Un desastre ambiental sin castigo
El pasado 18 de abril de 2025, se registró un derrame tóxico de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácidaprocedentes de una planta de la empresa Ternium, ubicada en los límites entre Monterrey y San Nicolás. El incidente, que afectó directamente al arroyo La Talaverna, ha generado una ola de indignación social, mientras el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha guardado silencio y pasividad frente a los daños ambientales y de salud pública.
La empresa reconoció días después que el derrame contaminó al menos 11 kilómetros del cauce, afectando los municipios de San Nicolás, Apodaca, Guadalupe y Pesquería. A pesar de esta admisión, no se ha impuesto ninguna sanción, ni se ha clausurado temporalmente la planta, como han exigido vecinos, activistas, legisladores y autoridades municipales.
Ternium admite el daño, pero el Estado no actúa
En un comunicado público, la siderúrgica Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, aceptó la responsabilidad del derrame e informó que ya trabajaban en la “contención y mitigación del daño”. Sin embargo, para los habitantes de San Nicolás y zonas aledañas, esta respuesta es insuficiente y representa una estrategia de simulación.
El gobierno estatal, por su parte, no ha emitido una postura contundente, ni ha aplicado multas ejemplares, lo cual ha sido interpretado por la ciudadanía como una protección institucional hacia la empresa, que ha tenido antecedentes similares de contaminación en el pasado.
La ciudadanía exige sanciones y clausura
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. Declaró que “la salud pública es un derecho que debe garantizarse” y exigió al Gobierno de Nuevo León que “cumpla su compromiso con los vecinos de cerrar la empresa”.
Carrillo aseguró que el municipio no tolerará más simulaciones por parte del Estado, al tiempo que subrayó que las familias siguen expuestas diariamente a emisiones contaminantes. Su llamado fue secundado por diputados del Congreso local, quienes consideran que las sanciones económicas actuales no corresponden al nivel de daño ambiental y humano generado.
Una legislación débil y sin aplicación efectiva
La diputada Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, señaló que el fondo del problema radica en una legislación ambiental débil y en la falta de voluntad política para aplicarla.
“Estamos hablando de afectaciones no sólo al medio ambiente, sino a la salud de las personas. Las multas impuestas ni siquiera son proporcionales a la reparación del daño. Mientras Ternium reporta ingresos millonarios, las sanciones apenas rozan los montos que podrían incomodarlos”, dijo.
Chapa recordó que, según datos públicos, la empresa reporta ingresos por más de 300 millones de dólares, lo cual hace que cualquier multa menor parezca una burla para las víctimas del desastre.
Movimiento Ciudadano se desmarca… parcialmente
La bancada de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador Samuel García, también se pronunció. La vicecoordinadora Sandra Pámanes sostuvo que la situación con Ternium debe marcar un precedente en la entidad. “La empresa ha sido laxa en sus procesos y esto ha traído un detrimento a la salud y al medio ambiente”, afirmó.
Pámanes incluso comparó el caso con el de Zinc Nacional, otra empresa cuestionada por su impacto ambiental. Indicó que si se siguen acumulando incidentes, Ternium deberá ser reubicada, aunque no fue clara sobre el respaldo de su partido al cierre inmediato de la planta.
Para muchos activistas, estas declaraciones son tibias y reflejan una estrategia para mantener la imagen del partido, pero sin incomodar a los grandes actores económicos de la región.
El historial oscuro de Ternium
Este no es el primer incidente de contaminación ambiental relacionado con Ternium. Diversas organizaciones civiles han denunciado que la empresa ha estado involucrada en emisiones irregulares, afectaciones a cuerpos de agua y malos manejos de residuos durante años, sin que el Estado haya intervenido de forma efectiva.
Incluso hay registros previos de malformaciones genéticas en zonas cercanas a plantas industriales, aunque las investigaciones no siempre llegan a conclusiones firmes debido a la falta de acceso a datos y presión empresarial sobre instituciones de salud y medio ambiente.
Samuel García, ausente ante la crisis
La ausencia del gobernador en esta crisis ha sido particularmente notoria. A pesar del impacto ambiental, social y político del derrame tóxico en La Talaverna, Samuel García no ha hecho una declaración pública clara ni ha visitado las zonas afectadas.
Este silencio ha sido interpretado como una complicidad pasiva, especialmente porque el gobierno ha promovido una narrativa de “Nuevo León verde y sostenible”, mientras permite que empresas poderosas contaminen sin consecuencias.
Además, el gobernador ha invertido en campañas de imagen enfocadas en infraestructura, movilidad y deporte, dejando de lado los temas ambientales que afectan directamente a miles de personas en el área metropolitana.
La Talaverna: un río herido en Nuevo León
El arroyo La Talaverna, que atraviesa zonas urbanas y es parte de la red hídrica del área metropolitana de Monterrey, ha sido utilizado como vertedero industrial por años. Este último derrame es solo la evidencia más escandalosa de un proceso prolongado de contaminación constante y negligencia oficial.
Vecinos de colonias aledañas aseguran que el agua del arroyo presenta olor fuerte, color oscuro y residuos visibles, y temen que las afectaciones lleguen hasta los mantos freáticos o que se generen enfermedades respiratorias y dermatológicas por el contacto constante.
Exigen intervención federal y justicia ambiental
Ante la falta de acción por parte del gobierno estatal, diversas voces han solicitado la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República, para que investiguen posibles delitos ambientales y negligencia institucional.
Organizaciones como Reforestación Extrema, Vertebra y Cómo Vamos Nuevo León han pedido que se eleve el nivel de exigencia hacia empresas contaminantes, y que se incluya a la ciudadanía en los procesos de monitoreo ambiental.
El clamor ciudadano no solo exige sanciones económicas, sino también responsabilidad penal para quienes permitieron el derrame, además de planes reales de remediación ambiental y compensación a los vecinos afectados.
¿Quién protege a Ternium?
La gran pregunta que queda en el aire es: ¿quién protege a Ternium en Nuevo León?. ¿Por qué, a pesar del reconocimiento del daño, el Estado no actúa con la fuerza que el caso amerita?
Las posibles respuestas van desde presión económica, intereses políticos y conexiones empresariales que impiden que el aparato de gobierno sancione a quien contamina. Pero lo cierto es que la salud pública y el medio ambiente están en segundo plano, y la gente lo sabe.
Sin justicia ambiental, no hay futuro para Nuevo León
El derrame de 400 mil litros de químicos en el arroyo La Talaverna no es solo un incidente aislado, es una radiografía del fracaso institucional en la protección del medio ambiente en Nuevo León. La falta de sanciones, el silencio del gobernador Samuel García, y la indignación creciente de la ciudadanía son señales de una crisis más profunda: el poder de las empresas sobre el interés público.
Mientras Ternium sigue operando sin castigo, los vecinos de San Nicolás y alrededores continúan expuestos a una bomba ambiental de tiempo.
