
El contrato a proveedor Don Cacahuato, de millones de pesos, comenzó durante la gestión de Miguel Ángel Sánchez como director del DIF estatal. Poco tiempo después, Sánchez dejó el cargo en medio de un escándalo por la muerte sospechosa de un menor bajo resguardo de la institución. Sin embargo, lejos de ser marginado políticamente, fue posteriormente designado dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y actualmente funge como diputado federal.
Este tránsito político ha sido duramente criticado por sectores que señalan un proteccionismo político dentro del círculo cercano al gobernador, donde figuras involucradas en polémicas administrativas reciben posiciones de poder en el partido oficialista.
Persisten Las Dudas Sobre Transparencia En Contrataciones
Diversos actores políticos, así como organizaciones ciudadanas, han exigido explicaciones sobre la continuidad de contratos millonarios con empresas que han sido previamente señaladas por posibles irregularidades. La adjudicación directa a Don Cacahuato —sin competencia real ni revisión de mercado— ha sido calificada como un retroceso en las prácticas de transparencia que deberían regir las contrataciones gubernamentales.
El tema también ha sido aprovechado por la oposición para señalar posibles favores cruzados dentro de la estructura gubernamental. Señalan que esta nueva asignación refleja la falta de controles efectivos y la persistencia de viejas prácticas de concentración de recursos en grupos empresariales vinculados a funcionarios o familiares del poder estatal.
Los Riesgos De Esquemas De Triangulación Ante Contrato de Proveedor Único
La continuidad de contratos con Don Cacahuato, después de los señalamientos del año pasado, despierta inquietudes sobre la posible repetición de esquemas donde los recursos asignados a programas sociales terminen indirectamente favoreciendo a despachos privados vinculados al mandatario. Aunque oficialmente no se han presentado sanciones, la percepción pública sobre un sistema de triangulación de fondos públicos sigue latente.
La ciudadanía exige investigaciones imparciales por el contrato a proveedor que determinen si estos flujos financieros constituyen irregularidades administrativas o incluso delitos de carácter penal. Hasta ahora, el gobierno estatal ha mantenido silencio respecto a las nuevas adjudicaciones.
Contrato A Proveedor Único: Un Modelo Recurrente De Asignación Opaca
Para expertos en contrataciones públicas, el modelo recurrente de adjudicaciones al contrato a proveedor único representa un riesgo grave en términos de buen uso de los recursos públicos. La falta de competencia limita la posibilidad de obtener mejores condiciones económicas, mayor calidad de servicios y una mayor pluralidad de empresas participando en programas sociales tan sensibles como los alimentarios.
El testigo social que participó en esta última licitación advirtió en su informe que es necesario replantear los modelos de licitación para fomentar mayor apertura y diversidad de proveedores. Dividir los contratos en partidas regionales o por tipos de productos sería un primer paso para evitar que las licitaciones sigan favoreciendo a empresas únicas, sin verdadera competencia.
