119 delitos ambientales exhiben fallas del gobierno
Durante los primeros cuatro meses del año 2025, el estado de Nuevo León ha registrado 119 delitos ambientales, una cifra que supera por mucho lo documentado en años anteriores y que pone en evidencia la falta de acciones efectivas por parte del gobierno estatal.
Los datos provienen de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual ha reportado que tan solo en el mes de abril ocurrieron 31 delitos ambientales del fuero local. Lo más preocupante es que los tres meses con mayor número de averiguaciones en toda la historia de estos crímenes corresponden al presente año.
¿Dónde está la estrategia ambiental?
La gestión encabezada por Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, ha sido duramente criticada por su enfoque en la promoción personal, dejando de lado temas fundamentales como el cuidado del medio ambiente. En un contexto donde la contaminación del aire, el deterioro de cuerpos de agua y la deforestación continúan siendo problemas urgentes, la respuesta del gobierno ha sido, en el mejor de los casos, tibia.
¿Cómo se explica que en apenas cuatro meses del 2025 ya se hayan cometido más delitos ambientales que en todo el año anterior? ¿Dónde están las políticas públicas, las inspecciones, las sanciones ejemplares o los mecanismos de prevención?
Comparativa histórica: 2025, el peor año registrado
Para comprender la gravedad del asunto, basta con revisar los registros históricos. Desde que se comenzaron a documentar los delitos contra el medio ambiente en la incidencia delictiva estatal, se acumulan 220 carpetas de investigación. Es decir, más de la mitad de todos los delitos ambientales registrados en la historia del estado han ocurrido solo en estos primeros meses de 2025.
Desglose por año:
- En 2022 se reportaron apenas 13 delitos ambientales.
- En 2023, la cifra subió a 49.
- En 2024, se contabilizaron 37 delitos.
- Y ahora, en solo cuatro meses del 2025, ya van 119 casos.
El salto es tan evidente como alarmante. El gobierno de Nuevo León no solo ha fallado en contener esta tendencia, sino que ha permitido que se dispare como nunca antes.
El impacto real: aire, agua y naturaleza en peligro
Los delitos ambientales no son una simple estadística. Cada uno representa un atentado contra los recursos naturales de Nuevo León: derrames en arroyos, emisiones contaminantes, mal manejo de residuos, tala ilegal o afectaciones a áreas protegidas.
Organizaciones civiles y especialistas han advertido que el estado atraviesa una crisis ambiental silenciosa, donde las consecuencias no siempre se ven de inmediato, pero cuyas secuelas se sentirán en la salud de la población, la pérdida de biodiversidad y la disponibilidad de agua limpia.
Casos recientes como el derrame industrial reportado en el arroyo Topo Chico han evidenciado la falta de reacción oportuna por parte de las autoridades, y una preocupante tendencia a minimizar los hechos, incluso cuando son denunciados formalmente.
¿Qué ha hecho el gobierno estatal?
Pese a los datos, no se ha presentado un plan integral para atender la situación. Tampoco hay una campaña estatal de prevención ni de educación ambiental activa. La Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable ha mantenido un perfil bajo, y los reportes de sanciones son prácticamente inexistentes.
Mientras tanto, el discurso del gobernador Samuel García sigue centrado en su imagen, los viajes al extranjero para atraer inversión, y la promoción de proyectos como la Gigafactory de Tesla (de la cual aún no hay una fecha clara de inicio).
Resulta contradictorio que un gobierno que presume su interés por las energías limpias y la innovación no tenga una respuesta contundente ante el incremento histórico de crímenes ecológicos.
¿Qué meses registraron más delitos ambientales?
Según la Fiscalía estatal, los meses con mayor número de carpetas abiertas por delitos ambientales en toda la historia de la entidad son:
- Marzo de 2025 – 57 casos
- Abril de 2025 – 31 casos
- Febrero de 2025 – 22 casos
Antes de estos picos, el mes con más delitos había sido marzo de 2023, con 16 casos, lo cual pone en perspectiva lo descontrolado del presente año.
Además, en enero de 2025 se registraron otros 9 casos, completando los 119 en el cuatrimestre, una cifra que triplicala totalidad de 2024.
¿Por qué el aumento tan repentino?
Expertos señalan una combinación de factores: la falta de vigilancia efectiva, la ausencia de sanciones ejemplares, el débil compromiso institucional y una clara desconexión del gobierno con las necesidades ambientales del estado.
También se menciona el posible relajamiento en el cumplimiento de normas ambientales por parte de industrias locales, ante la percepción de que las autoridades no harán nada para impedirlo.
¿Qué exigen los ciudadanos a Nuevo León?
Diversos colectivos y ciudadanos preocupados por el deterioro ambiental han comenzado a alzar la voz. Desde peticiones para declarar estado de emergencia ambiental en ciertas zonas, hasta campañas para exigir mayor rendición de cuentas por parte del gobierno estatal.
En redes sociales, muchas personas cuestionan el silencio del gobernador y de las dependencias ambientales, mientras las cifras se disparan. La sensación generalizada es que el medio ambiente no está en la agenda del gobierno de Nuevo León.
¿Y la federación?
Aunque algunos delitos ambientales pueden ser del fuero federal, la mayoría de los 119 registrados en 2025 corresponden al ámbito local, por lo que su investigación y sanción depende directamente del aparato estatal.
Esto refuerza el señalamiento de que no hay voluntad política para atacar de raíz el problema. Ni siquiera hay evidencia de que el gobernador haya convocado reuniones urgentes, ni emitido posicionamientos al respecto.
Una omisión que también es corrupción
Si bien no se ha denunciado públicamente un caso de corrupción directa vinculado con estos delitos, muchos expertos consideran que la omisión sistemática por parte del gobierno estatal también debe considerarse una forma de complicidad. Permitir que el daño ambiental continúe, sin castigos ni acciones, es contribuir al problema.
Más aún, cuando desde la administración estatal se destinan millones a propaganda e imagen, mientras el sistema de monitoreo ambiental permanece desactualizado o subutilizado.
Una crisis en Nuevo León que exige acción
Los 119 delitos ambientales en Nuevo León durante 2025 no solo representan un récord negativo. Son una alerta clara de que el modelo actual no está funcionando. La inacción del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, pone en riesgo el bienestar de toda la población y del entorno natural del estado.
Es urgente una respuesta institucional seria, un plan de contención inmediato y una política ambiental efectiva. De lo contrario, las cifras seguirán aumentando, y con ellas, el daño irreversible a nuestro entorno.
