La reciente filtración de datos personales de clientes del organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha desatado una nueva polémica en torno al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Esta vez, la controversia gira en torno a sus bajos pagos mensuales por consumo de agua potable, que contrastan drásticamente con el volumen y estilo de vida que ha compartido en redes sociales.
De acuerdo con documentos filtrados por un presunto hacker, identificado como Eternal o Holistic-K1ller, el mandatario habría pagado menos de 700 pesos al mes por el suministro de agua en tres propiedades diferentes, todas ubicadas en zonas residenciales de alto valor, y que cuentan con albercas, amplios jardines y múltiples comodidades. La revelación ocurre a menos de un año de la peor crisis hídrica vivida en el estado, situación que obligó a millones de ciudadanos a vivir con racionamientos y restricciones, mientras el gobierno impulsaba campañas para fomentar el ahorro del recurso.
La filtración no solo ha expuesto los supuestos recibos de consumo del gobernador, sino que también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia, equidad y justicia en la facturación del agua en Nuevo León, especialmente si se confirma que existió alteración de registros para disminuir el monto a pagar.
Filtración expone datos delicados
El incidente fue dado a conocer a través de redes sociales por el periodista Ignacio Villaseñor. Según su reporte, el hacker filtró aproximadamente 19 GB de información sensible que pertenece al organismo de Agua y Drenaje de Monterrey. Entre esos datos se incluyen recibos, historiales de consumo, nombres, direcciones y detalles bancarios de miles de clientes, incluida la información personal del gobernador del estado.
El atacante digital no solo expuso esta base de datos como una simple filtración, sino que intentó venderla inicialmente por 500 dólares y ofreció detener la difusión a cambio de 10 mil dólares en criptomonedas. Ante la negativa del gobierno a negociar, Eternal decidió publicar parte del contenido, siendo los recibos de Samuel García uno de los elementos más llamativos para la opinión pública.
La controversia estalló al evidenciarse que los pagos por el suministro de agua en tres residencias del mandatario no superan los 700 pesos en total, pese a tratarse de inmuebles de lujo, cuyas dimensiones y servicios requieren un consumo mucho mayor al promedio.
💻 Un hacker filtró documentos de Agua y Drenaje que revelan que Samuel paga menos de 700 pesos de agua al mes, pese a vivir en una residencia con alberca y jardines. El hacker acusó manipulación de consumos y exigió justicia al gobierno.
— Minuto Cero (@Minuto_Cero_NL) July 30, 2025
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Residencias de alto valor
La vivienda principal del gobernador, donde reside con su esposa Mariana Rodríguez y su hija, se encuentra en el exclusivo fraccionamiento San Patricio, en San Pedro Garza García. Esta zona es considerada una de las más costosas no solo del país, sino de América Latina, con propiedades que pueden superar los 150 millones de pesos.
El inmueble, según imágenes y publicaciones compartidas por la propia pareja en sus redes, cuenta con amplios espacios verdes, alberca, decoración de lujo, mobiliario de diseñador y acabados de alta gama. Todo esto implica un elevado mantenimiento, especialmente en términos de agua, tanto para el riego como para el llenado de la piscina y otras necesidades domésticas.
Sin embargo, los documentos filtrados muestran una suma irrisoria por concepto de pago del servicio hídrico, lo cual ha llevado a diversos sectores sociales a cuestionar la equidad del sistema de facturación y la posible manipulación de los datos por parte del Ejecutivo estatal o su entorno.
Incongruencias con campañas oficiales de Samuel García
Durante la crisis del agua en 2024, el gobierno de Samuel García lanzó múltiples campañas para incentivar el uso racional del agua, siendo la más conocida la de “Ciudadanos de 100”, en la que se pedía a los habitantes de Nuevo León no superar los 100 litros diarios de consumo por persona.
El discurso gubernamental apelaba a la solidaridad ciudadana y al cuidado del medio ambiente, mientras se implementaban recortes, restricciones, cierre de válvulas y distribución de agua en pipas para miles de familias, sobre todo en zonas populares del área metropolitana de Monterrey.
Sin embargo, los recibos expuestos pintan un panorama distinto. Si bien el gobernador ha defendido en múltiples ocasiones su compromiso con la sustentabilidad y el ejemplo que debe dar como funcionario, los números revelados por el hacker contradicen ese mensaje, generando indignación y molestia en sectores que vivieron con poca o nula disponibilidad del recurso.
Además, la crítica no solo es por el bajo pago, sino por la falta de transparencia. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha ofrecido una postura oficial sobre la autenticidad de los documentos, la veracidad del consumo reportado o las medidas que tomará para aclarar los señalamientos.
Preocupación por justicia y seguridad digital
Este caso ha abierto dos frentes de discusión. El primero, relacionado con la equidad en el pago de servicios públicos. ¿Es posible que un ciudadano común pague más por agua que el gobernador del estado? ¿Qué mecanismos existen para auditar el consumo real en propiedades de altos funcionarios? ¿Por qué no se ha dado una explicación oficial?
El segundo punto de preocupación se refiere a la seguridad digital de las instituciones públicas en Nuevo León. La filtración de 19 GB de datos sensibles no solo vulnera la privacidad de miles de personas, sino que deja en evidencia la fragilidad de los sistemas tecnológicos del estado, un riesgo que puede tener consecuencias graves si no se toman acciones inmediatas.
Por si fuera poco, el hecho de que esta brecha haya sido utilizada con fines de extorsión agrega una capa de gravedad adicional. El gobierno no solo fue hackeado, sino también amenazado financieramente, sin que hasta ahora se conozcan los detalles del seguimiento judicial o cibernético del caso.
