En medio de una crisis hídrica que ha afectado a miles de familias en Nuevo León, una nueva polémica ha estallado contra el gobernador Samuel García, luego de que el hacker conocido como Eternal filtrara documentos que revelan un trato aparentemente preferencial en su consumo de agua. A pesar de poseer tres residencias equipadas con albercas, jardines y otras comodidades, el mandatario estatal estaría pagando menos de 700 pesos mensuales por el suministro de agua, de acuerdo con recibos extraídos directamente del sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).
La revelación fue difundida a través de foros digitales donde Eternal también denunció que el Gobierno del Estado ha sido omiso frente al hackeo masivo de datos de AyD, que incluye más de 50 mil recibos, varios con información fiscal delicada. De acuerdo con el propio hacker, el gobernador no solo se beneficia de tarifas extraordinariamente bajas, sino que existe evidencia de que los registros de consumo han sido manipulados intencionalmente para reducir el monto final a pagar.
Filtración revela manipulación de datos
La controversia comenzó con la publicación de 19 gigabytes de información extraída de los servidores de Agua y Drenaje, la cual incluye recibos actualizados correspondientes a propiedades de múltiples ciudadanos, incluyendo al propio Samuel García. Entre los hallazgos, destaca que las tres propiedades del gobernador presentan consumos notablemente bajos, incluso por debajo del promedio de hogares sin alberca ni áreas verdes.
Según Eternal, el consumo de agua reportado en estas viviendas es inconsistente con las características visibles de las propiedades, que pueden apreciarse en registros públicos, imágenes aéreas y redes sociales. En palabras del hacker, “tengo evidencia de que el recibo de consumo del gobernador es alterado todo el tiempo para reducir su consumo y el monto final a pagar”.
Estas declaraciones cobran mayor peso si se considera que otros usuarios del sistema AyD han denunciado en reiteradas ocasiones sobrecostos, errores de facturación y cargos injustificados, en un contexto donde el servicio no siempre es constante ni de calidad. Para muchos ciudadanos, el contraste entre los recibos que ellos pagan y lo que se ha revelado sobre el gobernador genera indignación y una sensación de inequidad profunda.
Pese a tener albercas, jardines y mansiones, el gobernador Samuel la tiene fácil: ¡paga solo 700 de agua al mes!, según una filtración de datos de AyD. Se tiene información de que falsea los datos de consumo, mientras otros tienen que pagar sobrecostos en sus recibos.
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) July 29, 2025
¿Es justo? pic.twitter.com/UZIS0JNBi1
Omisión ante hackeo e irregularidades
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Gobierno del Estado no ha emitido ningún comunicado oficial reconociendo la filtración ni aclarando las inconsistencias señaladas por Eternal. Peor aún, el hacker acusa que el mismo gobierno ha sido omiso e incluso negligente frente a la vulnerabilidad de los sistemas de Agua y Drenaje, minimizando la magnitud del problema.
En una actualización de su publicación original, Eternal afirma que el sistema de facturación de AyD está siendo explotado, no solo para beneficiar a funcionarios, sino también para ejecutar fraudes masivos mediante herramientas automatizadas. Según su relato, estaría en circulación un software capaz de extraer, modificar o replicar recibos de agua con fines ilícitos, y pese a haber expuesto esto, ninguna autoridad ha reaccionado con seriedad.
Este silencio oficial alimenta las sospechas sobre una posible red de protección dentro del gobierno o, en el mejor de los casos, una falta total de control interno sobre la gestión de datos sensibles. También ha despertado el enojo de ciudadanos que durante los últimos años han tenido que enfrentar restricciones de agua, cortes imprevistos, y tarifas excesivas, mientras observan cómo los altos funcionarios parecen operar bajo reglas distintas.
Crece indignación ciudadana contra Samuel García
La indignación por este caso no se limita al tema de los pagos. Para muchos habitantes de Nuevo León, el caso refleja una cultura de privilegios, en la que las mismas autoridades que llaman al “uso responsable del agua” o piden comprensión por las fallas del servicio, no aplican esos estándares a sus propios hogares.
En redes sociales, múltiples usuarios han compartido sus propios recibos con montos superiores a los 700 pesos mensuales, aun sin albercas, y en algunos casos sin agua corriente de manera regular. Las comparaciones no se han hecho esperar: mientras un ciudadano promedio debe racionar agua y pagar más de lo que consume, el gobernador goza de tarifas ínfimas sin rendir cuentas.
Algunos analistas han comenzado a exigir una investigación independiente que aclare si hubo manipulación interna de los sistemas de AyD, y si el gobernador u otros funcionarios están involucrados en una red de alteración de datos con fines de beneficio personal. Aunque la evidencia proviene de un hackeo, y por tanto se debe tratar con cautela, el silencio oficial sólo ha abonado al desconcierto y la molestia social.
Además, preocupa que la filtración masiva no se limite al caso del gobernador. Con 50 mil recibos expuestos, existe el riesgo de que cualquier ciudadano pueda ser blanco de extorsión, suplantación de identidad o fraudes digitales. En ese sentido, las críticas no solo apuntan al posible privilegio del mandatario, sino a la fragilidad institucional del sistema de Agua y Drenaje.
Urge transparencia y rendición de cuentas
En este contexto, voces ciudadanas y de organizaciones civiles ya han comenzado a exigir que Agua y Drenaje emita un informe público, que el gobernador aclare directamente el contenido de los recibos filtrados, y que se auditen los sistemas digitales de la dependencia para garantizar su integridad.
La credibilidad de las instituciones encargadas de administrar los servicios básicos está en juego. Si no se transparenta el uso del agua ni el manejo de los sistemas de facturación, el descontento podría escalar y afectar seriamente la confianza en el gobierno estatal, sobre todo en un momento donde se demandan más esfuerzos en temas como el acceso al agua, la sustentabilidad y la equidad fiscal.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, no hay denuncias formales ni apertura oficial a investigar los hechos. Sin embargo, algunos sectores esperan que los próximos días obliguen a las autoridades a dar explicaciones. El caso, aunque originado en un foro digital, ha puesto en jaque la narrativa de austeridad y transparencia que el gobernador Samuel García ha intentado posicionar desde el inicio de su mandato.
