El estado de Nuevo León se ha posicionado como uno de los más afectados extorsiones en el país, ocupando actualmente el cuarto lugar a nivel nacional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el problema no solo persiste, sino que muestra una tendencia al alza durante este 2025.
Durante los primeros cinco meses del año, se registró un promedio alarmante: 1.3 personas son víctimas de estafa cada hora en la entidad. Este dato refleja la gravedad de un fenómeno que afecta no solo a la seguridad pública, sino también al bienestar emocional y económico de la población.
El informe más reciente detalla que, de enero a mayo, se presentaron 32 denuncias diarias, sumando un total de 4,882 casos en este periodo. Esto representa un aumento importante respecto al mismo lapso en 2024, cuando se contabilizaron 4,644 denuncias.
Este crecimiento confirma que las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado contener el avance de este delito. Las cifras actuales muestran la urgencia de reforzar acciones y políticas públicas para proteger a los ciudadanos y frenar el impacto de las bandas dedicadas a la extorsión.
Nuevo León, Entre Los Primeros Lugares Nacionales De Extorsiones
El panorama nacional también revela que la extorsión se ha convertido en un problema extendido en diferentes regiones. Los estados que encabezan la lista son Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz.
En este 2025, Estado de México ocupa el primer lugar con 1,248 casos, seguido por Guanajuato, con 675, y Ciudad de México, que reporta 511. Nuevo León se mantiene en la cuarta posición, con 412 casos, mientras que Veracruz completa el top cinco con 374.
Comparando con el año anterior, el ranking no presenta cambios significativos. En 2024, el Estado de México lideró con 1,572 casos, seguido por Guanajuato con 467, Veracruz con 388, Nuevo León con 384 y Ciudad de México con 234.
Aunque la posición de Nuevo León se ha mantenido, el incremento en el número de denuncias evidencia que la problemática sigue creciendo y afecta cada vez a más personas.
El hecho de que la entidad aparezca constantemente en los primeros lugares del listado nacional preocupa a los expertos y a las autoridades locales, quienes deben redoblar esfuerzos para frenar esta tendencia.
Miedo A Denunciar Y Subregistro Preocupante
Una de las principales preocupaciones de especialistas en seguridad es el alto subregistro de extorsiones, según el Sesnsp. De acuerdo con los analistas, muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades.
Se estima que la cifra negra —los delitos no denunciados— podría alcanzar hasta el 90% del total real. Este dato del Sesnsp sugiere que la magnitud del problema podría ser mucho mayor de lo que indican las estadísticas oficiales.
La falta de denuncias impide que las autoridades tengan un panorama completo y dificulta la implementación de estrategias efectivas. Además, permite que los grupos criminales operen con mayor libertad y continúen obteniendo ganancias económicas elevadas.
Los expertos coinciden en que es fundamental fomentar la confianza en las instituciones y ofrecer mecanismos seguros y anónimos para denunciar. De esta forma, se podrían obtener datos más precisos y diseñar medidas preventivas más adecuadas.
La población también necesita mayor información y capacitación para identificar métodos comunes de extorsión y saber cómo reaccionar ante un intento de estafa.
Extorsiones En Nuevo León: Un Delito Fácil Y Rentable
La extorsión es un delito que se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado. Su “éxito” se debe, en gran medida, a la facilidad con la que se puede llevar a cabo.
En la mayoría de los casos, los delincuentes utilizan llamadas telefónicas o medios digitales para contactar a las víctimas. Esta modalidad reduce el riesgo para los agresores, ya que no necesitan estar presentes físicamente y pueden operar desde cualquier lugar.
Además, la posibilidad de obtener dinero rápido y en efectivo hace que la extorsión sea atractiva para los grupos criminales. Las amenazas suelen estar dirigidas a familiares o bienes de la víctima, generando un fuerte impacto emocional y psicológico que lleva a muchas personas a ceder ante las exigencias, según datos del Sesnsp.
El avance de la tecnología y la disponibilidad de información personal en redes sociales han facilitado el acceso a datos sensibles, incrementando la vulnerabilidad de los ciudadanos.
El control y monitoreo de llamadas fraudulentas, así como la regulación de plataformas digitales, son medidas que pueden contribuir a frenar la propagación de este delito. Sin embargo, se requiere una colaboración constante entre gobierno, empresas de telecomunicaciones y sociedad civil.
Sesnsp Informa Incremento De Casos En Los Últimos Años
Los registros históricos muestran que, en los últimos seis años, la extorsión ha tenido un aumento sostenido en México. La única excepción se presentó en 2020, año en que se implementaron medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19.
Durante ese año, la disminución de la movilidad y la suspensión temporal de muchas actividades económicas generaron una caída en el número de casos. Sin embargo, una vez retomadas las actividades, la tendencia volvió a incrementarse, incluso superando los niveles previos a la pandemia.
En Nuevo León, el repunte ha sido especialmente notorio en los últimos dos años, evidenciando la necesidad de nuevas estrategias y una atención más focalizada en las zonas con mayor incidencia.
El impacto de la extorsión no solo afecta a individuos, sino también a comerciantes, empresarios y profesionales que ven comprometida su seguridad y la continuidad de sus negocios.
Ante este panorama, es fundamental que las autoridades locales fortalezcan los operativos de inteligencia y mejoren la coordinación con corporaciones federales. Las estrategias deben ir más allá de la contención, buscando atacar las redes criminales desde su raíz.
La ciudadanía espera medidas contundentes que incluyan patrullajes preventivos, campañas de información y protección a denunciantes. Solo así será posible reducir la incidencia y recuperar la confianza en las instituciones de seguridad.
