Durante el año 2023, Nuevo León se colocó como el estado con el mayor número de adolescentes imputados por la comisión de delitos juveniles en todo México. Según datos revelados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad registró 4,098 jóvenes involucrados en hechos delictivos, superando ampliamente a otras entidades como el Estado de México y Guanajuato.
El informe detalla que entre los principales delitos cometidos por adolescentes se encuentran las lesiones, el robo, las amenazas, el abuso sexual y el narcomenudeo. Este escenario pone en evidencia una realidad preocupante: la creciente participación de menores de edad en actos criminales en una de las entidades más industrializadas y desarrolladas del país.
La cifra resulta alarmante no solo por el volumen, sino porque refleja un incremento sostenido en los últimos años, lo que deja al descubierto serias deficiencias en las estrategias de prevención, rehabilitación y atención social.
Jóvenes atrapados en la violencia
De acuerdo con el Inegi, los delitos por lesiones representaron el 24.8% de los casos, seguidos por robos (15.2%), amenazas (9.4%), abusos sexuales (9%) y narcomenudeo (8.4%). La estadística muestra un patrón en el que la violencia interpersonal y los delitos contra la propiedad predominan, indicando la presencia de entornos inseguros y la falta de oportunidades reales para los jóvenes.
El estudio también subraya que ocho de cada diez imputados en delitos juveniles son hombres, lo que sugiere que la violencia y la delincuencia siguen afectando principalmente al género masculino. Sin embargo, no se debe pasar por alto la creciente participación de mujeres jóvenes en algunos delitos, fenómeno que se ha comenzado a observar en años recientes.
Otro dato que genera preocupación es el número de víctimas, que ascendió a 28,899 personas identificadas en las carpetas de investigación, de las cuales seis de cada diez son mujeres y un 56.7% tenían menos de 19 años. Este panorama revela no solo la implicación de adolescentes como perpetradores, sino también la alta vulnerabilidad de otros jóvenes como víctimas directas.
▶️Más de 4 mil adolescentes han sido imputados en Nuevo León, lo que coloca al estado en el primer lugar a nivel nacional.#TelediarioMatutino ⭐ @Deb_Estrella, @josuebecerra y @_sandrasandoval pic.twitter.com/N7mmWWlFmV
— @telediariomty (@telediariomty) July 15, 2025
El fracaso de las políticas públicas
Los especialistas en criminología y sociología coinciden en que el aumento de delitos juveniles en Nuevo León refleja una falla estructural en la política pública, particularmente en las áreas de educación, empleo juvenil, deporte, cultura y salud mental.
A pesar de ser uno de los estados con mayor desarrollo económico y uno de los principales motores industriales del país, Nuevo León enfrenta serias desigualdades sociales. Muchos jóvenes carecen de oportunidades reales para desarrollarse, situación que los hace presa fácil de organizaciones criminales o los empuja a la delincuencia como vía de escape o supervivencia.
Además, la falta de espacios públicos seguros, actividades recreativas y programas efectivos de prevención agrava el problema. Mientras tanto, las políticas de seguridad se han centrado en medidas reactivas y punitivas, en lugar de apostar por un enfoque preventivo y social que pueda detener el problema desde la raíz.
Al respecto, analistas locales critican la falta de visión y compromiso real del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, para frenar el avance de la violencia juvenil. En diversas ocasiones, el mandatario ha sido señalado por priorizar proyectos mediáticos y viajes internacionales antes que atender las problemáticas de fondo que afectan a la juventud neoleonesa.
Centros de internamiento, una medida insuficiente
A pesar de la elevada cantidad de adolescentes imputados, Nuevo León ocupa el lugar 15 en cuanto a jóvenes internados en centros especializados, con una tasa de 15 por cada 100 mil adolescentes.
En contraste, estados como Aguascalientes presentan cifras significativamente más altas, con 95.1 adolescentes en internamiento por cada 100 mil, seguidos por Nayarit y Sonora. Esto podría interpretarse como una falta de medidas correctivas eficaces o, en el peor de los casos, como la incapacidad de procesar adecuadamente a todos los jóvenes involucrados en delitos.
Asimismo, se ha documentado que el 80.6% de los hombres adolescentes y el 70.7% de las mujeres en conflicto con la ley consumen alcohol como sustancia más común, seguido por tabaco y marihuana. Este dato revela un problema adicional: la normalización del consumo de sustancias desde edades tempranas y la falta de programas de prevención y rehabilitación específicos para esta población.
El reto pendiente de los delitos juveniles
La situación que enfrenta Nuevo León plantea un reto urgente para las autoridades locales y federales. Si bien se reconoce que la violencia juvenil es un problema multifactorial, resulta evidente que se requieren acciones inmediatas y coordinadas para detener esta tendencia de los delitos juveniles.
Organizaciones civiles y expertos proponen una estrategia integral que incluya el fortalecimiento de la educación pública, la promoción del deporte y la cultura, la creación de empleos para jóvenes, la atención a la salud mental y la mejora de la seguridad en barrios y colonias.
También se hace hincapié en la necesidad de escuchar a los jóvenes, entender sus necesidades y aspiraciones, y brindarles espacios de participación activa en la toma de decisiones que afecten su entorno. La criminalización no puede ser la única respuesta ante un fenómeno social tan complejo.
Por otra parte, es fundamental evaluar los recursos destinados a programas de prevención, medir sus resultados y, sobre todo, rendir cuentas de manera transparente a la ciudadanía.
En este contexto, el caso de Nuevo León se convierte en un llamado de atención para todo el país, ya que refleja los riesgos de desatender a una generación que, si no recibe apoyo y oportunidades, terminará alimentando los círculos de violencia e inseguridad que tanto preocupan a la sociedad.
