El Gobierno de Nuevo León vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelarse que la Secretaría de Medio Ambiente firmó un nuevo acuerdo con la asociación civil Reforestación Extrema, dirigida por Cosijoopii Montero. Este convenio, lejos de aumentar las exigencias de transparencia, redujo todavía más los requisitos de comprobación para el uso de más de 320 millones de pesos, en un esquema que ha generado críticas por fomentar la opacidad en el manejo de recursos que deberían destinarse a la compensación ambiental.
El documento, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2024 y permanecerá vigente hasta finales de 2025, deja atrás las cláusulas que antes obligaban a entregar reportes trimestrales acompañados de estados de cuenta bancarios y comprobantes de gasto. Ahora, únicamente se requiere una descripción general de las actividades realizadas con los fondos, firmada por el representante legal de la asociación.
Menos transparencia en el nuevo convenio
El anterior convenio firmado en marzo de 2023 establecía que la organización debía presentar informes con evidencias financieras: estados de cuenta, comprobantes y documentos que dieran sustento a cada gasto. Sin embargo, el nuevo acuerdo modificó estas exigencias y dejó fuera los candados que daban al menos un grado de certeza sobre el destino del dinero.
De acuerdo con la redacción del documento vigente, Reforestación Extrema solo tendrá que presentar un informe escrito en el que detalle las actividades realizadas, sin obligación de incluir comprobantes que respalden las erogaciones. Este cambio representa un retroceso significativo en materia de rendición de cuentas, pues los más de 320 millones de pesos que han sido entregados ya no estarán sujetos a los mismos controles internos.
La firma de este convenio estuvo a cargo de Alfonso Martínez, entonces Secretario de Medio Ambiente, quien poco después fue degradado a Subsecretario. El ajuste en el acuerdo coincide con un contexto en el que el Instituto de Transparencia local había señalado la necesidad de abrir al escrutinio público el manejo de estos fondos.
Estado sustituye convenio que permitía a Reforestación Extrema recibir cientos de millones de pesos sin transparencia, por otro más opaco.#elnortelocalhttps://t.co/XASN4H6ShZ
— elnortelocal (@elnortelocal) August 25, 2025
El papel de Reforestación Extrema
La asociación civil Reforestación Extrema ha sido beneficiada por el Gobierno estatal con múltiples convenios millonarios. Bajo la justificación de canalizar recursos provenientes de compensaciones ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente permite que el dinero no ingrese a la Tesorería del Estado, sino que vaya directo a las cuentas de organizaciones como esta.
El director de la asociación, Cosijoopii Montero, ha defendido el esquema argumentando que los recursos se consideran “privados” y que su obligación es rendir cuentas solo a la Secretaría. No obstante, este planteamiento ha sido ampliamente cuestionado por expertos en temas de transparencia, pues los fondos provienen de multas y compensaciones impuestas a empresas y particulares que generan impactos ambientales. En otras palabras, se trata de dinero con un claro origen público, aunque administrado bajo un formato privado.
El modelo abre la puerta a que se evada la aplicación de leyes de adquisiciones y fiscalización, lo que implica un riesgo considerable de corrupción o mal uso de los recursos.
Recursos millonarios sin supervisión efectiva
De acuerdo con los registros, hasta mayo de 2025 la organización había recibido más de 320 millones de pesos bajo este esquema. Sin embargo, la falta de comprobantes financieros hace imposible verificar de manera precisa en qué se utilizó cada peso.
El nuevo convenio establece que el informe de actividades deberá entregarse en un plazo máximo de siete días hábiles tras ser solicitado, pero no especifica sanciones claras en caso de incumplimiento ni mecanismos de auditoría independientes. Este vacío legal y administrativo deja en entredicho la capacidad del Estado para garantizar que el dinero se use realmente en proyectos de compensación ambiental.
Pese a que colectivos ciudadanos y resoluciones del Instituto de Transparencia han pedido mayor apertura, la Secretaría de Medio Ambiente optó por la dirección contraria: exigir menos documentación y dar más libertades a la asociación.
Críticas por opacidad y posibles impactos
El hecho de que los convenios con Reforestación Extrema eliminen reportes bancarios y comprobantes de gasto ha sido catalogado como un retroceso en la rendición de cuentas. Organizaciones ambientalistas y especialistas en transparencia consideran que este tipo de acuerdos genera un terreno fértil para la discrecionalidad y la corrupción.
Además, el esquema debilita la confianza ciudadana en las políticas ambientales del Gobierno estatal, pues se reduce la certeza de que los recursos se apliquen efectivamente a proyectos que beneficien al medio ambiente. En un contexto donde los problemas de contaminación, deforestación y sobreexplotación de recursos naturales son cada vez más graves en Nuevo León, la falta de transparencia resulta especialmente preocupante.
El argumento de que los fondos son privados y no deben someterse a las leyes de adquisiciones o fiscalización pública es visto como una forma de evadir responsabilidades. Para los críticos, se trata de dinero público disfrazado de privado, lo que genera un área gris en la administración de recursos que deberían ser vigilados con rigor.
