En Nuevo León, la crisis de mujeres desaparecidas sigue marcando la agenda pública y generando una profunda preocupación social. En menos de dos semanas, entre el 15 y el 27 de agosto, la Fiscalía General de Justicia recibió 10 reportes de desaparición, lo que reaviva la discusión sobre la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.
De acuerdo con datos del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de Personas (GEBI), las víctimas tienen edades que van desde los 14 hasta los 32 años, lo que muestra que el problema afecta tanto a adolescentes como a mujeres jóvenes adultas. Aunque cinco de ellas ya fueron localizadas con vida, aún permanecen vigentes los operativos para dar con el paradero de las demás.
La situación no es nueva. Colectivos ciudadanos insisten en que esta crisis lleva al menos 15 años sin solución. Lo que ocurre hoy es solo la continuación de una problemática estructural donde las familias de las víctimas denuncian indiferencia institucional, falta de protocolos efectivos y una ausencia de políticas que ataquen de raíz la violencia de género en la entidad.
Casos recientes que preocupan
Entre las mujeres que todavía son buscadas por las autoridades se encuentra Kimberly Yamileth Alvarado Delgado, de 18 años, desaparecida el 23 de agosto en la colonia Jardines de San Rafael, en Guadalupe.
Otro caso es el de María de los Ángeles Villanueva Saucedo, de 32 años, reportada como desaparecida desde el 17 de agosto en la colonia Cuauhtémoc, en San Nicolás.
También sigue sin ser localizada Mirna Deyanira Salazar Cruz, de 22 años, cuyo último registro fue el 21 de agosto en la colonia Valle de Lincoln, en García.
A esta lista se suma Yarely Michel Cruz Marcial, de 20 años y originaria de San Luis Potosí, quien desapareció el 17 de agosto en la zona de la Alameda, donde había acudido en busca de empleo.
Finalmente, continúa pendiente la búsqueda de Esperanza Guadalupe Rodríguez Rodríguez, vista por última vez el 26 de agosto en la colonia Residencial Las Estancias, en Apodaca.
Estos nombres reflejan realidades distintas, pero todas forman parte de un mismo panorama: la vulnerabilidad de las mujeres frente a un contexto de inseguridad que parece no tener freno en el estado.
📍 Desapariciones en el noreste y noroeste | Informe 2025
— IMDHD (@IMDHyD) July 28, 2025
Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora enfrentan una grave crisis de desapariciones que continúa creciendo.
🔹 #Sinaloa
Culiacán sigue como el municipio con más desapariciones: subió de 1,755 a 2,037 casos.
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Respuesta de colectivos y familias
El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) volvió a alzar la voz frente a estos hechos. Su postura es clara: la crisis de desaparecidas no ha cesado en década y media, sino que se ha mantenido constante.
Leticia Hidalgo, integrante del grupo, lo explicó con contundencia: “Para nosotros ha sido alarmante desde hace 15 años. No ha habido un solo día en el que no recibamos al menos una solicitud de apoyo u orientación”. Estas palabras ponen de relieve el desgaste emocional de las familias y el esfuerzo continuo de los colectivos para suplir la ausencia de acciones eficaces por parte del gobierno.
Los familiares de las víctimas, organizados en diversos grupos de apoyo, también reclaman que las cifras oficiales suelen ser poco claras. Mientras las autoridades presumen reducciones en algunos delitos, las familias sienten que el problema de fondo no se atiende, pues los reportes de desaparecidas se repiten casi todos los días.
Desconfianza hacia cifras oficiales de desaparecidas
De acuerdo con la Fiscalía, cinco de los 10 casos reportados en agosto ya se resolvieron con la localización con vida de las víctimas. Sin embargo, persiste el escepticismo social. Para muchos ciudadanos, los números no reflejan la gravedad del problema, y menos aún el impacto humano detrás de cada desaparición.
El hecho de que cada semana se difundan nuevos reportes de mujeres desaparecidas alimenta la percepción de que las acciones de prevención no están funcionando. Además, los procesos de búsqueda suelen recaer en gran medida en las familias, que se ven obligadas a organizar brigadas, difundir fichas en redes sociales y presionar a las autoridades para que actúen con rapidez.
A esto se suma que, en varios de los casos, se han señalado fallas en los primeros momentos tras la denuncia, lo que compromete la efectividad de la investigación. Especialistas advierten que las primeras 72 horas son cruciales para localizar a una persona desaparecida, pero con frecuencia no se activan protocolos de inmediato.
Una crisis que exige soluciones
El fenómeno de las desaparecidas en Nuevo León no es un tema aislado ni coyuntural. Es una crisis estructural que atraviesa a la sociedad y expone las debilidades del sistema de seguridad y justicia.
La cifra de 10 desapariciones en apenas 13 días es un recordatorio alarmante de que el problema no se resuelve con declaraciones oficiales, sino con políticas integrales. Los colectivos demandan que se fortalezca la Comisión Estatal de Búsqueda, que se mejoren los protocolos de reacción inmediata y que se garantice la coordinación entre policías municipales, estatales y federales.
De igual forma, se pide un enfoque con perspectiva de género, que reconozca las condiciones de vulnerabilidad específicas que enfrentan las mujeres y que atienda las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono institucional.
Mientras tanto, las familias siguen cargando con la incertidumbre de no saber dónde están sus hijas, hermanas o madres. Cada nombre de la lista es una historia interrumpida, un proyecto de vida que quedó en pausa y una familia que exige respuestas.
