El Gobierno de Nuevo León ha obtenido mil 554 millones de pesos a través del impuesto ecológico, mejor conocido como impuesto verde. Sin embargo, a pesar de la importante cantidad recaudada, las autoridades estatales no han transparentado los montos obtenidos por concepto de multas ni han revelado qué empresas han sido sancionadas por contaminación.
Esta falta de información genera dudas sobre el verdadero uso de los recursos y pone en entredicho la efectividad del impuesto para combatir la crisis ambiental en la entidad.
¿De Dónde Provienen los Ingresos del Impuesto Ecológico?
El impuesto verde se divide en distintas categorías, dependiendo de la fuente de contaminación. De acuerdo con los informes financieros del gobierno estatal, los ingresos se distribuyen de la siguiente manera:
- Impuesto Ambiental por Contaminación en la Extracción de Materiales Pétreos: 1,162 millones de pesos, provenientes de empresas pedreras.
- Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua: 391 millones de pesos.
- Impuesto por la Emisión de Contaminantes en la Atmósfera: 247 mil pesos.
- Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Subsuelo y/o Suelo: 127 mil pesos.
A pesar de que estos datos están disponibles en los informes trimestrales del Estado, aún falta información sobre el uso de los recursos y la aplicación de sanciones a empresas contaminantes.
Empresas Sancionadas: Un Misterio sin Resolver
Uno de los puntos más preocupantes es que no existe un registro público de las empresas sancionadas por contaminación en Nuevo León. En reiteradas ocasiones, medios de comunicación y legisladores han solicitado esta información, pero el gobierno estatal se ha negado a proporcionarla.
En mayo de 2023, se reveló que el Estado había recaudado 916 millones de pesos por el impuesto verde en 2022, pero reservó la lista de empresas que pagaron este impuesto. Esta opacidad genera dudas sobre si realmente se están sancionando a las industrias responsables de la contaminación o si los recursos se están utilizando para otros fines.
Falta de Respuesta del Gobierno de Nuevo León
Ante la solicitud de información sobre las multas y el uso del dinero recaudado, la Secretaría de Medio Ambiente ha evadido responder de manera concreta. Jorge Enrique Parra, enlace de la dependencia, dirigió la consulta al SAT Nuevo León, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente aseguró que no era información de su competencia.
El 9 de enero de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente no pudo transparentar los recursos obtenidos en 2023 ni informar qué empresas realizaron los pagos. Según el titular de la dependencia, Alfonso Martínez, la gestión del dinero es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, mientras que Medio Ambiente solo solicita proyectos para ejecutar con los recursos.
Exhortos del Congreso sin Respuesta
La falta de información ha provocado inquietud entre los legisladores. El 13 de febrero, la diputada local del PRI, Perla Villarreal, presentó un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente y la Tesorería entregaran al Congreso un informe detallado sobre el destino del dinero recaudado. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta clara sobre en qué se han invertido los recursos.
El 3 de diciembre de 2023, durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la diputada de Morena, Brenda Velázquez, cuestionó al tesorero Carlos Garza sobre el monto total recaudado y su destino, pero tampoco obtuvo una respuesta específica.
¿Qué Esconde el Gobierno de Nuevo León?
El impuesto ecológico debería ser una herramienta para combatir la contaminación en el estado. No obstante, la falta de transparencia sobre el destino del dinero y las empresas sancionadas pone en duda su verdadero impacto.
Las autoridades han recaudado miles de millones de pesos, pero no informan si realmente están castigando a las empresas contaminantes o si los recursos se están destinando correctamente a programas ambientales.
Mientras tanto, la contaminación sigue siendo un problema grave en Nuevo León, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey. Sin un manejo transparente de los recursos, la confianza en el gobierno estatal se ve seriamente afectada.
