Un Programa con más Preguntas que Árboles
En medio de una crisis ambiental persistente en la zona metropolitana de Monterrey, el gobernador Samuel García vuelve a generar controversia con su programa Bosques Ciudadanos. Durante un acto oficial celebrado en Parque Fundidora, el mandatario de Movimiento Ciudadano afirmó que su gobierno ha plantado más de 650 mil árboles en los primeros tres años de su administración, a través de una inversión de 300 millones de pesos.
Sin embargo, esa cifra fue puesta en duda de inmediato por activistas, medios y legisladores, al contrastarla con el último reporte oficial disponible, que sólo contabiliza 5 mil 176 árboles plantados hasta junio de 2023, con un gasto acumulado de 147 millones de pesos. Esta disparidad de más de 645 mil árboles en tan solo nueve meses levanta serias sospechas sobre la veracidad de los datos y el uso de recursos públicos.
¿Dónde están los árboles de Samuel?
La administración de García asegura que los árboles se han sembrado gracias al trabajo de la asociación Reforestación Extrema, encabezada por Cosijoopii Montero. Sin embargo, el propio gobernador no presentó un desglose específico sobre las ubicaciones de los árboles, ni explicó de manera técnica cómo se llegó a esa cifra. El evento, al que no fueron convocados medios de comunicación, dejó muchas interrogantes sin resolver.
Las dudas sobre la transparencia del programa aumentan al saber que el último informe oficial fue publicado en junio del año pasado, y desde entonces no se ha actualizado en los portales del gobierno. Además, la asociación que ejecuta el programa ha sido señalada por operar con recursos millonarios sin rendir cuentas claras.
De acuerdo con información publicada por el diario El Norte, Reforestación Extrema recibió 270.3 millones de pesos entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, recursos que provienen de compensaciones ambientales de empresas privadas. No obstante, los fondos no pasan por el erario, lo que impide su fiscalización directa. Esto significa que el dinero llega directamente a las cuentas de la asociación sin que se tenga obligación de hacerlo público.
Falta de transparencia y vínculos cuestionables
La falta de acceso a los reportes trimestrales que Reforestación Extrema debe entregar al Gobierno estatal ha sido otro foco rojo. Diversos ciudadanos y organizaciones han solicitado dicha información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, sin obtener respuesta. La opacidad en el manejo del programa es evidente.
Por si fuera poco, una revisión al origen de los gastos revela conexiones familiares comprometedoras. De los recursos entregados a Reforestación Extrema, al menos una tercera parte ha sido canalizada a empresas “hermanas”, como Viveros Regionales y Arbolmax, cuyos socios incluyen a Adrián Cavazos Cavazos, hermano de Érik Cavazos Cavazos, actual director de Protección Civil del Estado. La triangulación de recursos hacia círculos cercanos al poder estatal genera preocupación y abre la puerta a un posible conflicto de interés.
Una gráfica que no convence
La falta de transparencia por parte del Gobierno estatal ha llegado al punto en que, ante una solicitud formal de desglose, Comunicación Social del Estado respondió con una simple gráfica. En ella se intenta justificar la cifra mencionada por el gobernador al sumar árboles de otros programas, tanto públicos como privados, incluyendo la reforestación de la Sierra de Santiago tras los incendios forestales.
El problema es que la gráfica no especifica cuántos árboles corresponden exclusivamente a Bosques Ciudadanos, el programa que supuestamente atiende el déficit de árboles en la mancha urbana. Así, la administración intenta inflar los números al mezclar proyectos sin relación directa con el presupuesto de los 300 millones reportados.
Activistas y legisladores alzan la voz contra Samuel
La reacción de colectivos ambientalistas y representantes del Congreso local no se hizo esperar. Diversos activistas han señalado que las cifras del Gobierno son inconsistentes, y que el dinero asignado al programa podría estar siendo utilizado para simular acciones ecológicas sin resultados verificables.
En ese mismo sentido, diputados han exigido que el Ejecutivo estatal publique los reportes oficiales del programa en el portal de transparencia y que explique por qué los recursos se están manejando sin pasar por los mecanismos de control institucionales. Hasta el momento, la administración de García ha optado por el silencio.
El papel de “Reforestación Extrema”
Reforestación Extrema no es una asociación nueva en el tema ambiental, pero su ascenso dentro del Gobierno de Samuel García ha sido meteórico. En marzo de 2023, Félix Arratia, entonces secretario estatal de Medio Ambiente, decidió asignar el programa a esta organización. Hoy, Arratia es alcalde de Juárez y estuvo presente en el evento junto a Montero y el gobernador.
A pesar de recibir cientos de millones de pesos, la asociación no ha dado evidencia pública de los avances del programa. No se han publicado informes, fotografías georreferenciadas, ni estudios de supervivencia de los árboles plantados. Sin estos datos, resulta imposible confirmar que los árboles existen o siguen vivos.
¿Reforestación o simulación?
La estrategia ambiental de Samuel García, que ha incluido campañas como “Nuevo León Verde”, ha estado más enfocada en la imagen pública que en resultados reales. El caso de Bosques Ciudadanos muestra cómo los recursos pueden usarse para construir narrativas de éxito ambiental sin sustento verificable.
García ha sido insistente en que su gobierno promueve la sustentabilidad, pero situaciones como ésta dan un golpe a la credibilidad de su discurso. En lugar de transparentar el uso del dinero y permitir auditorías externas, el gobierno ha optado por el encubrimiento sistemático de datos clave.
El costo de los árboles invisibles de Samuel
El problema no es solo político o simbólico: se trata de 300 millones de pesos de origen público, derivados de las obligaciones ambientales de empresas y desarrollos. Ese dinero debería destinarse a acciones reales de compensación ecológica, como la reforestación efectiva, el mantenimiento de árboles y la recuperación de zonas verdes.
Pero si esos árboles no existen o murieron por falta de cuidados, estamos frente a un caso grave de ineficiencia, simulación o desvío de recursos. La ciudadanía tiene derecho a saber dónde están los árboles, cómo se plantaron, quién los cuida y qué resultados ha dado esa inversión millonaria.
Cuando los Números No Cuadran
El caso de los árboles invisibles de Samuel García es un reflejo de una administración que privilegia la percepción sobre la rendición de cuentas. Mientras se habla de sustentabilidad y medio ambiente en discursos oficiales, en la práctica se oculta información, se favorecen a círculos cercanos y se evaden los mecanismos de control público.
Más allá del simbolismo, los árboles son necesarios para enfrentar el déficit ambiental de Monterrey. Pero si el dinero para sembrarlos desaparece en contratos opacos y cifras infladas, lo que se planta no es un bosque, sino la desconfianza ciudadana en su gobierno.
