El pasado 1 de junio de 2025, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, recurrió una vez más a sus redes sociales para lanzar un mensaje optimista: “Este mayo fue el mejor mes en seguridad de los últimos ocho años”, afirmó, en un tono desafiante hacia los medios de comunicación, a quienes acusó de no publicar estos supuestos logros.
Sin embargo, la falta de datos oficiales contradice esta afirmación. Al momento de su declaración, ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ni la Fiscalía Estatal de Nuevo León habían publicado las cifras correspondientes a mayo de 2025. Las estadísticas disponibles se limitaban a abril, y las cifras preliminares —que incluso el propio gobierno federal reconoce como incompletas— no bastan para validar la versión del gobernador.
Lo que Samuel presentó como una “noticia que ningún medio quiere decir” no solo carece de sustento técnico, sino que se basa en una lectura parcial y conveniente de un dato aislado: una disminución temporal en los homicidios dolosos durante un solo mes.
La estrategia de seguridad, en entredicho
La narrativa oficial de Samuel García ha estado marcada por un discurso triunfalista en materia de seguridad. Desde el inicio de su administración, ha insistido en que su estrategia está “blindando a Nuevo León”. Sin embargo, la realidad que viven miles de familias en el estado refleja algo muy distinto: el aumento sostenido de la violencia en los últimos años.
Entre los años 2020 y 2025, los homicidios dolosos aumentaron un 82%, de acuerdo con comparativos anuales. Esta cifra no es producto de la especulación ni del amarillismo: está sustentada en los registros históricos del SESNSP, que permiten observar con claridad la tendencia ascendente de la violencia.
Solo en 2024, se registraron 1,539 víctimas de homicidio doloso en Nuevo León. Esto significa que, bajo la gestión de Samuel, el estado ha alcanzado los niveles más altos de homicidio en los últimos diez años.
La manipulación de los indicadores
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es el uso político de los datos. En lugar de presentar informes técnicos o esperarse a la publicación oficial de las estadísticas, el gobernador optó por adelantarse y establecer una narrativa favorable, aún cuando los datos no estaban disponibles públicamente.
Esto no solo confunde a la ciudadanía, sino que desacredita los esfuerzos serios de análisis y rendición de cuentas. Los expertos en seguridad recomiendan evaluar la evolución de la violencia con base en periodos anuales o quinquenales, no en datos mensuales que pueden fluctuar por múltiples factores estacionales o coyunturales.
Un solo mes con cifras más bajas no representa una tendencia sostenida. En cambio, las cifras acumuladas de homicidios, extorsiones, feminicidios, robos y delitos sexuales en los últimos cinco años muestran una constante alza en los delitos de alto impacto.
¿ #NuevoLeón tiene el "mejor mes en seguridad de los últimos 8 años" como aseguró Samuel García?
— 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) June 3, 2025
❌ Los datos oficiales de mayo AÚN NO EXISTEN
📈 NL registra las cifras MÁS ALTAS de homicidios de la década
La realidad vs el discurso #TeConvieneSaberMás🔎 https://t.co/8owVCrDUGU
El contraste con otros delitos
El discurso del gobernador también ignora que, mientras se registra una baja aislada en los homicidios de mayo (56 víctimas según cifras preliminares), otros delitos han incrementado de forma alarmante durante su gestión.
Según los datos disponibles hasta abril de 2025, los delitos de alto impacto han crecido un 33% en los últimos cinco años. Entre ellos se encuentran:
- Feminicidios
- Secuestros
- Extorsiones
- Robo a casa y negocio
- Delitos sexuales
- Violencia familiar
- Narcomenudeo
Este conjunto de delitos configura un panorama más amplio que permite evaluar de forma más objetiva la situación de seguridad en el estado. Centrarse solo en un delito y en un mes específico es una estrategia de manipulación política, no una evaluación seria.
Una década perdida en seguridad
A pesar de que Samuel García busca posicionarse como el gobernador que ha traído “los mejores resultados en seguridad”, la evidencia muestra que Nuevo León vive hoy una de las peores crisis de violencia de la última década.
Desde el año 2015, las cifras no eran tan altas en homicidios dolosos como lo son ahora. La cifra de más de mil homicidios por año se ha vuelto constante desde el inicio de su administración, lo que contradice su discurso de éxito.
Peor aún, al comparar los tres primeros años de su mandato con el mismo periodo de su antecesor, se observa que el número de víctimas de homicidio doloso pasó de 1,328 en 2022 a 1,539 en 2024, un incremento del 16%.
Esta tendencia pone en duda no solo la eficacia de su estrategia, sino su disposición para reconocer los errores y corregir el rumbo.
El uso político de la seguridad
El intento de presentar avances inexistentes en seguridad obedece a una estrategia más amplia de Samuel García: el uso político de los temas públicos para construir una imagen positiva ante la ciudadanía y los medios nacionales.
Este patrón ya ha sido observado en otros momentos, como durante sus intentos por contender por la Presidencia de la República o en su promoción de proyectos de infraestructura que aún no se concretan.
El problema es que la seguridad no es una materia que se pueda simular. Cuando los ciudadanos salen a la calle y son víctimas de robo, extorsión o agresiones, la narrativa oficial se desmorona frente a la realidad. Y esa disonancia alimenta el hartazgo social.
Los riesgos de negar la realidad
Negar las cifras, manipular los datos y deslegitimar a los medios que exponen la situación solo agrava la crisis de seguridad en Nuevo León. La negación impide la corrección y profundiza la desconfianza ciudadana.
Los especialistas coinciden en que cualquier política de seguridad efectiva debe basarse en diagnósticos precisos, apertura institucional y diálogo con la sociedad civil. Nada de eso está ocurriendo actualmente en Nuevo León.
Por el contrario, el gobierno de Samuel García ha optado por un camino unilateral, en el que la crítica se descarta como ataque político y los datos se usan como herramientas de propaganda.
¿Qué sigue para Nuevo León?
Si el gobierno de Nuevo León no reconoce la magnitud del problema, será imposible implementar soluciones reales. Mientras las cifras de homicidios y delitos de alto impacto sigan creciendo, los discursos optimistas serán vistos como provocaciones cínicas por parte de la ciudadanía.
La seguridad no se resuelve en redes sociales ni con frases pegajosas. Se necesita estrategia, coordinación interinstitucional, inversión pública y voluntad política real para reducir los índices delictivos.
Y sobre todo, se necesita transparencia. El pueblo de Nuevo León no solo merece vivir en paz, también merece que se le hable con la verdad.
El caso de mayo de 2025 es un ejemplo claro de cómo el gobierno de Samuel García utiliza indicadores manipuladospara construir una narrativa que no corresponde con la realidad. Aunque el gobernador haya insistido en que “nadie lo publica”, la razón es simple: los datos no confirman lo que dice.
Los homicidios dolosos aumentaron 82% en cinco años, los delitos de alto impacto se incrementaron 33%, y la cifra de asesinatos supera los mil casos anuales, la más alta en una década. Con estas cifras, resulta imposible sostener que hay una mejora real.
Samuel puede celebrar en Instagram, pero los ciudadanos viven otra realidad en las calles. Y hasta que no se reconozca esa verdad, Nuevo León seguirá sumido en una crisis de violencia sin respuesta clara.
