El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE) emitió una resolución que coloca nuevamente en el centro del debate la conducta del gobernador Samuel García durante el proceso electoral de 2023. La instancia judicial concluyó que el mandatario estatal violó los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad al promover abiertamente en redes sociales a su esposa, Mariana Rodríguez, cuando ella era precandidata por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey.
La decisión fue tomada con el voto a favor de dos de los nuevos magistrados del órgano electoral: Saralany Cavazos Vélez y Tomás Mata Sánchez. La presidenta del Tribunal, Claudia de la Garza, votó en contra de la resolución. A pesar del fallo, la sentencia no conlleva sanciones directas para García, pero el Tribunal ha solicitado dar vista del caso a la Mesa Directiva del Congreso local, que deberá evaluar si corresponde iniciar otro tipo de procedimiento político o administrativo.
El fallo representa un revés simbólico para el gobernador emecista, quien ha sido recurrentemente señalado por el uso de su figura institucional en beneficio del partido Movimiento Ciudadano y sus candidatos. En esta ocasión, las autoridades determinaron que las publicaciones realizadas en su cuenta personal de Instagram, al replicar contenido que promovía a Mariana Rodríguez y otros aspirantes, constituyeron una interferencia indebida en el proceso democrático.
Redes sociales, el canal de promoción de Samuel García
El caso se originó a partir de una denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la cual se argumentaba que Samuel García había utilizado su alcance en redes sociales para incidir en la contienda electoral municipal. La denuncia se centró principalmente en la difusión de publicaciones en Instagram, donde el gobernador replicó historias y mensajes de apoyo dirigidos a Mariana Rodríguez, quien en ese momento era precandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital de Nuevo León.
El expediente judicial detalla que no se trató de una acción aislada o meramente personal, sino de un patrón de publicaciones que coincidieron con momentos clave del proceso interno de Movimiento Ciudadano. Además de promover a su esposa, el mandatario también replicó contenido en favor de Andrés Pintos, quien buscaba la candidatura por la alcaldía del municipio de García.
En su análisis, el Tribunal estableció que, si bien las publicaciones provinieron de la cuenta personal del gobernador, esta se encuentra administrada por él y tiene un carácter público al ser utilizada con fines informativos, institucionales y de posicionamiento político. Por tanto, los magistrados concluyeron que su uso para difundir apoyo a precandidaturas partidistas quebranta los principios que rigen la función pública en periodos electorales.
El Secretario de Estudio y Cuenta del TEE, Francisco Reyes, explicó durante la presentación del dictamen que la conducta de García sobrepasó los límites constitucionales que garantizan la equidad en la contienda. “Se determinó la existencia de una vulneración a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, ya que las publicaciones buscaban posicionar a determinadas precandidaturas como opciones electorales ante la ciudadanía”, expuso Reyes.
El precedente judicial y la ruta legislativa
Este no es el primer análisis que se realiza sobre las acciones del gobernador en torno a su participación en campañas electorales. Con anterioridad, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había abordado el caso, pero no determinó en su momento que existiera promoción personalizada ni uso indebido de recursos públicos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que las publicaciones pudieran constituir una falta a los principios de imparcialidad, por lo que instruyó al Tribunal estatal a pronunciarse al respecto.
Ahora, con la resolución emitida por el TEE, se formaliza una postura institucional sobre la conducta del titular del Ejecutivo estatal, sin que ello signifique la imposición automática de una sanción. La vista al Congreso local implica que corresponderá a los diputados de Nuevo León determinar si procede abrir un procedimiento que pudiera derivar en responsabilidades políticas o administrativas.
Esta vía no es nueva para Samuel García, quien ha sido objeto de múltiples controversias legales durante su gestión como gobernador. Diversos sectores de la oposición han insistido en que su relación directa con Mariana Rodríguez —una figura pública con presencia mediática— representa un conflicto de interés cuando se trata de procesos electorales en los que ella ha participado.
El Congreso, actualmente dividido entre distintas fuerzas políticas, podría convertir esta resolución en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, especialmente si se considera que el proceso electoral de 2027 ya comienza a perfilarse en el horizonte político de la entidad.
Imparcialidad, equidad y neutralidad en riesgo
La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León vuelve a poner sobre la mesa un debate relevante sobre los límites entre lo público y lo privado cuando se trata de servidores públicos con plataformas digitales de gran alcance. En particular, el caso de Samuel García ejemplifica cómo las redes sociales personales pueden convertirse en canales de comunicación política que, si no se regulan adecuadamente, pueden distorsionar el equilibrio democrático.
Especialistas en derecho electoral han señalado que la imparcialidad y la neutralidad de los servidores públicos deben garantizarse no solo en actos institucionales, sino también en sus intervenciones en el espacio digital, especialmente durante periodos electorales. “Un gobernador no puede respaldar a candidatos de su partido desde sus cuentas públicas sin caer en actos de propaganda indebida”, opinó un académico consultado.
Asimismo, organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de actualizar los marcos normativos en materia de comunicación gubernamental y redes sociales, para que se evite la promoción política disfrazada de contenido personal. La delgada línea entre lo institucional y lo privado ha sido cruzada con frecuencia por figuras públicas, no solo en Nuevo León, sino en todo el país.
Mientras tanto, Mariana Rodríguez continúa activa políticamente a pesar de haber perdido la elección por la alcaldía de Monterrey, y Samuel García sigue siendo una de las figuras más visibles del movimiento naranja, lo que mantiene vivo el debate sobre la influencia del poder ejecutivo en los procesos electorales locales.
