Nuevo León enfrenta un caos en su sistema de transporte público, revelando la ineficacia y desorganización en la gestión gubernamental liderada por el gobernador Samuel García. A pesar de las promesas de renovación, el plan estatal para mejorar las rutas urbanas ha quedado estancado, generando inconvenientes tanto para los usuarios como para los transportistas.
Uno de los principales problemas señalados por empresarios del sector es la burocracia asociada a la incorporación de nuevos camiones al sistema. “Agregar un camión no es sencillo”, admitió un empresario del ramo, destacando los trámites engorrosos de placas, seguros y las condiciones técnicas del vehículo. Este proceso, según los involucrados, llevará años, contradiciendo las expectativas de una solución rápida a los problemas de movilidad en el estado.
Plan del gobierno de Nuevo León ha fracasado
El plan estatal, que busca la renovación con camiones menos contaminantes, el rediseño de rutas y la implementación de un sistema de trasbordos, ha enfrentado obstáculos considerables. La falta de integración y cooperación entre el Gobierno y los transportistas ha resultado en que solo 79 de las 298 rutas hayan adoptado el nuevo esquema al cierre del 2023, según datos del Instituto de Movilidad. Esto evidencia una implementación deficiente y la falta de compromiso por parte de la administración estatal.
El modelo propuesto implica que el Gobierno asuma el control de los ingresos de las tarifas para pagar a los transportistas por kilómetro recorrido. Sin embargo, esta transición ha sido lenta y problemática, dejando a un gran número de rutas en un limbo operativo. Además, la presencia de tres esquemas distintos de tarifas y métodos de pago, entre el tradicional, las Rutas Exprés y las rutas reestructuradas, añade confusión a los usuarios y dificulta aún más la coherencia del sistema.
La carga de gas natural vehicular (GNV) también ha sido un punto de conflicto, con limitadas opciones para recargar. Los transportistas se quejan de la falta de puntos de carga, generando complicaciones logísticas y estrés adicional en la operación diaria. Esta carencia de infraestructura es una muestra más de la falta de previsión y planificación por parte de las autoridades.
Además, la asignación de unidades también ha sido objeto de críticas. La existencia de camiones nuevos estacionados sin entregar refleja problemas en el proceso de entrega-recepción, resaltando la falta de eficiencia y la incapacidad para gestionar un proyecto de esta envergadura de manera efectiva.
Autoridades correspondientes guardan silencio
Llama la atención el silencio por parte del Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, quien evitó abordar el tema ante las críticas de los usuarios sobre la falta de mejoras en el servicio a pesar de la adquisición de 2 mil nuevas unidades. Esta falta de transparencia y comunicación demuestra una actitud evasiva por parte de la administración, que no está dispuesta a enfrentar las críticas y abordar los problemas evidentes en el sistema de transporte público.
En conclusión, el desorden en las rutas urbanas de Nuevo León refleja la incompetencia y falta de compromiso del gobierno encabezado por Samuel García. La lentitud en la implementación del plan estatal, la burocracia excesiva, la falta de coordinación con los transportistas y la escasa planificación son evidencias claras de una gestión deficiente que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Es imperativo que las autoridades asuman la responsabilidad, corrijan las deficiencias y trabajen de manera efectiva para mejorar el sistema de transporte público en beneficio de la población.
En última instancia, la desorganización en las rutas urbanas de Nuevo León no solo perjudica la movilidad cotidiana, sino que también pone de manifiesto una falta de liderazgo y compromiso por parte del gobierno. Es esencial que las autoridades tomen medidas inmediatas para abordar estos problemas, implementando soluciones efectivas y transparentes que resuelvan los inconvenientes actuales y restablezcan la confianza de la ciudadanía en la capacidad del gobierno para gestionar aspectos fundamentales de la vida urbana.
