El caso de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García y titular de la oficina Amar a Nuevo León, volvió a encender la polémica pública luego de que presumiera en redes sociales una serie de regalos millonarios recibidos por parte de distintas empresas y emprendedores locales. La funcionaria compartió imágenes y videos de un nuevo cuarto diseñado para su hija Mariel, aclarando que todo había sido “regalado” por doce negocios distintos.
Lo que para algunos seguidores fue un gesto de admiración hacia su influencia digital, para otros representó una clara violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe expresamente a los servidores públicos recibir dádivas, obsequios o compensaciones de cualquier tipo. La discusión se reavivó con fuerza, pues este no es el primer episodio en el que Rodríguez exhibe bienes y servicios que asegura haber recibido sin costo, vinculando así su papel de influencer con su responsabilidad como funcionaria pública.
Ley Y Función Pública de Mariana Rodríguez
De acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de la Administración Pública, ningún funcionario puede recibir obsequios, donaciones o prestaciones que puedan derivar en conflictos de interés o en actos de corrupción. La activista Liliana Flores, integrante del Colectivo Nosotros, subrayó que esta prohibición aplica sin excepciones a todos los funcionarios, incluidas figuras con cargos honoríficos o representativos como Rodríguez.
“Cuando ella asegura que todo se lo regalan, no está justificando nada. La ley es clara: no se pueden aceptar regalos. Esto es para prevenir que intereses privados influyan en decisiones públicas”, explicó Flores en declaraciones recientes. Además, cuestionó que la esposa del gobernador mezcle sus responsabilidades como titular de Amar a Nuevo León con su actividad de influencer, ya que un servidor público de primer nivel debe dedicar el 100% de su tiempo a la función encomendada.
La crítica también apunta a que Rodríguez, la esposa de Samuel García, ha recibido no solo muebles y adaptaciones para su hija, sino artículos de lujo, como un iPhone de última generación, calzado exclusivo y colecciones completas de ropa. Estos obsequios, según expertos, representan un beneficio económico indirecto que podría configurar un conflicto de interés.
Regalos Y Contradicciones
Mientras la actual administración emecista presume un “Nuevo Código de Ética” que prohíbe explícitamente aceptar regalos, la titular de Amar a Nuevo León ha compartido abiertamente su entusiasmo por los objetos recibidos. En 2023, la Contraloría estatal incluyó como uno de sus ocho compromisos principales el rechazo a toda clase de obsequios, donaciones o dádivas. Sin embargo, Mariana Rodríguez parece colocarse fuera de esas restricciones, lo que ha alimentado el debate sobre la congruencia de las políticas oficiales.
En sus redes sociales, la funcionaria e influencer respondió a algunas críticas asegurando que no existe ningún intercambio económico con las empresas que le envían productos, y que su función como creadora de contenido le permite compartir estas colaboraciones. “Es mi trabajo el tema de las redes sociales y aunque no hay una transacción económica de por medio, sí hay un beneficio para los negocios de visibilidad y clientes”, declaró.
Para varios ciudadanos, este razonamiento resulta insuficiente, pues las normas aplican sin importar la justificación personal. Un seguidor señaló en redes: “Me parece que esto perpetúa la idea de que a los políticos se les debe regalar cosas”. La opinión fue replicada por distintos usuarios, quienes cuestionaron si Rodríguez está realmente comprometida con su papel de funcionaria o si prioriza su faceta de influencer.
#Celebs | 🌸 Mariana Rodríguez muestra la nueva habitación de su hija Mariel, diseñada por el arquitecto Mario Blásquez. 💕🧸
— QueTalmagazine (@QueTalmagazine) September 29, 2025
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Polémicas Previas de Mariana Rodríguez
El escándalo actual no es un caso aislado. Apenas en julio pasado, Rodríguez y Samuel García mostraron públicamente el clóset de su hija Mariel, el cual incluía más de 120 pares de zapatos y cientos de prendas de ropa. Aquella publicación generó una ola de críticas en torno a los lujos de la familia gobernante, que contrastan con la realidad de miles de familias en Nuevo León.
El episodio de este nuevo cuarto infantil regalado por 12 empresas revive esas críticas, ahora con el añadido de un argumento legal: la prohibición expresa de recibir regalos en el ejercicio de una función pública. Organizaciones de la sociedad civil han comenzado a exigir que la Contraloría estatal investigue a fondo y aclare si estos actos constituyen una violación directa al marco normativo.
La polémica se extiende también hacia Samuel García, pues como gobernador tiene la responsabilidad de aplicar la ley de manera imparcial. Al guardar silencio sobre los regalos que recibe y presume su esposa, se le acusa de permitir un doble rasero en el cumplimiento de la legalidad.
Llamado A La Transparencia
El caso de Mariana Rodríguez y Samuel García vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia y de los límites claros entre la vida pública y la esfera privada. En opinión de especialistas, los servidores públicos tienen el deber de evitar cualquier apariencia de conflicto de interés, pues incluso la percepción de irregularidad puede erosionar la confianza ciudadana.
La activista Flores recordó que los funcionarios pueden participar en actividades docentes o filantrópicas, pero no en negocios privados ni en actividades que impliquen beneficios económicos adicionales. “El servicio público no puede ser un escaparate para la promoción de marcas o para la obtención de lujos personales”, afirmó.
El debate también resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y de rendición de cuentas, de manera que las leyes no solo existan en el papel, sino que se apliquen de forma efectiva a todos por igual.
En medio de este clima de críticas, Mariana Rodríguez sigue activa en redes sociales, compartiendo contenido que mezcla su papel institucional con menciones publicitarias. La pregunta que permanece abierta es si las autoridades estatales decidirán sancionar estas prácticas o si continuarán mirando hacia otro lado.