Un Proyecto Opaco Desde el Inicio
El Gobierno de Nuevo León, en conjunto con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), mantiene ocultos los detalles de un ambicioso y costoso proyecto para potabilizar agua residual, conocido como Reúso Potable Indirecto (RPI). El objetivo de esta obra sería convertir el agua tratada en agua apta para consumo humano, lo que representaría un paso significativo para la sustentabilidad hídrica en el estado. Sin embargo, la falta de transparencia, el manejo discrecional del presupuesto y la reserva de información por varios años han levantado fuertes críticas y sospechas.
Según lo reportado por el medio EL NORTE, el costo total del proyecto podría ascender a 27 mil millones de pesos, aunque la cifra directa estimada originalmente es de 8 mil 315 millones, incluyendo IVA. El resto del monto corresponde a costos administrativos, ajustes de financiamiento y gastos de largo plazo. A pesar del impacto que este proyecto tendría para millones de personas, los ciudadanos no tienen acceso a los detalles técnicos, financieros ni contractuales de la obra.
Una Reserva de información inusual
Desde agosto de 2024, tanto ciudadanos como medios de comunicación han solicitado formalmente información sobre el proyecto RPI. La respuesta de AyD, encabezada por Juan Ignacio Barragán, ha sido una negativa sistemática. El argumento principal ha sido que la difusión de esta información representa un “riesgo para la seguridad nacional”, podría “poner en peligro la vida e integridad de los habitantes del estado” y vulnerar la “seguridad pública”.
Estos argumentos, normalmente utilizados en temas de seguridad nacional o defensa, resultan poco comunes para un proyecto de infraestructura hídrica. A pesar de las críticas, el organismo decidió reservar toda la información del proyecto por cinco años, sin ofrecer ni siquiera versiones públicas de los documentos, como exige la Ley de Transparencia.
Incongruencias en las respuestas oficiales
Las inconsistencias en las respuestas por parte de AyD han llamado aún más la atención. Mientras en una respuesta se argumenta que divulgar los datos podría representar un riesgo para la seguridad del estado, en otra contestación al medio EL NORTE se menciona la existencia de un juicio de amparo, como motivo para no revelar la información financiera del proyecto.
Sin embargo, no se especifica qué tipo de amparo es, quién lo promovió, ni si existe alguna orden judicial explícita que impida compartir los contratos, el calendario de pagos o el esquema financiero. De hecho, AyD no demuestra que el juicio esté directamente relacionado con el proyecto de reúso de agua, lo que deja espacio a dudas razonables sobre si el proceso legal es sólo un nuevo pretexto para evitar la rendición de cuentas.
¿En qué se han gastado ya los recursos?
De acuerdo con el cuarto informe trimestral de la cuenta pública 2024, el Gobierno de Nuevo León presupuestó inicialmente 149 millones de pesos para este proyecto. No obstante, esa cifra fue modificada hasta llegar a 1,349 millones de pesos, de los cuales 1,343.8 millones ya están comprometidos o devengados, y 4.4 millones ya fueron pagados.
El problema es que la información pública no permite saber si este dinero fue utilizado para el proyecto ejecutivo, estudios preliminares o incluso obra física, debido a que AyD considera esta información como reservada.
Esto ha generado alarma entre activistas, organismos civiles y ciudadanos que ven con preocupación cómo se desembolsan recursos públicos sin ningún tipo de transparencia ni fiscalización independiente. ¿Quién está ejecutando la obra? ¿Qué empresas están involucradas? ¿Cuál es el plan de financiamiento a futuro? Todas estas preguntas siguen sin respuesta.
Preocupación por la calidad del agua
Otro de los puntos críticos del proyecto tiene que ver con su finalidad: convertir agua residual en agua potable. Aunque técnicamente esto es posible mediante procesos avanzados de tratamiento, el secretismo con el que se maneja el proyecto impide conocer si el modelo que se utilizará cumple con las normas sanitarias nacionales e internacionales.
La ciudadanía tiene derecho a saber si el agua que consumirá en el futuro proviene de aguas negras tratadas, y si el proceso garantiza que no habrá consecuencias para la salud. Pero hasta ahora, ni el Gobierno estatal ni AyD han dado la cara para explicar cómo será este proceso, cuáles son sus etapas, ni quién certificará la calidad del agua.
¿Por qué tanto secretismo?
El nivel de opacidad en este proyecto contrasta fuertemente con los discursos oficiales sobre rendición de cuentas y eficiencia gubernamental. La administración de Samuel García, que llegó al poder con promesas de combatir la corrupción y gobernar con transparencia, ahora se encuentra bajo fuertes cuestionamientos por bloquear información de interés público.
La reserva del expediente por cinco años, y en otro caso por tres años (según la respuesta al medio), viola el principio de máxima publicidad que debería regir la actuación de cualquier entidad pública. Además, reservar documentos sin ofrecer versiones públicas es una violación a la Ley de Transparencia, lo cual podría dar lugar a procedimientos ante órganos garantes como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) o incluso el INAI a nivel federal.
La ciudadanía exige respuestas
Diversos colectivos ciudadanos, especialistas en agua y representantes de la sociedad civil han comenzado a exigir explicaciones. En redes sociales han surgido campañas preguntando “¿Qué están ocultando con el agua?”, y se han presentado nuevas solicitudes de información en busca de versiones públicas de los documentos reservados.
También se plantea la necesidad de una auditoría independiente para revisar cómo se han usado los recursos hasta ahora, quiénes son los contratistas, y si el proceso ha cumplido con las normativas de adquisiciones y obra pública. La preocupación no es menor: se trata de $27 mil millones de pesos del erario, y de un proyecto que puede cambiar para siempre la forma en que se consume agua en Nuevo León.
Es necesario que se activen los mecanismos de fiscalización y control parlamentario, y que se exijan comparecencias del titular de AyD y de los funcionarios responsables del proyecto. De lo contrario, este caso podría convertirse en uno más de los muchos escándalos de opacidad y mal manejo de fondos públicos en la historia reciente del estado.
Una obra millonaria sin claridad
El proyecto de Reúso Potable Indirecto tiene implicaciones técnicas, económicas, ambientales y de salud pública. Pero sobre todo, tiene un problema de origen: fue concebido, desarrollado y ejecutado sin transparencia.
El hecho de que el Gobierno de Nuevo León y AyD oculten información clave sobre contratos, pagos y objetivos técnicos solo aumenta la desconfianza. Reservar expedientes por cinco años, sin ofrecer versiones públicas, es una clara violación al derecho a saber.
En un estado con severos problemas de agua, y donde cada peso público debe ser usado con eficiencia, este proyecto debería ser un ejemplo de planeación, claridad y responsabilidad. En cambio, se ha convertido en un caso más de opacidad, sospechas y desinformación.
