Pyosa Reportó Derrame y AyD Tardó 8 días

El pasado martes, un derrame de líquido azul de la empresa Pyosa llamó la atención de vecinos en la Colonia Bella Vista, al norte de Monterrey. El líquido terminó en el Arroyo Topo Chico, lo que generó alarma por una posible contaminación ambiental. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado se convirtió en una muestra clara de omisión y lentitud por parte del Gobierno estatal, particularmente del organismo Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

Detrás de este incidente hay una cadena de advertencias ignoradas, respuestas tardías y revisiones encubiertas que dejan en entredicho el compromiso del gobierno con el cuidado ambiental y la transparencia.

La advertencia de Pyosa

La empresa Pyosa Industrias, ubicada en la zona del derrame, informó que el líquido derramado era un pigmento azul 15 y que su descarga se había realizado de manera regular al sistema de drenaje industrial. Según la versión de la empresa, el problema comenzó cuando un ducto del propio AyD se tapó, provocando que el líquido regresara por la red y terminara en el drenaje pluvial, alcanzando el arroyo.

De acuerdo con Juan Francisco Pérez Escamilla, gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Pyosa, la empresa reportó el problema dos veces: la primera el pasado 7 de mayo y la segunda el lunes 13. Sin embargo, AyD no respondió en tiempo ni forma, y la inspección del organismo llegó hasta ocho días después del primer aviso, cuando el derrame ya era público y generaba preocupación entre la ciudadanía.

¿Por qué tardó tanto el Gobierno de NL?

La actuación de AyD solo se produjo luego de que el derrame se hizo viral y fue publicado por medios de comunicación. Antes de eso, no se había realizado ninguna inspección del drenaje reportado como obstruido. Aunque personal del organismo acudió a la planta el miércoles 15, ese día no revisaron la red de drenaje industrial denunciada por Pyosa. La revisión real se realizó hasta el jueves 16, cuando una cuadrilla inspeccionó al menos 12 registros industriales dentro y fuera de la planta.

El retraso de ocho días en atender un posible riesgo ambiental plantea serias dudas sobre los protocolos de actuación del organismo, pero también sobre la voluntad del gobierno estatal para dar prioridad a temas ambientales, más allá de lo mediático.

Revisión a puerta cerrada de Pyosa

Lo más llamativo del operativo realizado por Agua y Drenaje fue la manera en que intentaron ocultarlo del ojo público. Durante la inspección del jueves, trabajadores de Pyosa colocaron lonas para tapar la entrada principal de la planta, lo cual, según trascendió, habría sido una petición directa de AyD para evitar que se captaran imágenes de la inspección.

Este tipo de maniobras refuerzan la percepción de que el gobierno estatal solo actuó para cubrir la presión mediáticay no por un compromiso real con la ciudadanía ni con el medio ambiente. Además, no se emitió ningún informe oficial sobre lo encontrado ni sobre si la supuesta obstrucción en el ducto fue solucionada.

Sanciones sin claridad

De manera paralela a la revisión de AyD, otras dependencias estatales actuaron. La Subsecretaría de Fomento Sanitario del Estado colocó un nuevo sello de suspensión de labores en la planta de Pyosa la noche del miércoles, pero no se informó públicamente el motivo. Este se sumó al que la Secretaría de Medio Ambiente estatal ya había impuesto un día antes.

En total, la planta acumuló dos suspensiones en menos de 48 horas, sin que se haya aclarado cuál es la naturaleza de las presuntas irregularidades. La falta de información oficial deja un vacío que alimenta la desconfianza ciudadana.

¿Falla de infraestructura o encubrimiento?

Aunque Pyosa aceptó que el pigmento azul salió de sus instalaciones, se deslindó de responsabilidades argumentando que el derrame se debió a una falla en la infraestructura del organismo estatal, lo cual podría trasladar la responsabilidad al propio gobierno.

La omisión de AyD no solo consiste en haber ignorado los reportes iniciales, sino también en no informar públicamente sobre el estado actual del sistema de drenaje, ni sobre las medidas correctivas que se tomarán para evitar futuros incidentes. Esta falta de claridad refuerza la sospecha de encubrimiento institucional.

¿Qué tan grave es el daño de Pyosa?

Aunque no se ha determinado el impacto ambiental del derrame, vecinos de la zona reportaron que el líquido llegó hasta el Arroyo Topo Chico, un cuerpo de agua que atraviesa varias colonias y que ha sido objeto de limpieza y rehabilitación en años anteriores.

El derrame de un pigmento industrial en este arroyo podría tener consecuencias sobre la flora, fauna y calidad del agua, y sin una evaluación técnica independiente, no es posible saber si los daños serán reversibles.

Lo que sí es evidente es que la omisión de las autoridades contribuyó a que el incidente escalara, y eso es algo que la ciudadanía no debería dejar pasar.

Sin operativos preventivos del Gobierno de NL

Este caso también deja al descubierto que el gobierno estatal no cuenta con un mecanismo de respuesta rápida ante reportes de posibles daños ambientales. El hecho de que una empresa pueda reportar un drenaje tapado y no obtener respuesta en más de una semana, incluso si hay riesgo de contaminación, es una señal de alarma.

La protección del medio ambiente requiere de acciones inmediatas, sobre todo en zonas urbanas densamente pobladas donde los cuerpos de agua pueden llevar los contaminantes a múltiples puntos en poco tiempo.

¿Y la transparencia?

Otro aspecto preocupante es la ausencia de comunicación oficial clara. Ni Agua y Drenaje ni la Secretaría de Medio Ambiente han dado un informe detallado sobre lo ocurrido. Tampoco se ha hecho público si efectivamente el ducto estaba obstruido, ni si ya fue reparado.

A pesar de que la planta de Pyosa no mostraba actividad el jueves por la tarde, y algunos trabajadores solo acudieron a firmar asistencia, no se ha confirmado si la suspensión sigue vigente ni qué acciones deberá tomar la empresa para reanudar operaciones.

La opacidad en torno a este tipo de hechos mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de proteger el entorno.

¿Qué sigue para Nuevo León?

Lo ocurrido con el derrame en Bella Vista debería encender alertas en todos los niveles de gobierno. Si los organismos encargados de revisar, operar y supervisar las redes de drenaje no responden ante advertencias claras, se corre el riesgo de que futuros incidentes sean aún más graves.

Además, se vuelve urgente que la ciudadanía pueda acceder a información clara, saber qué fue lo que falló y qué se hará para corregirlo. Sin transparencia, no hay garantías de que el problema no se repita.

Un caso que refleja una política ausente

Este caso no es aislado. Se enmarca dentro de una larga lista de omisiones por parte del gobierno estatal en temas de infraestructura, medio ambiente y servicios públicos. La falta de planificación, respuesta tardía y encubrimiento son patrones que ya han afectado el transporte, la movilidad y ahora el saneamiento urbano.

Mientras el gobierno de Nuevo León mantiene el discurso de modernización y desarrollo, en los hechos sigue mostrando una desconexión total con las necesidades urgentes de su población, y una preocupante indiferencia ante los riesgos ambientales.