El Gobierno del Estado de Nuevo León ha generado polémica tras anunciar su intención de regular el transporte municipal gratuito, implementadas por algunos municipios ante la crisis del transporte público. La medida, que incluiría la instalación de validadores de cobro del sistema Muevo León, ha despertado sospechas entre ciudadanos y alcaldes, quienes temen que sea el primer paso para imponer tarifas a estos servicios.
Según Moisés López, subdirector del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), la operación de rutas sin costo representa un desafío para las finanzas municipales y para la demanda de las rutas estatales. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo, ya que muchos ven en esta “regulación” una estrategia para monopolizar y monetizar el transporte público.
Municipios en la Mira del Gobierno Estatal
Las rutas gratuitas han sido implementadas en municipios como Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, y se espera que Monterrey se sume próximamente. Estos servicios han resultado un alivio para miles de pasajeros que enfrentan el déficit de camiones en la ciudad.
El IMA argumenta que estas rutas operan de forma no regulada, aunque no necesariamente ilegal, y que es necesario integrarlas a un sistema unificado. Sin embargo, la intención de incorporar validadores de cobro ha generado una fuerte reacción por parte de los alcaldes, quienes consideran que esta medida busca imponer nuevas tarifas y quitarles autonomía sobre su propio transporte.
Déficit Millonario en el Transporte Estatal
Mientras el Gobierno del Estado busca intervenir en las rutas municipales, Muevo León enfrenta una crisis financiera. La operación de sus rutas ha generado un déficit de 1,200 millones de pesos, cifra que pone en duda la viabilidad del sistema estatal.
Durante la más reciente sesión de la Junta de Gobierno del IMA, representantes empresariales y transportistas cuestionaron la falta de una estrategia clara para hacer sostenible el servicio. Jesús López, representante de Caintra, señaló que es necesario hacer ajustes urgentes para evitar más pérdidas al final del año.
Además, se reveló que la proyección de usuarios fue demasiado optimista. Se estimaba que cada camión transportaría 800 pasajeros diarios, pero la realidad es que apenas alcanza 330 pasajeros por unidad. A esto se suma la evasión de ingresos por pago en efectivo, que representa entre 25% y 40% de los ingresos tarifarios perdidos.
Deuda Millonaria en el Instituto de Movilidad
A la crisis financiera de Muevoleón se suman las deudas acumuladas del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, que ascienden a 875 millones de pesos. De este monto, 650 millones corresponden a pagos pendientes de arrendamiento de camiones, 158 millones a transportistas por pago de kilómetros recorridos y 62 millones a proveedores de equipo.
Ante estos números rojos, surge la pregunta: ¿por qué el Gobierno del Estado insiste en regular las rutas municipales gratuitas en lugar de resolver la crisis del sistema estatal? Para muchos, esta jugada podría responder a la intención de trasladar el problema financiero de Muevoleón a los municipios, obligándolos a implementar cobros y a depender del sistema estatal.
¿Cobrarán en el Futuro el Transporte Municipal?
Tras el rechazo de los alcaldes y la indignación ciudadana, el Gobierno estatal emitió un comunicado asegurando que no pretende imponer tarifas en las rutas municipales gratuitas, sino solo regularlas. Sin embargo, la ambigüedad de sus declaraciones no ha disipado las sospechas.
Abraham Vargas, director del IMA, mencionó que los validadores no serían para cobrar, sino para generar estadísticas y que, en caso de que algún municipio quisiera implementar una cuota, estos dispositivos facilitarían el proceso. No obstante, el antecedente del transporte estatal, donde las promesas de mejora han resultado en aumentos de tarifa y crisis financiera, mantiene la incertidumbre sobre el futuro de estas rutas.
La propuesta del Gobierno de Nuevo León de intervenir en las rutas municipales gratuitas ha generado preocupación entre la ciudadanía y los alcaldes, quienes temen que esta medida sea el primer paso para imponer cobros y restringir la movilidad gratuita.
Mientras tanto, el déficit millonario de Muevo León y la crisis financiera del IMA plantean un panorama desalentador para el transporte público en el estado. ¿Es realmente una regulación necesaria o una estrategia para forzar a los municipios a cargar con los problemas del sistema estatal? La incertidumbre sigue en el aire.
