Recursos públicos sin transparencia: 270 millones
Desde marzo de 2023, el Gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García firmó un convenio con la asociación Reforestación Extrema, dirigida por Cosijoopii Montero, para ejecutar un ambicioso programa de arborización en Monterrey y su zona metropolitana. A la fecha, el monto total canalizado por el Estado a esta organización asciende a 270 millones de pesos, una cifra que ha levantado múltiples sospechas debido a la falta de transparencia en su manejo.
El acuerdo permite a esta asociación recibir directamente las compensaciones ambientales que realizan empresas y desarrolladores inmobiliarios por la afectación de áreas verdes en sus proyectos. Sin embargo, durante más de un año, tanto la Secretaría del Medio Ambiente estatal como la propia asociación se negaron a transparentar los recursos, argumentando que provenían de aportaciones particulares y no estaban sujetos a escrutinio público.
INFONL obliga a Samuel a rendir cuentas
El pasado jueves, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) aprobó por unanimidad incorporar a Reforestación Extrema al padrón de sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia.
Esta decisión implica que la asociación deberá publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia información detallada y actualizada sobre los ingresos, gastos y contratos derivados del convenio firmado con el gobierno estatal. Se trata de un revés para el discurso oficial que sostenía que los recursos eran privados y, por tanto, no auditables.
Brenda Lizeth González, comisionada del INFONL, afirmó que los fondos públicos destinados a Reforestación Extrema son, en los hechos, auxiliares de la Secretaría de Medio Ambiente, y por tanto, deben estar sujetos a fiscalización.
Un negocio familiar de 90 millones
Uno de los datos más alarmantes que han salido a la luz es que 90 millones de pesos de los 270 canalizados por el gobierno estatal terminaron en manos de un solo grupo familiar, lo cual ha encendido las alertas en distintos sectores de la sociedad y los organismos de control.
Este dato ha generado una creciente exigencia ciudadana por conocer a detalle los contratos firmados, las personas beneficiadas y los resultados reales del programa de reforestación, en un contexto donde la falta de áreas verdes y el cambio climático son problemas urgentes.
La ASE ya investiga el caso por 270 millones
Desde diciembre de 2023, la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició una investigación formal contra Reforestación Extrema, luego de detectar anomalías en la Cuenta Pública 2023 del Gobierno Central. Las observaciones incluyen irregularidades en el uso de 81.2 millones de pesos y violaciones al convenio firmado con la Secretaría de Medio Ambiente.
De acuerdo con fuentes internas de la ASE, el convenio firmado incumple el Artículo 14 de la Ley Ambiental de Nuevo León, ya que permitió a la asociación ejecutar funciones que corresponden exclusivamente a las subsecretarías del Estado.
La ASE también encontró erogaciones injustificadas por más de 1 millón 300 mil pesos bajo el concepto genérico de “otros servicios”, una práctica que impide conocer el destino real del dinero público y abre la puerta a actos de corrupción.
Posible denuncia ante el Ministerio Público
La investigación de la ASE, que podría concluir en septiembre, busca determinar si existen elementos suficientes para turnar el caso al Ministerio Público y abrir un procedimiento penal. Esto representaría un grave golpe para el discurso de legalidad y transparencia que ha intentado sostener el gobierno de Samuel García.
Los auditores han sido claros: los recursos manejados por la asociación sí son auditables, ya que provienen del erario. Además, se ha documentado que hubo cesión indebida de funciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente al permitir que una organización civil recibiera y gestionara directamente fondos públicos.
¿Reforestar o desviar 270 millones?
La falta de información clara, los montos millonarios y el involucramiento de un grupo familiar han generado cuestionamientos legítimos sobre el verdadero objetivo del convenio. Mientras la asociación Reforestación Extremapresume miles de árboles plantados, no hay mecanismos públicos que permitan verificar el cumplimiento de sus metas o la calidad de los servicios contratados.
Especialistas en política ambiental han advertido que el modelo adoptado por el gobierno estatal abre la puerta al uso clientelar de los recursos ambientales, desviando la atención de soluciones de largo plazo a la crisis ecológica de la región.
La opacidad, un patrón repetido
Este no es el primer caso en el que la administración de Samuel García ha sido señalada por falta de transparencia en el uso del presupuesto. Diversas dependencias estatales han sido cuestionadas por convenios opacos, adjudicaciones directas y transferencias millonarias sin fiscalización independiente.
A pesar de presumir una imagen de modernidad y combate a la corrupción, el actual gobierno ha acumulado observaciones por parte de organismos autónomos y contralorías internas, en temas tan sensibles como educación, obra pública, salud y medio ambiente.
¿Y Samuel, dónde está?
Mientras crecen las críticas y se acumulan las investigaciones, el gobernador ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso. Ni él ni la Secretaría del Medio Ambiente han ofrecido una explicación clara sobre el destino de los fondos ni los mecanismos para garantizar su uso adecuado.
Organizaciones ciudadanas han comenzado a exigir que el gobierno cancele el convenio con Reforestación Extremay devuelva al Estado la facultad exclusiva de administrar los recursos provenientes de las compensaciones ambientales.
Además, se ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción del estado que abra una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades tanto de los funcionarios que firmaron el convenio como de los beneficiarios directos.
Un llamado a la vigilancia ciudadana
En un contexto donde el cambio climático amenaza directamente a Monterrey y su área metropolitana, es inadmisible que los recursos públicos destinados a mitigar sus efectos se manejen con opacidad, discrecionalidad y favoritismo.
Lo sucedido con Reforestación Extrema debe ser una alerta para exigir mayor transparencia, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas en todos los programas ambientales del estado. No se puede permitir que los árboles sean sólo una fachada para ocultar el desvío de fondos.
