El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta una nueva denuncia por presuntos delitos electoralesvinculados al llamado “Operativo Acordeón”, una estrategia denunciada por el Grupo de las Seis, colectivo de defensoras de derechos laborales y electorales. La acusación apunta a que el gobierno estatal y Movimiento Ciudadano han presionado a empleados públicos para manipular el voto en elecciones judiciales, mientras García acumula ya 35 sentencias por este tipo de ilícitos.
¿Qué es el “Operativo Acordeón”?
El término “Operativo Acordeón” ha cobrado relevancia en los últimos meses como la estrategia utilizada por el gobierno de Samuel García para influir en las elecciones del Poder Judicial. Según denuncias, empleados estatales han sido obligados a entregar sus credenciales de elector (INE) y a reclutar votantes que favorezcan a candidatos afines a la administración estatal y al partido Movimiento Ciudadano.
Esta práctica, calificada como una coacción electoral, busca asegurar impunidad para el gobernador ante las múltiples sentencias que enfrenta por delitos relacionados con la manipulación electoral, un problema que ha sido recurrente en su gestión.
El papel del Grupo de las Seis en la denuncia
El Grupo de las Seis es un colectivo integrado por defensoras de los derechos laborales y electorales, que ha denunciado públicamente esta práctica ilegal. Este grupo entregó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), solicitando investigar a Samuel García por la violación de derechos humanos y laborales de los servidores públicos obligados a participar en el fraude.
Las integrantes del colectivo han señalado que estas acciones no sólo son ilegales, sino que también atentan contra la democracia y la libertad del voto, al presionar a empleados públicos a votar de manera dirigida y bajo coacción.
Hoy presentamos una denuncia formal ante la FEDE y la FISEL por presuntos delitos electorales y violaciones a derechos humanos y laborales, señalando al gobernador Samuel García y su administración. Exigimos justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. pic.twitter.com/i5knIVzsrk
— Grupo de las Seis (@grupodelasseis) May 30, 2025
Denuncias acumuladas y contexto legal
La denuncia del Grupo de las Seis se suma a un conjunto de 28 denuncias previas presentadas por el mismo caso, de las cuales 23 son a nivel local y 5 han sido remitidas a la Ciudad de México. Este entramado legal refleja un patrón sistemático de presiones y manipulación electoral atribuido al gobierno estatal y a Movimiento Ciudadano.
Samuel García ya acumula 35 sentencias por delitos electorales cometidos en procesos anteriores, lo que pone en tela de juicio su compromiso con la legalidad y la transparencia. La intención aparente de estas maniobras sería garantizar la impunidad frente a los procesos legales en su contra.
Impacto en los empleados públicos y derechos humanos
Uno de los puntos más críticos denunciados es la violación de derechos humanos y laborales de los trabajadores estatales. Según el colectivo, se les obliga no sólo a entregar su credencial electoral, sino a reclutar al menos a 10 personas para votar por candidatos indicados por el gobierno.
Este tipo de presiones representa una forma de trabajo forzado electoral y coacción directa, afectando la libertad y dignidad de los empleados públicos, quienes se ven atrapados entre la amenaza de represalias y la obligación ilegal de participar en el fraude electoral.
Respuesta oficial y consecuencias políticas
Hasta el momento, el gobierno de Samuel García no ha emitido una respuesta oficial contundente sobre estas denuncias. Sin embargo, la evidencia presentada por el Grupo de las Seis y medios de comunicación como EL NORTE ha puesto la lupa en la actuación del gobernador y su administración.
El caso genera un impacto negativo en la percepción pública y política, alimentando la desconfianza hacia el proceso electoral y la gobernabilidad en Nuevo León, especialmente en un contexto donde la transparencia y la justicia deberían ser prioritarias.
¿Qué sigue para la Fiscalía y la justicia?
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), instancia encargada de investigar y sancionar estas conductas. El proceso judicial deberá definir la responsabilidad de Samuel García y sus operadores en estas acciones ilegales, y si procede sanción conforme a la ley.
La atención que reciba este caso marcará un precedente importante en la lucha contra la coacción electoral y el abuso de poder en la región, así como en la protección de los derechos de los trabajadores estatales.
Nuevo León Bajo la Sombra del “Operativo Acordeón”
El caso del “Operativo Acordeón” y las denuncias acumuladas contra Samuel García reflejan un grave problema de corrupción electoral y violación a los derechos humanos en Nuevo León. Mientras las investigaciones avanzan, el gobernador enfrenta un creciente rechazo por sus prácticas ilegales, que dañan la confianza ciudadana en las instituciones.
Este episodio pone en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia electoral, para evitar que intereses políticos se impongan a costa de la libertad y la democracia.
