La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León ha solicitado formalmente a Agua y Drenaje (AyD) la entrega del contrato completo del proyecto El Cuchillo 2, tras revelarse que la obra fue financiada mediante un esquema 82% más costosoque otras opciones de crédito público. El requerimiento forma parte de una investigación por posible desvío de recursos que ha despertado preocupación por la opacidad y el manejo financiero del Gobierno estatal encabezado por Samuel García.
El expediente solicitado incluye detalles sobre la asignación, financiamiento y condiciones del contrato de construcción del acueducto, una de las obras emblema de la administración actual. Las autoridades han fijado un plazo de tres días para que la paraestatal entregue la información; este término vence mañana.
Un contrato millonario… y oculto del Cuchillo 2
De acuerdo con fuentes oficiales, Agua y Drenaje ha negado sistemáticamente el acceso completo al contrato, incluso a los integrantes de su propio Consejo de Administración, quienes solo pudieron revisar visualmente el documento en una reunión celebrada el pasado 24 de abril.
Esta falta de transparencia ha generado dudas sobre el proceso de adjudicación y el elevado costo final del proyecto, el cual alcanzó los 14 mil 999.9 millones de pesos, a pesar de que inicialmente se contemplaba una inversión mucho menor por parte del Estado.
La diferencia es alarmante: según reportes, el Gobierno estatal debía aportar 5 mil 384 millones de pesos, pero el esquema de pagos preestablecidos hizo que el monto final se triplicara, sin que el Consejo hubiera aprobado dicho incremento.
¿Qué se está investigando del Cuchillo 2?
La solicitud de información es la primera acción formal de la Fiscalía Anticorrupción en este caso, derivada de una denuncia penal interpuesta por el PAN estatal el 28 de abril contra el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán. El partido acusa a la administración de posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos, señalando que se contrató a una tasa de interés excesiva sin informar adecuadamente al Consejo.
El contrato fue firmado con una tasa de interés del 28.7%, cuando el Consejo de Administración solo había autorizado un financiamiento con un máximo de 16.9% en agosto de 2022. Esta discrepancia es uno de los puntos más graves del caso, ya que implica una modificación sustancial en las condiciones sin aprobación formal.
Financiamiento opaco y costos inflados
La obra, promovida como una solución de largo plazo para el abasto de agua en el estado, terminó convertida en un ejemplo de financiamiento opaco. Según reveló el periódico El Norte, la construcción de El Cuchillo 2 se hizo mediante un mecanismo que compromete al Estado a pagos a largo plazo con un sobreprecio que podría haber sido evitable.
La diferencia entre la tasa originalmente autorizada y la finalmente contratada representa un sobrecosto de miles de millones de pesos para el erario estatal. Además, el contrato no fue difundido públicamente, ni tampoco fue entregado de manera oficial a los órganos de control interno.
Esto ha generado una ola de críticas contra el Gobierno de Samuel García, quien ha presumido esta obra como un logro de su administración, pero ahora enfrenta señalamientos por el posible manejo irregular de recursos públicos.
¿Por qué es grave el caso del Cuchillo 2?
Este caso es relevante por varias razones:
- Transparencia: el contrato se mantuvo oculto incluso a los miembros del Consejo de Administración, lo que indica una posible violación de procedimientos internos.
- Financiamiento abusivo: el uso de una tasa de interés del 28.7% es inusual y desproporcionado para obras públicas, y podría representar un daño patrimonial para el Estado.
- Desvío de recursos: al contratar con condiciones diferentes a las autorizadas, se abre la posibilidad de que existan beneficiarios no públicos de estos pagos inflados.
- Riesgo de impunidad: si no se actúa con firmeza, el caso podría quedar impune, enviando un mensaje de permisividad ante la corrupción institucional.
¿Qué ha dicho el Gobierno?
Hasta ahora, ni el gobernador Samuel García ni Agua y Drenaje han ofrecido explicaciones detalladas sobre la diferencia de tasas de interés ni sobre el proceso de adjudicación. Las respuestas han sido evasivas, y no se ha confirmado si el contrato será entregado dentro del plazo que fijó la Fiscalía.
Tampoco se ha informado si se llevará a cabo una auditoría independiente o si se revisarán otros contratos del mismo organismo. La falta de comunicación oficial ha contribuido a alimentar la desconfianza ciudadana.
Reacciones políticas y sociales sobre El Cuchillo 2
La denuncia del PAN ha sido respaldada por diferentes actores políticos y organizaciones civiles, quienes exigen una investigación a fondo y sanciones ejemplares si se confirma el mal uso de recursos.
Además, ciudadanos han expresado su indignación en redes sociales, cuestionando por qué el Gobierno sigue promoviendo obras públicas mientras acumula irregularidades financieras y problemas en otros sectores como seguridad, movilidad y transporte público.
¿Qué sigue para El Cuchillo 2?
Si AyD no entrega el contrato antes del plazo, la Fiscalía podría aplicar medidas de apremio, lo que podría incluir sanciones o incluso la judicialización inmediata del caso. También podría solicitar la intervención de otras instancias, como la Auditoría Superior del Estado o la Contraloría estatal.
Este expediente podría convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio de Samuel García, no solo por el monto involucrado, sino por el modelo de financiamiento cuestionado y la opacidad con que se manejó la obra.
¿Quién debe rendir cuentas?
Aunque el señalado directo en la denuncia es Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, la cadena de responsabilidades podría alcanzar a otros funcionarios del gabinete estatal e incluso al propio Gobernador, si se confirma que tuvo conocimiento del esquema de financiamiento y lo avaló sin seguir los procesos formales.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y que impactan el futuro financiero del Estado.
