El programa “Ayudamos a Moverte” lanzado por el Gobierno de Nuevo León, destinado a ayudar a los ciudadanos con pasajes gratuitos, ha estado en el centro de un debate sobre su efectividad, transparencia y su manejo adecuado. Mientras el gobierno asegura que el programa está diseñado para apoyar a las personas más vulnerables ante el aumento de tarifas de transporte público, la sociedad civil está comenzando a exigir mayor claridad sobre cómo se lleva a cabo la operación del programa.
¿Qué es el Programa “Ayudamos a Moverte”?
“Ayudamos a Moverte” es una iniciativa del Gobierno de Nuevo León que ofrece pasajes gratuitos a ciertos grupos de la población, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como personas de bajos ingresos o con alguna discapacidad. La idea es mitigar el impacto del aumento en las tarifas de transporte público, una medida que afectó a cientos de miles de usuarios en Monterrey y otras áreas metropolitanas.
El programa está enfocado en beneficiar a personas que ganan menos de dos salarios mínimos, aproximadamente 16,000 pesos mensuales, pero en la práctica, muchos han señalado que las reglas de inscripción y los requisitos no son claros.
La Falta de Transparencia y los Datos Sensibles
Uno de los puntos más controvertidos del programa ha sido la manera en la que se recopilan los datos de los beneficiarios. Para inscribirse, los usuarios deben proporcionar una foto de su credencial de INE (Instituto Nacional Electoral), lo que ha generado preocupación sobre la protección de datos sensibles. Muchos se preguntan si el gobierno realmente garantiza la seguridad de estos datos personales y si se está utilizando un sistema adecuado para almacenarlos.
Juan Manuel Ramos, representante de Redes Quinto Poder, expresó que uno de los principales problemas es la dificultad de verificar los ingresos de las personas sin comprometer su privacidad. Aunque el gobierno pide ciertos documentos como los recibos de nómina, esto puede resultar complicado para aquellos que trabajan en la informalidad o que no tienen acceso a los medios necesarios para obtener este tipo de documentos.
El cuestionamiento sobre el manejo de los datos va más allá de la simple solicitud de información personal. La preocupación principal es saber si las fotos tomadas de las credenciales del INE son almacenadas de manera segura o si podrían ser mal utilizadas, sobre todo si estas imágenes son capturadas con teléfonos celulares personales de los funcionarios encargados.
¿Está el Programa Realmente Alcanzando a los Más Vulnerables?
El principal objetivo del programa es ayudar a los grupos más vulnerables, pero la falta de un proceso claro y accesible de inscripción hace que muchas personas se queden fuera. De acuerdo con algunos críticos, el hecho de que no se exijan comprobantes de ingresos claros hace que el programa sea vulnerable a ser utilizado de manera incorrecta o, incluso, para fines políticos.
La activista Liliana Flores Benavides comentó que cualquier programa de subsidios debe tener reglas de operación claras. De lo contrario, corre el riesgo de ser operado de manera discrecional, lo que podría traer consigo favoritismos y la distribución de recursos de manera desigual.
El hecho de que el gobierno no esté exigiendo una comprobación rigurosa de los ingresos de los solicitantes también pone en duda si las personas realmente elegibles están recibiendo el apoyo. Esto plantea una serie de interrogantes sobre si el programa está siendo implementado correctamente o si, por el contrario, podría estar siendo aprovechado de manera política.
El Llamado a la Transparencia
Ante estas preocupaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno estatal que sea más transparente en cuanto al manejo del programa. Uno de los aspectos más señalados es la falta de reglas claras y la ausencia de un sistema que permita a los ciudadanos monitorear la distribución de los recursos y el uso de sus datos personales.
Es crucial que el gobierno de Nuevo León aclare cómo se almacenan y gestionan los datos que se recogen a través de este programa. La sociedad civil ha pedido a las autoridades que se aseguren de que la información personal de los ciudadanos esté protegida y que no haya riesgos de filtraciones o mal uso.
Además, la transparencia no solo implica proteger los datos personales, sino también hacer público cómo se distribuyen los recursos, quiénes son los beneficiarios del programa y qué criterios se utilizan para determinar quién califica y quién no. Solo con esta claridad se puede garantizar que el programa cumpla con su objetivo de ayudar a los más necesitados.
¿Qué Medidas Pueden Tomarse para Mejorar el Programa?
Una de las principales sugerencias que ha surgido es la de hacer que el programa sea más accesible y menos burocrático. Esto podría incluir la creación de un sistema más sencillo para verificar los ingresos de las personas, sin que esto implique invadir su privacidad o poner en riesgo sus datos sensibles.
Además, se podría considerar una ampliación de los beneficios del programa para incluir a más personas, incluso aquellas que no están en situación de vulnerabilidad extrema pero que aún enfrentan dificultades económicas debido a los aumentos en los precios del transporte público.
Otra propuesta relevante es la de implementar un sistema de seguimiento y auditoría, donde los ciudadanos puedan verificar quiénes están recibiendo los pasajes gratuitos, asegurándose de que el programa esté siendo administrado de manera justa y equitativa.
El Rol del Congreso en la Supervisión del Programa
El Congreso de Nuevo León también juega un papel clave en la supervisión del programa. Como parte de su función de control y fiscalización, es importante que los legisladores exijan que se publiquen los detalles de cómo se están distribuyendo los recursos y si el programa está cumpliendo con su propósito de ayudar a los más necesitados.
Además, el Congreso puede intervenir para garantizar que el gobierno estatal cumpla con las leyes de protección de datos personales, una medida esencial para evitar que los ciudadanos se vean afectados por posibles filtraciones o el uso indebido de su información.
El programa “Ayudamos a Moverte” tiene un propósito loable: ayudar a los ciudadanos de Nuevo León a enfrentar el aumento en las tarifas del transporte público. Sin embargo, la falta de transparencia y la preocupación sobre el manejo de los datos personales han generado una gran cantidad de dudas sobre su eficacia y equidad.
Para que este programa cumpla su objetivo de apoyar a los más vulnerables, es esencial que el gobierno de Nuevo León tome medidas para garantizar la transparencia, proteger los datos de los beneficiarios y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Si el gobierno de Nuevo León no actúa con mayor claridad y apertura, podría poner en riesgo la confianza de la ciudadanía en sus programas sociales, lo que afectaría negativamente la percepción pública y podría dificultar la implementación de futuros proyectos. Es el momento de que se pongan las reglas claras y se asegure que “Ayudamos a Moverte” sea un programa que verdaderamente beneficie a quienes más lo necesitan.
